Delincuentes extranjeros, si son comunitarios, con suerte en España

Un conflicto en un CIE.
Un conflicto en un CIE.
Una presunta ladrona rumana ha sido detenida en Ourense y Vigo más de catorce veces, la expulsan, y a los pocos días ya está de vuelta.
Delincuentes extranjeros, si son comunitarios, con suerte en España

La Policía de Vigo ha detenido y expulsado a su país catorce veces a una presunta ladrona rumana que a los pocos días está de vuelta para dedicarse a su actividad, el hurto en establecimientos comerciales mediante bolsas térmicas que eluden el control de los sistemas informáticos. Antes de instalarse en Vigo esta persona ejerció sus actividades en Ourense –donde figuraba su residencia legal–, y de donde también fue expulsada varias veces. Cada vez que la pillan y la deportan origina los gastos correspondientes, ya que tiene que ser acompañada de dos funcionarios. A los pocos días está de vuelta. Salvo que la persona expulsada quiera irse voluntariamente, policías españoles tienen que acompañarlos. En las expulsiones llamadas “macro” tienen que ir tantos agentes como deportados.

Este hecho y otros más graves explican, según fuentes policiales, las dificultades con que se encuentran las delegaciones del Gobierno para ejecutar las órdenes de expulsión de delincuentes de países comunitarios, de lo que Rumanía es un caso aparte. La liberación en A Coruña de una menor rumana de etnia gitana que había sido vendida por sus padres por 4.000 euros para casarla con otro compatriota, y que fue previamente violada para comprobar si era virgen y sometida a otras sevicias, pone de manifiesto un fenómeno con más repercusiones, ya que estos delincuentes se benefician del sistema garantista.

Grupos de gitanos procedentes de Rumanía que fueron sucesivamente expulsados de Francia y luego de Italia, por su implicación en actividades delictivas, han recalado en España, creando conflictos de convivencia, dado su modo de vida e implicación en actividades delictivas, siendo llamativos sus enfrentamientos con las propias comunidades de gitanos españoles. De todos modos, la estancia en España de estos grupos no siempre es definitiva, pues es frecuente que se trasladen periódicamente por diversos países. La embajada de Rumanía y la policía de aquel país mantienen una efectiva línea de cooperación con las autoridades españolas para el control de esta delincuencia que tanto daña la imagen de este país, pero esa información ha permitido exponer el dato de que uno de cada diez ciudadanos rumanos en España posee algún antecedente policial en su país, sobre todo los de determinado colectivo.

Las dificultades de expulsar a un comunitario

Mientras que otros países andan con menos contemplaciones con los delincuentes comunitarios, en España el sistema garantista aplica de tal modo las normas sobre expulsiones de este colectivo cuando cometen un delito que muchos de ellos son difícilmente expulsables. Raras veces, los jueces autorizan su internamiento temporal en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) que, por cierto, Podemos propone que se cierre junto con la regulación general de todos los extranjeros no comunitarios actualmente en España de modo legal o no.

Como en todos los países de la Unión Europea, en España la presencia de extranjeros tiene dos regulaciones: la específica para ciudadanos de la Unión y las disposiciones generales de la Ley de Extranjería. En ese sentido, como en cualquier otro país, la entrada de un extranjero está determinada por una serie de normas comunes para traspasar legalmente una frontera, mediante diversos trámites de documentación y protocolo administrativo ordinario.

Lo más paradójico s que, como acaba de suceder en Canarias, dos jueces han fallado que un extranjero que haya entrado ilegalmente en territorio español, pero que posea pasaporte en regla (a veces obtenido en el propio consulado de su país en el que ha arribado de modo ilegal) pueda moverse libremente, establecerse y residir en España, por el tiempo y en las condiciones generales de estancia legal en vigor, si la orden de expulsión no se ejecuta en 72 horas o se cumple sin efecto el plazo de 60 días de internamiento en un CIE. Sin embargo, en el caso de que estas personas, una vez en España, quieran seguir viaje a Francia y Europa, el país vecino devuelve de modo sistemático a quienes pretenden traspasar su frontera sin pasar por los resguardos correspondientes, como viene sucediendo desde hace meses.

Las decisiones de los jueces canarios beneficia incluso a los delincuentes con orden de expulsión, en contra, como queda dicho, del criterio la Delegación del Gobierno de aquella comunidad y de la Policía, que entienden que la orden sigue en vigor hasta que pueda ser ejecutada, dado que muy excepcionalmente se puede ejecutar la expulsión, por los trámites que supone, en el plazo de 72 horas. @mundiario

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