Los defensores de los independentistas asumen el delito de desobediencia
Los equipos de abogados, sin embargo, se niegan a aceptar los de rebelión, sedición y malversación de fondos, que sí tienen una pena de cárcel y no solo inhabilitación.
Los abogados defensores de los líderes independentistas han torcido levemente el brazo y han aceptado que sus clientes cometieron el delito de desobediencia. Los letrados han dicho que los cabecillas separatistas desobedecieron deliberadamente las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional, mas negaron, de nuevo, las acusaciones de rebelión, sedición y malversación de fondos. "Se está confundiendo la desobediencia con la rebelión", ha defendido Andreu Van den Eynde, defensor de Oriol Junqueras y Raül Romeva. Posteriormente llegó el turno de Javier Melero, abogado defensor de Joaquim Forn. "La trinchera de la desobediencia la cedo con gusto. Si la desobediencia puede derivarse de participar en un Gobierno en el que se dice que si hace falta se desobedecerán las resoluciones del Tribunal Constitucional, contra eso no puedo hacer nada", aseguró a los magistrados.
La intervención de Van den Eynde ha sido probablemente la que más carga política ha tenido, aprovechando que el proceso es televisado en directo. "La sentencia creará el Código Penal aplicable a la disidencia”, afirmó al no más iniciar su participación. "Aquí ha habido mucho ruido. Sobre todo el ruido de la exageración y la estridencia que nos ha apartado de la melodía de los hechos”, prosiguió. El abogado ha dicho también que la investigación contra el procés no es más que una "causa general" contra el movimiento independentista y que la investigación de los fiscales ha sido sesgada e incluso exagerada, según explica El País.
De a poco, el abogado se ha ido inmiscuyendo en los aspectos más técnicos, expresándose con un tono un poco burlón e irónico para criticar las actuaciones policiales y judiciales. Van den Eynde también expresó que habían serias deficiencias en las pruebas de cargo que se han usado para esta causa, que depende totalmente de otros procesos y también de una alarmante "falta de garantías". "Se han prerrecogido todos los mails de 37 personas, del todo el Govern; hay escuchas sin filtro, análisis de 35.000 mails de Cuixart. Se seleccionan titulares de periódicos y se ocultan otros. Se denuncia que hay heridos pero no hay parte médico aunque los agentes dijeran que habían ido al médico", dijo en relación a Jordi Cuixart. "La acusación quiere imponer un nuevo estándar de prueba en el que solo le interesa la prueba de cargo presentada fuera de todo protocolo”, ha dicho respecto a las pruebas de la acusación. Luego, hizo alusión a los coches de la Guardia Civil que fueron atacados el 20 de septiembre de 2017 durante la manifestación frente a la Consejería de Economía. "Tenemos dos coches rotos y ellos hablan de apocalipsis", dijo al respecto.
El abogado estima que la Fiscalía tiene apenas una prueba con la que conectar a sus clientes a los actos de violencia en que se sustenta supuestamente la acusación de rebelión. Y encima, esos actos son "aislados" y que fácilmente pudieron haber sido provocados por personas ajenas al proceso. Van den Eynde sí ha reconocido que sus clientes pudieron haber cometido el delito de desobediencia al no haber atendido a los mandatos emitidos por el Tribunal Consitucional, que ordenó en repetidas ocasiones que no se celebrara el referendo. Ya durante las intervenciones iniciales del juicio, algunos de los discursos de las defensas y de los mismos acusados mencionaban indirectamente que los acusados habían desobedecido, aunque de confirmarse eso, la pena sería una inhabilitación, no una condena de cárcel. Para los independentistas, la desobediencia es cuestión de reivindicación.
Lo que los abogados se niegan a aceptar son todos los demás delitos de los que se acusa a sus clientes. Respecto al de rebelión, Van den Eynde ha exigido una violencia "idónea" que sea capaz de hacer claudicar al Estado algo que, en su opinión, no sucedió. Para sustentar su punto, el abogado recuerda de que el Gobierno central jamás decretó el Estado de sitio. Los defensores de Junqueras y Romeva han rechazado igualmente la acusación de sedición que ha establecido la Abogacía del Estado y ampara esto en una supuesta movilización tumultuaria a fin de bloquear la actuación de la Policía en los puntos donde se celebró la consulta. "La gente el 1-O no fue a parar a la policía, Fue la policía la que fue a parar a la gente. ¿Eso es una sedición? Eso es una desobediencia de toda la vida. El problema es que la desobediencia no les basta a las acusaciones", explicó. @mundiario
