La declaración de Diego Torres resucita la herencia de don Juan, en Suiza, y la isla de Cortegada

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Don Juan llevó su herencia a Suiza.

El grueso del patrimonio de Don Juan lo constituían tres cuentas domiciliadas en Suiza, una en Ginebra y dos en Lausanne. En total, cuentas más inmuebles sumarían unos 1.100 millones de los de antes, entre ellos se supone que el resultado de la venta de la isla de Cortegada.

La declaración de Diego Torres resucita la herencia de don Juan, en Suiza, y la isla de Cortegada

Diego Torres, ex socio de Urdangarín, ha revelado con nombres y apellidos quien era el alto funcionario de la Agencia Tributaria, que además de llevar las cosas de Hacienda con la Casa Real, tutelaba los negocios de Nòos y les aconsejaba sobre asuntos fiscales. Y como argumento de autoridad ha dicho que fue el mismo personaje quien aconsejó mantener en Suiza la herencia de Don Juan, resguardada de tributación en España. Torres explicó que su cuñado Miguel Tejeiro y secretario del tinglado –ahora arrepentido- consultaba periódicamente con un alto funcionario del Ministerio de Hacienda, Federico Rubio Carvajal, que también realizaba las declaraciones fiscales de los miembros de la Casa Real. Unas consultas que, según explicó, a veces también venían orientadas por el abogado del Rey emérito José Manuel Romero.  ¿Por qué a estos no se les llama a declarar como testigos? Y en todo caso, ¿qué hace un alto funcionario de la Agencia Tributaria como consultor o asesor de una entidad mercantil privada? No sabemos si esto es cierto o falso. Pero, por qué si es una acusación falsa, ¿por qué no se comprueba, se deduce testimonio o se les llama como testigos?

Pero al volver a referirse a la herencia famosa, a los gallegos no va mucho en esta sucia historia, pues entre los bienes que pulió el pretendiente ahora llamado Juan III se encontraba la isla de Cortegada, en la ría de Arousa, regalada por suscripción popular a Alfonso XIII para que se construyera una casa de verano.

El 31 de marzo de 2013, el diario El Mundo recordaba que frente a las estrecheces que se le atribuían, el padre del rey, en realidad, “murió rico”. La Casa Real nunca desmintió tal aserto. A su fallecimiento, el conde de Barcelona dejó una fortuna de 1.100 millones de pesetas, que incluía 728,75 millones en fondos depositados en cuentas en el extranjero. ¿Esta es la ejemplaridad, el patriotismo de los Borbones?

El padre del rey falleció el 1 de abril de 1993, a punto de cumplir 80 años, en la habitación 601 de la clínica Universitaria de Navarra, en Pamplona, víctima de un cáncer. La apertura de su testamento revelaría un legado compuesto por propiedades inmobiliarias valoradas en más de 350 millones de pesetas: el chalé familiar de Puerta de Hierro (Madrid), un apartamento en Estoril y parte de un inmueble de oficinas en la Gran Vía madrileña. Pero, sobre todo, el grueso de su patrimonio lo constituían tres cuentas domiciliadas en Suiza, una en Ginebra y dos en Lausanne. En total, cuentas más inmuebles sumarían unos 1.100 millones. De los documentos, se deduce que una cuenta especial "de usufructo", aparecida dentro del conjunto de bienes, podría ser en realidad la cuenta de socorro abierta por Alfonso XIII que refieren varios biógrafos: un depósito creado por el abuelo del rey para suministrar fondos a cualquiera de la familia que atravesara dificultades. De ser así, el conde de Barcelona habría heredado su titularidad con 27 años, a la muerte de Alfonso XIII, fallecido en febrero de 1941. Don Juan se convirtió entonces en el jefe de la Casa Real de España en el exilio, condición que ostentaría hasta el 14 de mayo de 1977, cuando renunció a sus derechos dinásticos en favor de su hijo.

El rey Don Juan Carlos resultó ser el mayor beneficiario del legado de su padre y recibió 375 millones mientras que sus hermanas, las infantas Pilar y Margarita recibieron 131 y 172 millones, respectivamente. Los albaceas recomendaron a los herederos no repatriar el dinero acumulado en el extranjero por cuestión de "imagen”. ¡Menudo ejemplo!

Los partidos dinásticos cubren al Rey

Al tenerse noticia de estos hechos, cinco partidos, PSOE, UPyD, IU, ICV y BNG mostraron su intención de pedir explicaciones al Gobierno.  Las preguntas debe calificarlas la Mesa del Congreso, pero ha sido siempre muy restrictiva con las cuestiones referidas al rey. El argumento que lo justifica también lo usa el PSOE cuando está en el Gobierno: la Casa Real no está sometida al control del Parlamento y, por eso, todas las preguntas deben dirigirse al ejecutivo. En realidad son tres los filtros cuando se trata de las cosas de la Corona: el de la calificación en la Mesa; el de redacción concreta de su enunciado y el de la respuesta del Gobierno.

La serie de iniciativas parlamentarias poco a poco se fueron diluyendo, entre la postura dilatoria del Gobierno y la propia agenda de la realidad social y de los medios, cada día sobresaltada con nuevas noticias sobre la economía, la corrupción y otros temas, como los planes secesionistas de Cataluña. Las preguntas formuladas al ejecutivo se acumularon sobre otras anteriores sobre la estancia en el recinto de la Zarzuela y los montes de El Pardo de una amiga del rey y supuesta asesora del Gobierno en asuntos internacionales, la famosa Corinna, a expensas del erario público.

Ambos asuntos corrieron la misma suerte. En medio de esta polémica, el 7 de abril, en una rueda de prensa, el presidente Rajoy terció en el asunto para decir: "una gran mayoría de los españoles sigue apoyando la monarquía que ha sido muy útil y muy provechosa para España”. Al día siguiente, en unas declaraciones a Onda Cero, el entonces jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba afirmó que el rey debe tener un estatus similar al de un político en cuanto a la declaración de su patrimonio: "Soy partidario de que el Rey tenga un estatus similar al de los políticos, con una declaración de bienes y patrimonio" ha dicho como tenemos los diputados, senadores...”.

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Las revelaciones de Torres resultan sorprendentes.

 

Finalmente, mientras la Casa Real afirmaba tener la convicción de que el impuesto correspondiente a la herencia recibida por Juan Carlos se había liquidado, y ante las dudas generadas porque no aparecían los documentos del pago de los impuestos por su millonaria herencia suiza, el sindicato de Técnicos de Hacienda replicó que los datos tenían que estar registrados en la notaría donde se realizó la escritura de aceptación y en la comunidad autónoma donde se liquidó el impuesto. Pero del asunto no volvió a hablarse más hasta que cuatro meses después de aparecida la noticia, la Zarzuela explicó la suerte de la famosa herencia. Según la Casa del Rey el monarca “no tiene cuentas en el extranjero porque el dinero se gastó en pagar deudas y obligaciones de los condes de Barcelona y las cuentas quedaron a cero en 1995”. En una conferencia de prensa, en la que los periodistas se interesaron por el pago de impuestos, la explicación no aclaró nada: “La Casa del Rey tiene la convicción de que el albacea, Luis de Ussía, ya fallecido, los pagó, pero no tenemos documentos que lo prueben”, dijeron.

Y se dieron varios motivos para explicar la falta de documentos que acrediten el recorrido del dinero y si se pagaron o no los correspondientes impuestos:

 …que los bancos suizos en los que estuvo depositado —Societé de Banques Suisses y Societé Generale Alsacienne de Banques— fueron absorbidos por otros y cerrados; que en La Zarzuela no hay un solo dato sobre aquellas cuentas y que Hacienda no los ha facilitado. Para explicar por qué tampoco la Agencia Tributaria tuviera constancia documental del pago de esos impuestos, la Casa del Rey dio, a su vez, dos razones: que, pasados 20 años de la muerte de don Juan, Hacienda no los conservaba y que, en cualquier caso, esa información solo podría facilitársela al propio Monarca y no al jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, que es quien se dedicó cuatro meses a seguir el rastro de esa herencia para dar explicaciones a los ciudadanos.

Las explicaciones no convencieron a nadie y menos a los especialistas. No en vano, el secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, manifestó que Juan Carlos como cualquier otro ciudadano, puede autorizar a alguien de su confianza, como es el jefe de la Casa del Rey, a que le represente en la Administración tributaria y solicite esos datos y sugirió  buscar en la notaría: “Los notarios colocan una estampilla en el documento de aceptación de herencia para acreditar que se ha pagado el impuesto de sucesiones y tienen obligación de guardarlo”.

El asunto Cortegada y el Patrimonio Real

Pero unas cosas llevan a otras. El asunto de la herencia volvió a poner de manifiesto la lamentable peripecia del llamado "patrimonio personal" de Alfonso XIII, que en buena medida tanto afecta a los gallegos, especialmente a los vecinos de la ría de Arousa, cuya generosidad fue burlada por don Juan de Borbón y a cuya costa, - a costa de los gallegos-, un avispado grupo de leales súbditos compostelanos pretendieron hacer el negocio del siglo.

Como se sabe, las Cortes de la II República declararon traidor a Alfonso XIII y lo privaron de la paz jurídica, de suerte que cualquier ciudadano que lo hallare dentro de territorio español podría tomarlo preso. Además se incautó de sus bienes personales, si bien previamente el gobierno republicano había permitido que se llevaran las joyas de la Corona (y las que no se llevaron se las envió).

Una cosa era el antiguo Patrimonio Real, luego convertido en Patrimonio Nacional; es decir, del Estado, y otras cosa los bienes particulares del Rey. Y aquí viene el problema. Tanto los santanderinos como los gallegos donaron, respectivamente, por suscripción popular, en un caso, el Palacio de Magdalanea y en otro, la isla de Cortegada, en la ría de Arousa. La donación fue pura y simple, no condicionada. Ese fue el error. Y lo que se donaba al Rey, a la Corona, se convirtió en regalo personal porque así convenía a la familia receptora.

Don Juan.

 

El general Franco había devuelto a Alfonso XIII los bienes incautados por la República, incluyendo la isla de Cortegada y los Palacios de la Magdalena en Santander y Miramar en San Sebastián, que en su momento habían sido inscritos como bienes particulares de aquel rey perjuro.

Don Juan de Borbón recibió estos bienes "pro indiviso" dentro de la herencia de su padre e hizo con ellos lo que nos es conocido. Su sobrino, el pobre Alfonso de Borbon Dampierre se quejaba de que lo habían privado de su patrimonio y el mismísimo Lecquio dice que su abuelo-tío malvendió la herencia. No precisamente... La Magdalena fue vendida al Ayuntamiento de Santander y la isla de Cortegada a una sociedad compostelana, cuya cabeza visible era un conocido abogado de Santiago, perteneciente a su propio consejo privado.

Lo escandaloso es que le venta se escrituró en 60 millones de pesetas, cifra realmente ridícula. Los promotores pretendían repetir en Cortegada el fenómeno de A Toxa: se preveía un gran completo de lujo y, eso sí, una residencia privada para el desocupado pretendiente. De este modo se trataba de remedar la voluntad de los generosos donantes gallegos, quienes en su día adquirieran la isla para que Alfonso XIII se construyera aquí un palacio de vacaciones que contribuyera el desarrollo de la comarca.

Don Juan murió rico

El Rey solamente vino una vez y pasó de largo, por lo visto, a su hiératica esposa no le gustó el lugar. Eso cuentan los vecinos. Para liberar Cortegada hubo que desalojar a los colonos que la habitaban, rescatar un foro y pagarla a buen precio.

Durante años, fue como un islote fantasma frente a Carril. El guarda jurado allí destacado se encargaba de vulnerar la ley, ya que, pese a que en España no existen playas privadas y que el litoral es dominio público, no permitía desembarcar ni pisar la arena.

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¿Esta isla sólo valía 60 millones de pesetas?
En los años en que se destapó el negocio de don Juan y los gallegos quisieron recuperar la isla (adquirida finalmente por la Xunta), ocurrieron cosas curiosas, como la requisitoria publicada en el Boletín Oficial citando a Juan de Borbón y Batenberg, "de profesión, oficio y lugar de residencia desconocidos", a propósito de la demanda presentada contra él por una anciana señora de la Casa de la Golpelleira, generosa donante principal de la isla de Cortegada, quien exigía al frustrado monarca que devolviera, simplemente, la isla a quienes tan generosamente se la habían donado a su padre el Rey emérito, con fines bien distintos a que un grupo de sus amigos y seguidores hicieran un negocio fabuloso medio siglo después.

 

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