¿Solventar república-monarquía antes de la Constitución?

Desde diversos sectores se ha aprovechado la conmemoración del 41 aniversario de la Constitución, en unos casos para atacarla (cuando no para quemar públicamente ejemplares de la misma) o para recordar que el presidente Suárez no se atrevió en su día, antes de que fuera redactada, a convocar un referéndum que decidiera la forma de Estado, república o monarquía, como se reclamaba desde diversos ámbitos de la oposición. Se citaban dos modelos, el de Grecia, al final del gobierno de los coroneles, y el de Italia, tras la II Guerra Mundial. Hasta Calvo Serer, del consejo del Conde de Barcelona, proponía en sus escritos que la salida del franquismo se ventilara en una consulta popular, (ya que era crítico con la opción de que el “Caudillo” dejara todo bien atado, en su sucesor Juan Carlos I), en la que, en cierto modo, el padre de Juan Carlos esperaba ser juez y parte.

En el libro de Mariano García Canales “La monarquía parlamentaria española” (Madrid, Tecnos, 1991), pág.146, se recoge aquella opción con estas palabras: “Desde las posiciones más intransigentes y contrarias a la opción monárquica, algunos grupos pidieron un referéndum especifico (como había habido en Italia) previo a la elaboración de la Constitución para dilucidar la forma de Jefatura del Estado; esto es, someter a la consideración popular la decisión fundamental entre república y monarquía”. […] Por otra parte, entre los grupos mayoritarios y de más fuente influencia en la Cámara, el Partido Socialista Obrero Español, tuvo una actitud más bien reticente que frontalmente antimonárquica. El mencionado partido, obediente a su tradición histórica, según hicieron ver sus portavoces, hizo gala de su republicanismo, aunque manifestaba al propio tiempo su aceptación del criterio mayoritario y de la decisión, el último término, de la voluntad del pueblo español”.

El 6 de diciembre de 1978 fue un día decisivo.

La postura de Gómez Llorente

El socialista Luis Gómez Llorente, vicepresidente del Congreso de los Diputados, fue coherente hasta el final, y defendió el voto republicano del PSOE en el debate constitucional con estas palabras en la Comisión de Asuntos Constitucionales:  “Entendemos que la forma republicana del Estado es más racional y acorde bajo el prisma de los principios monárquicos. Las magistraturas vitalicias, y más aún las hereditarias, dificultan el fácil acomodo de las personas que ejercen cargos de esa naturaleza a la voluntad del pueblo en cada momento histórico. Ningún demócrata puede negar la afirmación de que ninguna generación puede comprometer la voluntad de las generaciones sucesivas”. Hasta la vieja sombra de Pablo Iglesias planeó por el Congreso, cuando rebrotaron sus palabras: “No somos monárquicos porque no lo podemos ser; quien aspira a suprimir al rey del taller, no puede admitir otro rey”.

Visto desde la perspectiva del tiempo, es curioso observar que frente a la defensa de la República, el Partido Comunista, por boca de su secretario general, adoptase una postura abiertamente favorable a aceptar la monarquía, porque, según Carrillo, que trató repetidamente sobre este asunto, "si en las condiciones concretas de España pusiéramos sobre el tapete la cuestión de la República, correríamos hacia una aventura catastrófica en la que, seguro que no obtendríamos la República, pero sí perderíamos la democracia". 

Cambio de papeles PSOE-PCE

Fue un cambio de papeles notable, ya que los socialistas habían sido más discretos con el sucesor del Caudillo en los tiempos finales del Régimen frente a la posición abiertamente hostil, expresada de forma bien dura del propio Carrillo. Sobre la postura del PSOE, en el libro colectivo sobre el Rey, (Pilar et al., “Todo un Rey”. (Madrid, Colección Biblioteca FIES, 1981), publicado antes del 23-F, los analistas escriben: “A pesar del carácter testimonial de su postura y de su progresiva identificación posterior con las líneas maestras de la Monarquía de don Juan Carlos, merece la pena examinar la línea argumental que mantuvieron en la primera parte del debate constitucional, pues a partir de ahí es fácil imaginar el enorme conflicto en que podía haber quedado sumido el país, de ser otro el proyecto institucional y el talante político y humano de don Juan Carlos de Borbón”.

Las papeletas de aquel dia.

Carrillo, en un mitin en Vigo, había dicho literalmente: “Volver a cambiar la bandera, no justifica una nueva guerra civil”. Y el PSOE se vio obligado por las circunstancias y la a dejar pasar el asunto. Pero no es menor cierto que hoy en día, aparte de partidos como Podemos que repetidamente ha expresado que no le basta con la reforma de la Constitución, sino que es partidaria de abrir un periodo constituyente para llegar a un nuevo texto para una nueva configuración del Estado, el independentismo busca su propia soberanía y su propia Constitución al margen de España. Y dentro del PSOE, la corriente “Izquierda socialista” se declara republicana todos los días.

Los jóvenes exigen

Pero es cierto que las jóvenes generaciones exigen que se les reconozca la capacidad de pronunciarse sobre un aspecto esencial de su condición de ciudadanos, la forma del Estado y su articulación política, por lo que la demanda de los ciudadanos más jóvenes va más allá de lo meramente coyuntural. Desde otras posiciones se considera que el asunto de la forma de jefatura del Estado o es puramente accidental y ya está resuelta, dentro de un todo, por el respaldo masivo que los españoles otorgaron a la Constitución de 1978, al ser abrumadoramente refrendada por la nación, incluyendo la Monarquía parlamentaria como eje vertebrador del Estado. Y en todo caso que es un asunto del que se podrá hablar en su momento, en que tantos asuntos se hallan en crisis.

Pero tampoco podemos olvidar que en el proceso jurídico para la transformación del Franquismo en la Monarquía parlamentaria se contó con un instrumento especialmente diseñado para evitar que los medios de comunicación y, por lo tanto, el público en general, pudieran discutir en libertad sobre otras alternativas el modo en que se resolvió la conversión realmente curiosa. Es decir, que se pusieron los medios jurídicos impedir que se llevara a cabo la propia alternativa de las fuerzas democráticas y de millones de ciudadanos: un referéndum decisivo que se planteara la alternativa República o Monarquía.

Una pieza esencial junto a las sucesivas leyes de la Reforma, fue el Real Decreto-Ley de 1 de abril de 1977 (BOE: 04/12/1977, N ° 87) sobre la Libertad de Expresión, que derogaba el artículo 2 de la Ley de Prensa de Fraga, de 1966, pero que establecía que la Administración podría decretar que el secuestro de gráficos o documentos sonoros que contuvieran noticias, comentarios o información, en contra de la unidad de España, constituyeran demérito o detrimento de la Monarquía o el prestigio de las Fuerzas Armadas.

Gómez Llorente defendió hasta el final el voto republicano.

Es también evidente que muchos de los ciudadanos que no asistieron a la forma en que se instituyó la monarquía parlamentaria consideran hoy que no es un tema cerrado por la Constitución de 1978 y reclaman que les permiten dar la respuesta que se hurtó a sus padres con la complicidad o el silencio de los medios. Ese referéndum, de haberse celebrado en su momento, siempre que hubiera sido posible llevarlo a cabo, hubiera despejado muchos de los problemas que actualmente acucian a la nación española. No deja de ser curioso que tanto en los comentarios de los asistentes a la reunión del Movimiento Europeo de 1964, el llamado “Contubernio de Munich”, como años después la Junta Democrática o en las propias negociaciones entre las oposición y Don Juan de Borbón, aparezca siempre como mecanismo de la salida del Franquismo una consulta a la nación que habría de solventar la forma de la jefatura del Estado, el futuro régimen y de la estructura misma del Estado. @mundiario