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Daniel Ortega, presidente de Nicaragua: ¿llegó la hora de dimitir?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de visitar Nicaragua para informar sobre las masacres recientes que vivió aquel país. ¿Qué señala su informe? ¿Qué salidas están abiertas? MUNDIARIO revela las principales claves.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua: ¿llegó la hora de dimitir?
Protestas en Nicaragua. RR SS.
Protestas en Nicaragua. RR SS.

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Manuel de la Iglesia - Caruncho

Manuel de la Iglesia - Caruncho

El autor, MANUEL DE LA IGLESIA - CARUNCHO, escribe en MUNDIARIO. Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, se especializó en Economía Internacional y Desarrollo. Trabajó para la cooperación española en distintos puestos en la Agencia Española de Cooperación Internacional en Madrid y durante casi quince años en Nicaragua, Honduras, Cuba y Uruguay. También pasó un año en Inglaterra como Visiting Fellow, en el Instituto de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Sussex. Como ensayista, ha publicado numerosos artículos y obras como El impacto económico y social de la cooperación al desarrollo y The Politics and Policy of Aid in Spain. Como narrador, ha publicado el libro de relatos Atractores Extraños y las novelas Los dioses de la sombra juegan pelota y A pocas leguas del Cabo Trafalgar. @mundiario

En días recientes han tenido lugar dos hechos relevantes en Nicaragua. En primer lugar, la visita, del 17 al 21 de mayo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -un órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA)- para informar sobre la situación de los Derechos Humanos relacionada con los hechos violentos que tuvieron lugar en este último mes y que produjeron la muerte de docenas de personas. En segundo lugar, ha comenzado ya el “Diálogo nacional” entre el Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada -estudiantes, campesinos, empresa privada, también la Iglesia católica- para buscar una salida negociada al conflicto.

Los antecedentes: una reforma de la seguridad social que imponía una reducción del 5% en las jubilaciones y un aumento de las cotizaciones sociales para enderezar las cuentas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), fue la chispa que lanzó a los manifestantes a las calles el pasado 19 de abril. El Gobierno actuó brutalmente en los primeros días de protestas, causando una masacre con más de 30 muertos. El 23 de abril, una manifestación de repulsa a la actuación del Gobierno reunió en distintas ciudades a centenares de miles de personas. Daniel Ortega, para rebajar la tensión, derogó el decreto sobre el INSS, pero las manifestaciones y levantamientos continuaron, y la represión también. Finalmente, el Gobierno, ante un conflicto que se le iba de las manos, aceptó la visita de la misión de la CIDH y la instalación de un “Diálogo Nacional” que comenzó la semana pasada sus sesiones.

La CIDH emitió el 21 de mayo su informe, en el que recoge textualmente que: “… se evidencian graves violaciones de derechos humanos durante un mes de protestas, caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros armados…”; que: “desde el 18 de abril en el país, hubo al menos 76 personas muertas y 868 heridas… y detenciones ilegales, prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; censura y ataques contra la prensa y otras formas de amedrentamiento, como amenazas, hostigamientos y persecuciones dirigidas a disolver las protestas y a inhibir la participación ciudadana”. También recoge el informe que la respuesta represiva incluyó el bloqueo y ataques al funcionamiento de medios de comunicación en internet y, por otra parte, que: “se observó un alto grado de represión concentrado por agentes antimotines contra las manifestaciones de estudiantes ubicadas en las universidades”. Por último, la CIDH registra la condena de la Asociación Médica Nicaragüense a varios hospitales que habrían negado atención médica de urgencia a los heridos en las manifestaciones.

Entre las recomendaciones de su informe, la CIDH insta al Gobierno de Nicaragua a “cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención a quienes participan en las protestas; respetar el derecho a la protesta, la libertad de expresión, la reunión pacífica y la participación política de la población; garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que se están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas; y adoptar medidas para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los actos violentos cometidos durante las protestas.

Las recomendaciones también instan a: “Crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia, para asegurar el derecho a la verdad…”.

En lo que respecto a las sesiones iniciales del Diálogo Nacional, el clamor de los representantes de la sociedad civil es que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, su esposa, deben dimitir de sus cargos y dejar el país. Con ello se hacen eco de los gritos y consignas de los manifestantes: “¡Que se vayan!”

Llegados a este punto, ¿qué cabe concluir y adivinar para el futuro cercano?

En primer lugar, que a Daniel Ortega el conflicto se le ha ido de las manos y que ya nada volverá a ser igual en Nicaragua. La ciudadanía y el campesinado han perdido el miedo y se han lanzado a la calle por docenas de miles, obligando a Ortega a ceder en dos asuntos fundamentales; sentarse a negociar -y, mientras tanto, parar o reducir substancialmente la represión-; y, por otra parte, admitir la visita de un organismo interamericano -la CIDH-, que ha registrado más de setenta muertes.

A partir de estos hechos, parece muy difícil que, si sigue la presión popular -y todo indica que continuará-, Ortega pueda mantenerse en la presidencia. Lo más sensato para el propio Frente Sandinista (FSLN) en el poder, sería pactar la salida de Ortega y de su esposa del Gobierno y del país, y negociar un gobierno de transición, con la participación del oficialismo y la sociedad civil organizada, que restaure plenamente las libertades y convoque elecciones con garantías de transparencia y observadores internacionales.

El otro escenario, que Ortega se empecine en continuar su mandato, tendría un coste elevado: las protestas previsiblemente se acrecentarán y la represión tendría que aumentar aún más. No parece que, ni la población, ni el sector privado, ni la sociedad civil, ni siquiera el propio FSLN, ni la Iglesia Católica, ni tampoco la comunidad internacional, se lo vayan a consentir. Presidente Daniel Ortega, vicepresidenta Rosario Murillo, parece que, por el bien de Nicaragua, llegó la hora de dimitir. @mundiario