Cuando no hay ideas, la Guerra Civil

El Ayuntamiento de Pamplona, gobernado por EH-Bildu, tomó la decisión de exhumar los restos de los generales Sanjurjo y Mola, ambos implicados en la rebelión militar que inició la Guerra Civil. Ambos yacían sepultados en un mausoleo ubicado en el centro de la ciudad. El Ayuntamiento recabó informes jurídicos y luego abrió negociaciones discretas con las familias de los afectados y con el Arzobispado que ostentaba derechos sobre el lugar. De esa forma los restos de Mola, llamado Director por los conspiradores pues era el autor de los planes de rebelión, fueron entregados a su familia con absoluta discreción. 

Los restos de Sanjurjo, quien estaba destinado a encabezar a los insurrectos, fueron enterrados en un panteón militar perteneciente al Regimiento de Regulares de Melilla, lo que implica la autorización administrativa del Ministerio de Defensa. Parece ser que el citado panteón está destinado a los fallecidos de esa unidad militar que así lo soliciten y Sanjurjo había dirigido esa unidad. Lo que es menos explicable es la presencia en la inhumación del Alcalde-Presidente de la Ciudad Autónoma, que es además senador del PP, y de  una guardia de honor de cuatro militares. Se aduce que la ciudad guarda un grato recuerdo de Sanjurjo por haber evitado su caída en la guerra de Marruecos, hechos evidentemente anteriores a la guerra civil. Añadamos que Sanjurjo ya había intentado una rebelión militar en 1932 por la que fue condenado y exiliado. Su prematura muerte, como la de Mola, facilitaron el mando único del general Franco, de mayor prestigio militar. Y a título de curiosidad, que los actuales Regimientos de Regulares proceden de unidades formadas con tropas  “Indígenas”, según denominación de la época.

En cualquier caso importa señalar que la actuación del Ayuntamiento de Pamplona ha resuelto un problema que en otros lugares parece insoluble. Sólo con argumentos jurídicos y  negociación política.

Por el contrario el Valle de los Caídos, que alberga los restos desordenados de más de treinta mil muertos de la guerra, de ambos bandos y en lugar destacado, del general Franco y de Primo de Rivera, ha vuelto a ser noticia en las Cortes, cuando una proposición de ley socialista que pedía el traslado de los últimos, ha reunido los apoyos suficientes para encontrarse con la abierta negativa del Gobierno.

La noticia es curiosa por varios motivos. De un lado pone de manifiesto que la Ley de la Memoria Histórica, de 2007, no se cumple. De otro, evidencia que quienes gobernaron España nunca se preocuparon de hacer lo mismo que el citado municipio navarro, por falta de interés, oportunidad o exceso de prudencia. Encomendar ahora al gobierno popular que ejecute un acuerdo de la oposición, basado en una ley que el PP rechazó frontalmente, cuando durante sus gobiernos omitieron cualquier iniciativa, no deja de ser una confesión de impotencia.

O algo peor, la utilización de la guerra civil como arma arrojadiza en el debate político. Ocho décadas después, difícilmente ese debate moverá al electorado, mientras retrata la debilidad de la oposición y la indiferencia del gobierno con la simbología franquista. A veces, incluso de EH-BILDU se aprende.