¿Cabe criticar a Sánchez por las medidas sociales de su Gobierno?

Mis críticas, que yo creo razonadas, a Pedro Sánchez y alguno de sus actos me han reportado un no deseado disgusto, distanciamiento y casi ruptura, de mi vieja amistad, con algún que otro militante del PSOE, muy apreciados por mí, que arguyen que mis escritos sirven a la derecha (cuando no me convierten directamente en un “facha”), y que en esas críticas no tengo en cuenta que, en todo caso, el precio que paga Sánchez está bien justificado con el contrapeso de sus políticas sociales y de progreso, recuperando los daños causados en ese sentido por el PP.

Veamos: A Pedro Sánchez yo le he señalado simplemente la contradicción entre lo que afirmaba en un tiempo, lo que afirma ahora, como ha cambiado su discurso en cuestiones esenciales que afirmaba con seguridad. En ese sentido, desde una perspectiva meramente moral, he recordado aquello que dijeron que nunca harían para llegar a la presidencia: aceptar los votos de los independentistas o que nunca pactarían con Podemos o que no gobernarían a bases de decretos-ley, lo que afeaban a la derecha, por no referirnos ya a la ejemplaridad prometida, el rigor en el uso de los fondos públicos y otras medidas de calado. Y, sobre todo, el juicio sobre la naturaleza de los actos ocurridos en Cataluña y el compromiso en la defensa de la Constitución y los principios del socialismo. En ese conjunto de aspectos he situado mi crítica. Exactamente sobre hechos concretos y controvertidos.

Las cosas buenas de Sánchez

¿Se puede negar, sin decir todo eso, que alguna de las medidas que ha venido adoptando su gobierno son positivas y necesarias, tienen perspectiva de mejora social y recuperan derechos perdidos o estacionados durante la etapa del PP? Evidentemente no. ¿Se justifica, pues, que, en otro plano, Sánchez se haya desdicho y, para muchos, haya traspasado determinados límites en sus cesiones para lograr que los mismos apoyos que lo llevaron a la Moncloa lo arrompen de nuevo ahora? Esa es la cuestión. Los primeros que criticaron algunas de esas medidas polémicas son viejos y actuales dirigentes de su partido, alarmados, entre otras cosas por sus afectos en las elecciones andaluzas, el riesgo de contagio y cosas peores, como que ayuden a que crezca la extrema derecha.

El diálogo de Sánchez con Torra tiene su coste.

Hay que reconocer que incrementar el salario mínimo, subir el sueldo a los funcionarios (que conviene recordar que recortó Zapatero, también del PSOE), subir las pensiones, es bueno. Y en ese mismo paquete han metido el desbloqueo de las inversiones del Estado en Cataluña. También destacan, por ejemplo, el prometido desbloqueo de determinadas inversiones, aprobadas, pero no ejecutadas por el PP con respecto a la mejora de infraestructuras en Galicia, o los planes de apoyo a la construcción naval militar mediante el desarrollo de las previsiones de nuevos buques para la Armada a construir en Ferrol. Y aparte de la recuperación de la sanidad universal (que no es gratis como se dice, que la pagamos los ciudadanos a través de los impuestos), otra serie de medidas de carácter social que necesitan determinados colectivos últimamente en notable precariedad por los recortes del PP.

Nadie puede negar que todas estas medidas son buenas y necesarias en gran parte, sin duda. Pero sobre ellas se proyecta la inevitable sombra de las cesiones, no sólo en Cataluña, sino en el País Vasco. Por cierto, que no deja de ser una paradoja que tras la reunión con Torra y el sorprendente comunicado final, interpretable como se quiera; los independentistas, pese a la foto de la reunión entre Gobiernos no se hayan dado por satisfechos, antes al contrario: están crecido y los españoles perplejos ante la noticia de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha desvelado que, en su reciente reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le entregó una "propuesta de acuerdo democrático" con 21 puntos, entre ellos una "comisión internacional que medie entre los gobiernos de Cataluña y de España". Es decir, que sean terceros los que decidan sobre la soberanía y la Constitución de España, como si el asunto de Cataluña fuera un problema internacional.

Y para tan sorprendente anuncio, Torra elige un marco simbólico, especialmente después de que el Gobierno haya anulado al proceso a Companys: la tradicional ofrenda floral a la tumba de Francesc Macià en el Cementerio de Montjuïc, en el 85 aniversario de la muerte del primer presidente de la Generalitat republicana. En su discurso institucional ante la tumba de Macià, Torra ha señalado que en su reunión con Sánchez el pasado 20 de diciembre en el Palau de Pedralbes de Barcelona le hizo entrega de una propuesta con 21 puntos, que incluían la "desfranquización de España y el aislamiento del fascismo y la ultraderecha", así como "la regeneración democrática y la ética política como fundamentos en los cuales basar la discusión política". Ahi queda eso.

Voluntad de diálogo

Pero al margen de estas “boutades” del Torra lo cierto es que cabe preguntarse por qué esa voluntad de diálogo que Sánchez ha desplegado ante los que ayer estimó sublevados y ahora, meros conspiradores, no la traslada a los otros partidos constitucionales, al menos para desbloquear alguno de sus proyectos legislativos que podrían ser, al menos discutidos, en lugar de seguir cabalgando en el decreto ley que tanto denostaba cuando estaba en la oposición. Por cierto, que, en aquel tiempo, y antes de inhibirse, como aconsejaban otros destacados socialistas, para permitir que hubiera gobierno, aunque fuera de la derecha, no tenían dudas en volver por tercera vez a elecciones, pese a que su partido iba mermando de cada vez sus resultados. No debe tener por tanto miedo a los comicios.

Sánchez departiendo con afines.

Pero si el PP y Ciudadanos han refrendado alguno de los decretos-leyes de Sánchez, ¿por qué no se sigue esa vía con asuntos de más calado? Es lo habitual en la práctica parlamentaria. Por eso, a algunos nos sorprende que, dentro de lo posible, el PSOE no trae de entenderse con partidos constitucionales antes de hacerlo con los que no lo son o lo son menos. Pero a corto plazo, en ese paquete de medidas de fondo que tienen que resolverse en el Congreso, hay asuntos de muy diversa naturaleza que exigen ser tratados, como la reforma de la polémica LOMCE y otros, donde cabe margen para la negociación. Es un reto para la derecha y el centro-derecha demostrar también su altura de miras y pensar en el país, más allá de sus propios intereses.

Iniciativas paralizadas

Pero,si ​uno examina las iniciativas, cuya tramitación parlamentaria está paralizada por las sucesivas prórrogas, se encuentra una enorme variedad de situaciones que no merecen el mismo tratamiento genérico. Aparte de la supresión de la prisión permanente revisable, que el PSOE espera que a que el Constitucional se pronuncie para proceder, hay asuntos muy delicados: como la idea de Podemos de que los piquetes mal llamado “informativos” en las huelgas no deriven en responsabilidades penales, cuando usan la violencia, cosa frecuente. Otros no deberían ser tan problemáticos como la “Ley Mordaza” (aunque la vicepresidenta Calvo anunció en su día que el PSOE tena en mente hacer la suya propia, sobre todo para las redes) ý otras medidas de enorme alcance social, como las que atañen a la pobreza energética o la ley sobre la eutanasia.

El diálogo debe extenderse en el Parlamento.

Pero hay asuntos muy delicados, como la Ley de la Memoria Histórica, no ya por su objetivo, sino por su enfoque, tal y como ha señalado el nada sospechoso historiador Stanley Payne, que la calificó literalmente de “Ley sesgada”. Pero de todo se puede y se debe hablar.

Si puede hablar con Torra, ¿por qué no con Casado y Rivera? @mundiario