Cristina Fernández de Kirchner es procesada por la Justicia argentina bajo el cargo de corrupción

Cristina Fernández de Kirchner tiene un pie en la cárcel y otro afuera. Actualmente es senadora y posee inmunidad, pero esto no ha evitado que el caso de los “cuadernos de la corrupción” la haya señalado como una de las personas que se lucró de sobornos de empresarios de obras públicas durante el tiempo en que fue presidenta. El juez Claudio Bonadio ordenó prisión preventiva contra la exmandataria a quien acusó de haber cometido delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y dádivas en reiteradas ocasiones.

La detención de la expresidenta solo será posible si se logra que dos tercios de los senadores aprueben su desafuero, una cuestión que por ahora no es posible gracias a que la coalición gobernante, Cambiemos, tiene la minoría en la Cámara Alta, mientras que el jefe peronista, Miguel Ángel Pichetto, ha aclarado que mientras que sea un caso en plena investigación, no harán ningún movimiento.

Bonadio consideró la existencia de “una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, y del Ministerio de Planificación [dirigido por Julio de Vido], actuó entre los años 2003 y 2015”, tiempo que duró el gobierno kirchnerista.

En el caso se han visto involucrados 41 exfuncionarios y empresarios que estuvieron involucrados en obras públicas. Entre los que se cuentan Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri; Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Luis Betnaza, Carlos Wagner y Enrique Pescarmona.

Bonadio se ha encargo de un caso sumamente difícil, en el cual ya procesó al exsecretario de obras públicas José López, que fue apresado luego de haber sido atrapado con 9 millones de dólares en un convento; también se encuentra preso el extitular del órgano de control de concesiones viales Claudio Uberti.

El caso explotó luego de que se diera a conocer las anotaciones que Oscar Centeno, chófer de Roberto Baratta, mano derecha del ministro De Vido, realizó durante años. El chófer se encargó de anotar durante 10 años, en ocho cuadernos, los cientos de viajes con bolsos cargados de dinero, producto de sobornos de empresas constructoras que pagaban altas sumas para hacerse con contratos del Estado, que realizó a caso de altos cargos argentinos. Al igual que el caso Lava Jato en Brasil, este caso se ha encargado de atrapar a una gran cantidad de exfuncionarios, empresarios e incluso miembros del órgano judicial.

Bonadio ha sido claro en sus acusaciones. El juez sostiene que los indicios apuntan a que Baratta y otros funcionarios efectuaron cobros a particulares para luego trasladar dinero negro en vehículos conducidos por Centeno. “A partir de ello, y previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios”, que finalmente llegaban “a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita”. Que serían los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández; y  el exministro Julio de Vido.

Aunque las peticiones del juez son claras y dañan la imagen de la expresidenta, será difícil ver a Fernández de Kirchner en la cárcel. El Senado protegerá a la mandataria hasta que exista una condena firme, es decir, hasta que su caso llegue hasta la última instancia de apelación ante la Corte Suprema. Pichetto, líder del bloque peronista y el único capaz de hacer que la balanza se incline hacía algún lado expresó que “la etapa de instrucción, una etapa preliminar donde hay elementos, pero que no configura la responsabilidad penal, entonces es imposible producir el desafuero y la detención de un senador, presidente o ministro”.

El caso más conocido de Argentina, donde no dejan a los políticos a la deriva, es el de Carlos Menem, expresidente condenado en segunda instancia a siete años de prisión por contrabando de armas a Ecuador y Croacia, durante el tiempo en que ambos países enfrentaban un embargo internacional. El político, de 88 años, continúa en su banca esperando a que el Supremo decida su caso. @mundiario