Crisis en el Gobierno británico a menos de 12 meses del controvertido Brexit

El próximo 29 de marzo de 2019, a las 23:00 horas, Reino Unido abandonará la Unión Europea. Así lo definió el pasado noviembre la primera ministra británica, Theresa May, estableciendo una de las muchas promesas sobre el Brexit de las que podría tener que retractarse si no hay avances en su negociación con Bruselas. De hecho, atendiendo a los escasos avances en el diálogo con las autoridades comunitarias, la propia fecha de salida está en entredicho.

A once meses de que se concrete su salida de la UE, el gobierno británico todavía no ha podido aclarar las cuatro cuestiones fundamentales que le separan de un acuerdo con Bruselas: los derechos de los ciudadanos británicos en suelo comunitario y de los europeos en su territorio, la millonaria factura que debe afrontar Reino Unido para cumplir sus compromisos presupuestarios con la Unión, el estatus de la frontera terrestre entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte y la relación comercial que se establecerá con los 27 tras consumarse el Brexit.

Por el momento, ambas partes han conseguido avances respecto a los derechos de los ciudadanos y a la indemnización por la retirada británica, que Londres comienza a reconocer que sobrepasará su primera estimación de 44.500 millones de euros. Sin embargo, el  montante de esa factura de salida ha provocado fricciones en el seno del Partido Conservador, que han debilitado la posición negociadora de Reino Unido y han puesto de manifiesto la fragilidad de su Gobierno para sacar adelante la Ley de Retirada de la UE. Ahora, la normativa que definirá el rumbo del país tras el Brexit afronta enmiendas imprevistas en su recorrido por las cámaras británicas y no está claro si May tiene los apoyos necesarios para evitarlo.

Brexit.

Divisiones internas respecto al Brexit

La falta de consenso entre los torys ha dejado al descubierto dos corrientes irreconciliables en el partido. Por una parte, la facción euroescéptica, liderada por el ministro de Exteriores Boris Johnson, que apuesta por minimizar los pagos a Bruselas y por abandonar la unión aduanera con los 27, pese a las advertencias en contra del empresariado británico. Por otra, los conservadores más moderados, con el presidente del Comité Parlamentario de Inteligencia, Dominic Grieve, a la cabeza, que ha apoyado varias enmiendas a la Ley de Retirada junto a la oposición laborista, liberal-demócrata y nacionalista escocesa.

En los últimos meses, los moderados han obligado a Theresa May a retroceder en varias ocasiones, primero aprobando junto al Partido Laborista una provisión que obliga al Gobierno británico a contar con el respaldo parlamentario para tomar cualquier decisión sobre el Brexit y posteriormente, la pasada semana, dando vía libre en la Cámara de los Lores a una enmienda a la Ley de Retirada para que Reino Unido se mantenga dentro de la unión aduanera con la UE, como reclamaba la patronal británica.

En caso de que esa enmienda cuente con respaldo suficiente en su paso por la Cámara de los Comunes, la primera ministra británica se vería obligada a retractarse de su promesa de abandonar el mercado común y la unión aduanera a partir del 29 de marzo de 2019. Esa posibilidad no parece remota, teniendo en cuenta que el Partido Conservador perdió su mayoría absoluta en las elecciones anticipadas del pasado junio, que entre sus filas la división es más patente que nunca y que la fragmentación tenderá a agudizarse cuanto más se demore la consecución de un pacto de retirada con Bruselas. Además, su mayoría en la Cámara de los Comunes depende del Partido Unionista de Irlanda del Norte, que ya han planteado dificultades en otro frente problemático de la negociación con Bruselas.

Irlanda, la última frontera

Precisamente, la búsqueda de un acuerdo entre Reino Unido y la UE está en un tiempo muerto ante la falta de avances sobre la frontera terrestre que se establecerá en Irlanda. Ambas partes coinciden en la conveniencia de evitar el establecimiento de una frontera “dura”, pero difieren en las fórmulas para conseguirlo. Londres exige consensuar un tratado comercial con la Unión que defina la situación de la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte antes de seguir negociando otras cuestiones, mientras que los negociadores europeos insisten en la necesidad de que este territorio británico quede excepcionalmente dentro del mercado común y de la unión aduanera para evitar dañar el intercambio comercial y las economías a ambos lados de la frontera.

A pesar de que el Parlamento de Londres podría acabar dictaminando que todo Reino Unido seguirá dentro de las reglas aduaneras europeas, los torys más euroescépticos se niegan en redondo a aceptar la propuesta de Bruselas y amenazan con hacer descarrilar la negociación al completo, como ha advertido el jefe negociador de la UE para el Brexit, el galo Michel Barnier. Desde el lado británico, el parlamentario conservador euroescéptico Jacob Rees-Mogg ha calificado de “farol” la advertencia europea y ha retado a Bruselas a atreverse a establecer una frontera completa en Irlanda. “Los platos rotos”, asegura Rees-Mogg, “los pagará Irlanda, que se vería amenazada por la bancarrota”, señalando la dependencia de Dublín de las exportaciones a Irlanda del Norte.

Mientras, en Bruselas, la mira está puesta en junio, cuando vence el plazo para una salida “amistosa”. En caso de que los temas pendientes impidan presentar un marco regulatorio consensuado para facilitar el abandono británico, Reino Unido sería el principal perjudicado, ya que tendría que renegociar todos sus acuerdos comerciales con los 27 desde cero y ateniéndose a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el escenario más temido para las empresas británicas, y se vería obligado a retrasar la fecha efectiva del Brexit, una hipótesis que enerva a los euroescépticos y que podría suponer el fin de la estancia de Theresa May en el número 10 de Downing Street. 

Con su liderazgo en duda, la primera ministra encara la imposible tarea de conciliar las peticiones de un acuerdo económico viable y abierto por parte de la patronal y la industria, las aspiraciones aislacionistas de los partidarios más acérrimos del Brexit, el futuro de la convivencia en Irlanda del Norte tras el proceso de paz y la viabilidad de sus relaciones comerciales y diplomáticas con Europa. Una misión casi suicida de la que depende el papel que jugará su país en el futuro. @mundiario