El crimen de hacer política

Bandera de México. / Pixabay
Bandera de México. / Pixabay
Decía Andrés Molina Enríquez que en México los tres grandes problemas nacionales son la deuda, la pobreza y las elecciones. Más de un siglo después de ese diagnóstico la situación no cambia, empeora. 
El crimen de hacer política

“Hacer política es firmar un pacto con el demonio”, escribió Max Weber. La frase indica lo mucho que de conflicto y lucha tiene la política como práctica, tal como la democracia: también una lucha continua y continuada por el poder. La frase también revela un aspecto duro y difícil de entender y aceptar: el hecho de que hacer política no significa hacer el bien o buscar el bien común, sino todo lo contrario, significa negociar intereses e ideas acerca de lo que cada quien supone la mejor opción para atender o pretender resolver los problemas públicos y, en esa medida, ganar y conservar el poder para influir en los demás y tomar las decisiones que están orientadas a resolverlos pero también a favorecer intereses de grupo que se traducen en privilegios, negocios, dinero.

Por su parte, Enzesberger demostró que la política y el delito están íntimamente relacionados, ya que esa zona entre la legalidad e ilegalidad provoca que no nos asombren las decisiones o comportamientos de los políticos y los delincuentes no solo por el efecto de la normalización, sino también porque las sociedades criminales como las instituciones políticas comparten estrategias, mecanismos jerarquías que las igualan en hechos y poder de influencia. La diferencia notoria es que unos actúan bajo el escrutinio de la opinión pública y la auditoría de sus actos mientras que los otros tienen plena libertad de actuación hasta que los fiscales y jueces se los permitan.

Vista de esta manera, la política tiene mucho de criticable y muestra su rostro más cruel y descarnado, pero la realidad no es tan fácil de encuadrar en algún modelo o idea. También la política permite generar equilibrios de intereses y del poder mismo que hacen posible la vida en comunidad y en relativo orden y paz. Lo lamentable es cuando suceden trasgresiones a los roles que deben jugar ambos actores, políticos y delincuentes, allí es donde la realidad se vuelve inadmisible y los efectos que genera en la sociedad son de riesgo profundo: desencanto por la política, tendencia a optar por las políticas de “mano dura”, desacreditar a las instituciones por supuestas fallas, en fin, un debilitamiento generalizado de la democracia y de sus instituciones que genera más y peores problemas que los que pretenden resolver los que provocan ese conjunto de percepciones y comportamientos.

El último fin de semana de mayo terminan los tiempos y plazos de las campañas políticas para los diversos puestos de elección popular hoy en disputa en México y, como nunca antes, nos quedó clara la intervención de la criminalidad en la política: candidatos asesinados, amenazados, seleccionados por aquellos que suponen que el control de las instituciones de gobierno es y debe ser favorable a sus actividades ilícitas. En el escenario actual, tanto los partidos políticos, las autoridades electorales y las ejecutivas de los tres órdenes de gobierno han sido incapaces de llevar la batalla electoral por cauces pacíficos, por la vía de la confrontación de las ideas y la deliberación en el espacio público.

Resulta además incongruente que quienes hoy ostentan los cargos públicos en disputa y renovación sean quienes polaricen y entorpezcan el cauce institucional de las elecciones. Durante décadas la élite política hoy gobernante luchó porque existieran reglas y condiciones de igualdad y equidad en la organización de las elecciones y de los partidos políticos, cambios que originaron muchas de las instituciones y procesos que otorgan certeza a las elecciones y que permitieron que hoy ostenten el poder público, pero que parece que ya les estorban, lo que en muchos sentidos recuerda los males históricos de América Latina y sus dictadores, la cara de Jano que las izquierdas latinoamericanas mostraron y muestran: con la bandera de la defensa de los pobres y la justicia social resultaron regímenes dictatoriales que en nombre de quienes defienden cometieron crímenes que todavía hoy se recuerdan con dolor y pena en muchos de nuestros países.

Y si a lo anterior sumamos el pernicioso efecto de la delincuencia organizada que muestra su fuerza y control territorial, decide quién sí y quién no es candidato, entonces estamos ante un escenario que vaticina la tormenta perfecta a menos que, como esperamos muchos, ocurra que las leyes y reglas se respeten, los derrotados asuman su derrota y reorganicen sus esfuerzos para la próxima elección y permitan que la renovación pacífica del poder sea no solo eso sino también la rotación de ideas y decisiones y no de profundización de nuestras muchas crisis y problemas.

Nunca como antes es pertinente recordar a Andrés Molina Enríquez y su sentencia de que en México los tres grandes problemas nacionales son la deuda, la pobreza y las elecciones. Más de un siglo después de ese diagnóstico la situación no cambia, empeora. @mundiario 

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