Corrupción política: un camino de doble sentido

Cámara de diputados, México. / diputados.gob.mx
Cámara de diputados, México. / diputados.gob.mx

El autor analiza en profundidad el concepto de corrupción y lleva a primer plano casos público de corrupción en México y casos de corrupción en el ámbito privado.

Corrupción política: un camino de doble sentido

La corrupción es uno de los principales problemas que enfrentamos en México, aunque no exclusivo de nuestro país, permea en casi todas las instituciones públicas, tal vez en su totalidad, sean dependencias o entidades de la administración pública federal, estatal o municipal; en cada nivel de organización, desde la alta burocracia hasta el personal operativo; y sin distingo de la división tripartita de poderes, ya que puede manifestarse en el Poder Ejecutivo tanto como en el Judicial y el Legislativo, o bien, en los órganos constitucionales autónomos, aunque por techo presupuestario y administración de los recusos públicos presenta mayor incidencia de casos en el Ejecutivo, como responsable de la instrumentación de los planes, programas y proyectos.

En esta problemática predominante de manifestación en el espacio de ejecución del Estado (público), no son ajenos los otros Poderes, en el caso del Judicial subyace la duda sobre algunas de sus resoluciones en la impartición de justicia, sobre todo cuando pasa por asuntos con intereses políticos y económicos trascendentales, relacionados con la delincuencia de cuello blanco (banqueros fraudulentos, empresas dominantes, gobernantes corruptos), pero también cuando se imponen penas o se deja en libertad a narcotraficantes, secuestradores y delincuentes en general en función de sobornos (para este caso, sin considerar una mala integración del expediente, del proceso judicial o incluso, de amenazas, que también suceden).

En el caso del Legislativo, si bien sus representantes parecen más ajenos a la dinámica de corrupción, también se ven envueltos en este flagelo, principalmente por los compromisos que diputados y senadores hacen con los particulares y con los propios representantes de los diferentes niveles de gobierno (federal, estatal o municipal) durante el proceso de aprobación de dictámenes, como sucede con el presupuesto público, en el cual muchas de las veces etiquetan gastos para infraestructura, obra y otros requerimientos con tarjeta dedicatoria para amigos contratistas y constructores, cuando no, para ellos mismos. Esto evidentemente resulta más difícil de comprobar, pero basta estar en distintos actos públicos o ver diversas fotografías en las que aparecen los legisladores inaugurando obras públicas, en muchas ocasiones poniendo solo la primera piedra (el inicio de la obra y no su conclusión), en compañía de constructores que forman parte de su mismo equipo político, casi siempre sin mediar procedimiento de licitación o, en el mejor de los casos procedimentales, previamente etiquetado conforme a la ley para tal o cual empresa desde la convocatoria pública. Lo peor es cuando esas obras se concluyen a un costo superior al original o, más ruin aún, nunca terminan.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) describe a la corrupción como una problemática social, política y económica que perjudica a las instituciones democráticas, desacelera el desarrollo económico, contribuye a la inestabilidad política y destruye las bases de las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, socavando la ley y deslegitimando a la burocracia.

La corrupción es un gran problema de la humanidad (Marín, 2004). La relación entre corrupción y política, como espacio de lo público, parece intrínseca. La corrupción no sólo es una acción delictiva, es un medio de influencia política con manifiestas ventajas respecto de la pura persuasión, por un lado, y la coerción, por el otro (Njaim 1995). La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) describe a la corrupción como una problemática social, política y económica que perjudica a las instituciones democráticas, desacelera el desarrollo económico, contribuye a la inestabilidad política y destruye las bases de las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, socavando la ley y deslegitimando a la burocracia. Adicionalmente, provoca una descomposición del tejido social, al evidenciar que la autoridad elegida para administrar los recursos públicos, hace de ellos una extensión de su patrimonio personal.

Siguiendo con la ONUDD, el concepto de corrupción incluye el soborno, el fraude, la apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello. La corrupción también puede ocurrir en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre otras prácticas.

La vocación de servicio público es entonces cuestionada y endeble. Pareciera que el motivo de participar y competir por cargos de representación popular se circusncribe únicamente al manejo de los recursos públicos (humanos, materiales y, por supuesto, financieros), como si fuera un gran botín o tesoro al que se aspira, más en función del beneficio propio, que del bien común. Para respaldar esta afirmación podríamos señalar los múltiples casos de políticos que cada vez que asumen un cargo, se lamentan que en las arcas públicas no haya los suficientes recursos para operar los diversos programas gubernamentales, ni siquiera los compromisos más básicos, como el pago de la nómina de los trabajadores.

De qué estamos hablando entonces, ¿cuál es esa línea de interés que parece mover a la clase política nacional? Una respuesta, que por simple resulta contundente, surge de conocer el monto de los recursos que ejerce el Estado durante un año, el cual a todas luces es significativo, es decir, lo que parece interesar a las personas que gobiernan o que buscan hacerlo es la toma y ejercicio de los recursos públicos, en un sistema burocrático y político en donde los ejecutores de gasto terminan siendo vigilados por instancias pares o poderes aparentemente autónomos, pero que en el fondo se identifican como una misma clase política, traicionando a la sociedad que los eligió para administrar los recursos públicos y por ellos no hago referencia sólo a los financieros, sino incluso a aquéllos como la seguridad pública y el uso legal y legitimo de la fuerza pública.

El concepto de corrupción incluye el soborno, el fraude, la apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello. La corrupción también puede ocurrir en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre otras prácticas.

Para darnos una idea concreta, el presupuesto proyectado ejercer por el gobierno mexicano para el 2017 es de 4 billones 837,512 millones 300,000 pesos, es decir, alrededor de 259,384 millones de dólares americanos (USD), promediando 18.65 el tipo de cambio del dólar (al 24 de octubre, 2016), gasto neto total que se distribuye en: A) Ramos autónomos, donde están los gastos de los Poderes Legislativo y Judicial; B) Ramos administrativos, que es el techo presupuestario para el Poder Ejecutivo y sus áreas adscritas; C) Ramos generales, donde se incluyen aportaciones de seguridad social, previsiones salariales, gasto educativo y aportaciones a los estados y municipios, así como deuda pública, que incluye el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) implementado después de la crisis de 1994, rescate bancario que terminó siendo deuda pública y que aún estamos pagando los contribuyentes en el país; D) Entidades sujetas a control directo del gobierno, caso concreto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), siendo ambos los pilares de la seguridad y derechos sociales de los trabajadores mexicanos, y por último, el Ramo 32 correspondiente al Tribunal de Justicia Administrativa y el Ramo 40 destinado al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (Ver Cuadro 1)

Cuadro 1.

Distribución proyectada de recursos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

Cuadro 1

NOTA: *No considera 631,677,045,381 pesos de las aportaciones al ISSSTE de los trabajadores; y subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado, es decir otros ingresos destinados al gasto público. Fuente: http://ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2017/paquete/egresos/Proyecto_Decreto.pdf

Del cuadro anterior, se desprende la importancia en términos monetarios que tiene cada uno de los ramos, por monto y relevancia me centraré en dos de ellos: el primero, el Ramo C con un techo de 2 billones 659,679.8 millones de pesos que representa el 55 por ciento del presupuesto anual y que si bien es un recurso perfectamente etiquetado para sueldos, previsiones sociales y gasto educativo, también incluye en su distribución a gobiernos de los estados, en donde la discrecionalidad en su ejecución (previo reconocimiento de la autonomía política de los estados) hace que algunos de sus titulares hayan sido identificados, como sujetos de corrupción y saqueo de las finanzas públicas. El segundo es el Ramo B correspondiente al gasto del Ejecutivo, que representa el 19.8 por ciento del monto anual a ejercer, es decir, una gran bolsa de 958,353.6 millones de pesos destinada a los diferentes servicios que brinda la administración pública. En cualquier caso, el acceso al control del gasto que conlleva el ser gobierno, pasa por un complejo sistema electoral, que involucra a los partidos políticos y configura el rostro de la ciudadanía política de los individuos, legalizando los actos administrativos (pero no la corrupción); en otras ocasiones deriva de actos de negociación, consenso e incluso compadrazgo, rompiendo con ello la voluntad popular y poniendo en jaque el ejercicio de ciudadanía política, deslegitimando la actuación pública.

Por ese botín de oro moderno, estimado ejercer por cada año calendario, es que los puestos de elección popular son tan competidos y peleados y, en cierta medida, quienes resultan ganadores y se convierten en autoridad pública llegan a confundir los ideales de servicio con valoraciones personales, haciendo del recurso de origen público, un patrimonio personal a todos los niveles de responsabilidad política y administrativa. Y es en este momento que el conflicto de intereses redunda, sin duda, en actos de corrupción. De ahí que, en la ejecución de las diferentes actividades, se lleguen a privilegiar ciertos mecanismos para favorecer a personajes o empresas, nacionales y extranjeras, vinculadas a la autoridad pública.

Los casos públicos de corrupción

El ejemplo mexicano de moda es el caso de Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado de Veracruz (2010- 2016), actualmente con licencia, surgido del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a quien le acaban de retirar sus derechos partidarios y se le señala de haber desfalcado a su entidad, por lo menos en lo que está documentado, con 14 mil millones de pesos la cuenta pública de 2015 correspondientes a su quinto año de gobierno, peculado que se evidencia con las múltples propiedades (ranchos, residencias) que han sido exhibidas tanto en el país como en el extranjero, principalmente en Estados Unidos de América. Dicho desvío de recursos, está identificado por el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, sin embargo, este dato solo es para un ejercicio fiscal, sin considerar los años previos de mandato, que datan del 1 de diciembre de 2010 y tampoco incluyen la venta de favores públicos (corrupción no documentada), como pueden ser la asignación de obras y contratos de prestación de servicios del gobierno estatal, o bien, su influencia para ejercer contratos entre los ayuntamientos del estado veracruzano. A esto que es grave en sí mismo, se le añade la desconfianza moral y ética por el supuesto vínculo que dicho personaje político llegó a tener con los cárteles de la droga que operaban -y operan- en el territorio que gobernaba, con múltiples ajustes de cuenta entre delincuentes, secuestros y asesinatos de personas de la sociedad civil, del orden de 40 por mes en el 2015, y alrededor de 18 del gremio periodístico durante toda su gestión.

Pero ese caso no es único, está también el del ex gobernador de Sonora, militante del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Padrés Elías (2009-2015), señalado por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita y quien actualmente está prófugo de la justicia. O bien, los casos juzgados del ex gobernador priísta de Tabasco, Andrés Rafael Granier Melo (2007-2012) acusado y sentenciado del desvío de recursos por un monto total de 918 millones de pesos, entre otras cosas por la compra de medicamentos caducos; del panista Luis Armando Reynoso Femat, ex gobernador de Aguascalientes (2004-2010) detenido en mayo de 2014 por el delito de peculado por más de 26 millones de pesos, quien fue liberado tras pagar una fianza de 30 millones de pesos, lo que resulta paradójico, al cubrir una fianza mayor al supuesto delito cometido, lo que hace suponer que los recursos desviados a su favor son mucho mayores que los señalados durante el juicio; fue reaprehendido en 2015 por defraudación fiscal y actualmente cumple una sentencia de dos años y tres meses (próximo a salir en libertad), pero fue inhabilitado para desempeñarse en el servicio público.

Hay otros más, como el del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid (1993-1999), quien fue detenido el 24 de mayo de 2001 acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada con el cártel de Juárez, lleva más de 14 años en una cárcel en Estados Unidos y también está próximo a salir libre. En este caso, no se presupone peculado, sino actos de corrupción por evidenciar una traición a la confianza ciudadana que lo eligió como mandatario y obtener recursos de procedencia ilícita (narcotráfico o, por lo menos, protección a sus operadores).

La lista de gobernadores de los estados, sin distinguir el partido político por el cual fueron postulados, que han caído en actos de corrupción y en la deslealtad a los intereses ciudadanos es muy larga y otros de los que han sido denunciados, algunos enjuiciados por las instancias legales y otros solo por la opinión pública, son los siguientes: los gobernadores priístas César Duarte Jáquez de Chihuahua (2010-2016), Roberto Borge Angulo de Quintana Roo (2001-2016), Fidel Herrera Beltrán de Veracruz (2004-2010), quien como dato anecdótico ganó casualmente dos veces el sorteo de la Lotería Nacional en México, Humberto Moreira Valdés de Coahuila (2005-2011), detenido por supuesto lavado de dinero en España, aunque posteriormente fue liberado al no poder comprobar las acusaciones, y Tomás Yarrington Ruvalcaba de Tamaulipas (1999-2004); el ex gobernador panista Emilio González Márquez, Gobernador de Jalisco (2007-2013) acusado entre otras cosas de haber desviado recursos públicos del orden de los 15 millones de pesos para destinarlos al clero católico para la construcción de un santuario en Guadalajara; y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), izquierda renovadora de la moral política en México, Narciso Agúndez Montaño de Baja California Sur (2005-2011), Marcelo Ebrard Casaubón del Distrito Federal, hoy Ciudad de México (2006-2012), principalmente por el alto costo económico y social que supuso la obra, que resultó fallida, de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitnao, Pablo Salazar Mendiguchia (2000-2006) y Juan Sabines Guerrero (2006-2012), ambos de Chiapas, aunque en el caso del primero apoyado en una coalición de partidos que incluyó al PAN (derecha) y al Partido del Trabajo (izquierda), con ello los principales partidos en el país se demuestran evidenciados en actos de corrupción. Mención especial merece el ex gobernador de Guerrero, Angel Heladio Aguirre Rivero, quien ocupó el cargo en dos periodos diferentes y por partidos diferentes, el primero siendo priísta (1996-1999) en sustitución de Rubén Figueroa Alcocer señalado por las organizaciones contrarias a su gobierno como responsable de la matanza de Aguas Blancas el 25 de junio de 1995 (aunque finalmente y por ley no resultó culpable) y el segundo como perredista (2011-2014), cargo al que pidió licencia para deslindarse de su presunta responsabilidad por la matanza de alumnos de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, del cual fue absuelto, pero que motivó una serie de procedimientos administrativos sobre actos de nepotismo y corrupción, en dónde estuvieron vinculados hermanos y sobrinos, así como funcionarios de nivel menor en su administración. El listado de mandatarios estatales podría continuar, con acusaciones que van desde peculado, extorsión y lavado de dinero, hasta la asociación delictuosa, principalmente vinculada a cárteles de la droga.

Ahora bien, los gobiernos estatales no son los únicos espacios donde la corrupción se presenta, en la administración pública municipal o federal también hay datos y casos que pueden ser señalados y evidenciados. Uno de los más recientes fue el del alcalde perredista José Luis Abarca Velázquez en Iguala, Guerrero (2012-2014) señalado por nepotismo y con supuestos vínculos con los Guerreros Unidos, grupo delictivo (narcotráfico, secuestro, extorsión) identificado como principal sospechoso de haber desaparecido a 43 alumnos de la Norma Rural de Ayotzinapa en contubernio con policías municipales. Este es un caso, pero la problemática es de tal magnitud, porque en el país hay más de 2,400 municipios, lo que habla del impacto que los casos de corrupción e injerencia que los grupos delincuenciales puedan tener en esos gobiernos.

Más lejano, pero incluso más significativo, está el caso del General Arturo Durazo Moreno, jefe de la policía capitalina durante toda la administración del Presidente priísta José López Portillo (1976-1982), ambos personajes conocidos por sus excesos, abusos y nepotismo, en el caso del primero también por sus evidentes actos de corrupción con cifras por este concepto que llegan a los mil millones de dólares en su gestión y con hechos éticamente cuestionalbes, como haber utilizado a la policía capitalina para levantar multas y extorsionar a cuanto conductor transitaba por la ciudad de México para beneficio propio e incluso tener controlada la delincuencia común y organizada, ejerciendo para ello mecanismos de tortura y sometimiento, como quedó documentado en la matanza del Río Tula (1981), donde fueron asesinados 12 presuntos delincuentes, por no reportar las ganancias y operar fuera de su control.

Fueron tales los excesos, que en el siguiente sexenio, el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) utilizó como lema de campaña el de “La renovación moral”, haciendo uno de sus primeros actos de gobierno la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF), con vigencia de 1982 a 1994, dependencia responsable -en el papel- de fiscalizar y vigilar que la administración y el ejercicio de los recursos se dieran en estricto cumplimiento a la normatividad. Su creación marca un parteaguas en la historia de la administración pública mexicana, porque es la primera vez que se reconoció este problema público, de descomposición de las instituciones y la necesidad urgente de modificar ciertas pautas organizacionales y conductuales de los servidores públicos.

Con el tiempo, esta dependencia se transformó en Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa (SECODAM) de 1994 a 2003 y luego pasó a ser la Secretaría de la Función Pública (SFP) de 2003 a la fecha, adecuando sus actividades y responsabilidades en cada administración sexenal, pero teniendo como eje central el combate, prevención y erradicación de actos de corrupción. Misión que evidentemente no ha sido cumplimentada en su totalidad, tan es así, que los casos de corrupción continuaron –y persisten-, como en el caso del gobierno priísta de Carlos Salinas de Gortari, con su hermano Raúl al frente de este flagelo, quien fue acusado en la siguiente administración federal de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por 160 millones de dólares, enjuiciado y condenado, pero finalmente exonerado y actualmente libre; o bien, en los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada (2000-2006) con la supuesta corrupción y tráfico de influencias de los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bibriesca, hijos del primer matrimonio de su esposa Martha Sahagún, al fungir como intermediarios de la empresa Oceanografía para gestionar contratos millonarios en Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de otros empresarios menores en la adjudicación de contratos de obra pública, así como de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), en donde se señaló principalmente a su ex vocera Alejandra Sota por presunta malversación de fondos y tráfico de influencias para beneficiar a amigos con contratos de gobierno y el ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, caracterizado por excesos en el gasto público, montajes espectaculares de detenciones mal realizadas, autopromoción y abuso del poder.

En la actual administración se propuso la creación del Sistema Nacional Anticorrupción,mismo que fue aprobado por el Congreso y su ley publicada el 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, para hacer de este sistema la instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes y niveles de gobierno para prevenir y combatir la corrupción, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, que sirva realmente a los ciudadanos, no solo a la autoridad pública en la vigilancia y supervisión del ejercicio de los recursos públicos.

No obstante, en todos estos buenos deseos y acciones es innegable no tener dudas. Razones hay y de sobra. Y es que los excesos siguen, como la cuestionable adquisición de la denominada Casa Blanca, con un precio estimado en 7 millones de dólares, por parte de la esposa del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto (2012-2018); las diversas asignaciones licitadas y directas de contratos de obra a la empresa OHL por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre ellas las más recientes concesiones por 30 años para tramos carreteros por un monto aproximado de 10 mil millones de pesos; las residencias de diversos funcionarios de primer nivel de la administración federal, como el propio Secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong y del recientemente destituido Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, por solo citar los casos públicos más relevantes.

Sobre esta misma línea de incertidumbre y cuestionamiento sobre el origen de los recursos de las autoridades en función, se podría profundizar más desde las mismas instancias del Estado (contraloría, procuración de justicia y auditoría), porque resulta por demás cuestionable que con el sueldo de un funcionario público, así sea por varias décadas de servicios, pueda adquirir casas que superen por mucho sus propios ingresos. Bastaría revisar no solo declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y cruzar con sus declaraciones fiscales (ingresos y pago de impuestos), como lo establece la ley, sino observar y registrar detenidamente sus estilos de vida: qué visten, dónde cómen, viven y viajan, dónde estudian sus hijos, por citar algunos aspectos observables. Resultaría evidente, a todas luces y niveles, identificar dónde se sitúan los excesos. Una rápida mirada al personal que integra cada dependencia y entidad arrojaría datos contundentes sobre este mal endémico que acecha al Estado mexicano.

Casos de corrupción desde lo privado

Desde el ámbito de lo privado, pero que trascendió a lo público, está el caso del empresario Carlos Cabal Peniche quien adquirió los Bancos Unión y Cremi, instituciones bancarias a las que defraudó por un estimado de 28 mil millones de pesos (1993-94), y cuyo costo de recuperación fue trasladado años después, en la administración de Ernesto Zedillo Ponce de Léon (1994-2000), a los contribuyentes mexicanos mediante la figura del FOBAPROA. Según el diario La Jornada, parte de esos recursos fueron destinados en su oportunidad a la campaña del propio Ernesto Zedillo. También pudieran ser señalados desde el ámbito de lo privado, pero con vinculación a espacios de actuación pública, los casos de diferentes líderes sindicales, cuyo enriquecimiento pasa a costa de las cuotas de sus agremiados, entre ellos el ex líder petrolero Joaquín Hernández Galicia y el actual Carlos Romero Deschamps, la ex líder del magisterio Elba Esther Gordillo Morales y el líder de los mineros exiliado en Canadá, Napoléon Gómez Urrutia. Debido principalmente al origen de los recursos de los que se les ha llegado a acusar, privados que no públicos, es que merecen otra mirada de análisis, puesto que más de uno de estos casos es más una respuesta política a una problemática privada, que una intervención legal y legítima a un problema público.

Como se ha señalado a lo largo del presente documento, la corrupción no solo permea en la alta esfera de lo público, de hecho trasciende este espacio y surge una relación dictómica con lo privado, ya que una parte corrupta es imposible sin un par corruptor. En 2008, la Encuesta de Fraude y Corrupción de KPMG concluyó que el 44 por ciento de las empresas en México había realizado pagos extraoficiales a funcionarios públicos, para agilizar un trámite o verse favorecidos con un proceso público licitatorio. La corrupción afecta en consecuencia la competitividad de las empresas, pero también las hace partícipes al aceptar el otorgamiento de porcentajes por cada contrato autorizado, para los fines personales de quien les asigna las obras, servicios o proyectos.

Según el Banco Mundial y el Banco de México, la corrupción cuesta a México el 9% del Producto Interno Bruto; unos 347 mil millones de pesos al año se pierden por la corrupción, según el IENGI. México está en el sitio 126 de 138 naciones con mayores índices de corrupción, el 44% de empresas en el país pagó o sobornó a funcionarios para beneficiarse de un proyecto.

De acuerdo con el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial 2016-2017, los empresarios calificaron a México en el primer lugar de los 28 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en los que la corrupción forma parte en cierta medida del funcionamiento del gobierno y de la sociedad, lo que califica a la burocracia nacional como ineficiente, por decir lo menos. A nivel mundial, se sitúa en el lugar 13, atrás de Venezuela (1), Bolivia (2), Chad (3), Brasil (4), Yemen (5), Paraguay (6), Nigeria (7), República Dominicana (8), Moldavia (9) Bangladesh (10), Argentina (11) y Nicaragua (12), lo que evidencia a 8 países latinoamericanos que son etiquetados como corruptos. Por el contrario, Singapor, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes y Finlandia, son percibidas por los entrevistados como las naciones menos corruptas. Es significativo que en los países donde la corrupción parece ser inherente tanto a gobierno como sociedad, la calidad de la educación primaria se ha rezagado y es una debilidad en comparación con los líderes en el mundo.

El Informe Anual 2010 sobre el Indice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno levantado por Transparencia Mexicana AC, indica que se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrados por particulares; cada mordida (acto de corrupción, mediante el cual un particular entrega dinero a una autoridad pública) costó a los hogares mexicanos un promedio de 165 pesos; para acceder o facilitar trámites y servicios públicos se destinaron más de 32 mil millones de pesos en mordidas (solo los 35 servicios y trámites que mide esta organización); en promedio, los hogares mexicanos destinaron 14% de su ingreso a este rubro, lo que singificó que en hogares con ingresos de hasta 1 salario mínimo, la mordida como impuesto regresivo representó 33% de su ingreso. Las entidades más corruptas son el Distrito Federal (Ciudad de México), el Estado de México y Guerrero, en ese orden. Llama la atención el caso del segundo, que ya desde 2010 era evidenciado como una entidad con un índice de corrupción alto, y lo es porque resulta que era el estado que gobernaba el actual Presidente del país.

Entre los trámites que los particulares, desde lo privado, participan en correlación con la autoridad pública para agilizarlos o verse favorecidos con menores sanciones se encuentran el pago de predial, la incorporación a un programa de gobierno, exentar el servicio militar, obtener un espacio en una escuela pública (principalmente de educación superior, pero que incluye desde secundaria), ingresar a trabajar al gobierno y suspender una multa o clasusura de un negocio.

El Informe Anual 2012 de Transparencia Mexicana A.C. señala que de 176 países medidos conforme al Indice de Percepción de la Corrupción, México se localizó en el lugar 34 y una de las debilidades en la ejecución de los programas públicos es que la participación ciudadana en su formulación y evaluación, sólo tiene un porcentaje de participación del 36%, lo que implicaría una ausencia de compromiso de la sociedad civil por participar de estos procesos,o bien, el nulo intereses del gobierno por transparentar, difundir y hacer más expeditos y comprometidos sus procesos públicos.

Consideraciones finales

El fenómeno de la corrupción como un hecho social y político que se presenta en el ámbito de la actuación pública rebasa este espacio de origen y se traslada hacia lo privado, haciendo de ambas partes la razón de su existencia. Es menester reconocer que hay diferentes tipos de manifestación de esta problemática.

Se puede focalizar como corrupción tradicional derivada de su detección mediante procesos de revisión fiscal, contable o adminstrativa que evidencian un mal uso de los recursos públicos, pero hay otra que es la corrupción no documentada, en este caso se encuentran los recursos de procedencia ilícita que reciben del narcotráfico y la delincuencia organizada, pero también de recursos no propiamente de esos ámbitos, como lo es el comercio informal (en calles).

La principal corrupción observada es aquella que se presenta desde la política, cuando el gobernante o funcionario público que hace de los recursos del Estado una forma de apropiación personal, que descalifica el fin político que lo designa representante legal y legítimo de los intereses de la sociedad que lo elige. Muchos ejemplos han sido abordados, desde el ámbito federal hasta el estatal y municipal, con preponderancia de quienes ejercen los recursos públicos, contratan y evalúan los resultados.

Un grado intermedio entre lo público y lo privado, son aquellos representantes de sindicatos y organizaciones que, si bien obtienen sus recursos en función de cuotas privadas de sus agremiados, el interés público que suscita los hace meter a la agenda política para su resolución, sanción o aclaración. El problema real es cuando desde su propio ámbito o gremio, transfieren el costo de sus actos hacia las propias finanzas públicas del Estado, es en ese momento que la corrupción emerge.

La corrupción no puede ser entendida en un amplio sentido sin un actor que se corrompe, ni un corruptor, dejarla en un solo nivel equivale a desconocer muchos de los orígenes que le dan lugar.

Sin embargo, la corrupción no puede ser entendida en un amplio sentido sin un actor que se corrompe, ni un corruptor, dejarla en un solo nivel equivale a desconocer muchos de los orígenes que le dan lugar. Es en este sentido que el ciudadano se muestra como el instrumento perfecto que reproduce estos esquemas, que a la larga generan un descomposción del tejido administrativo gubernamental, pero también del social. Parece menor, pero el número de casos y los montos que se reportan con cargo a cada hogar evidencian esta debilidad estructural desde la propia sociedad.

De manera instrumental, como un esfuerzo enunciativo pero no limitativo, se pueden generar desde el gobierno políticas para garantizar la integridad, transparencia y responsabilidad de los gobernantes y todos los servidores públicos, adoptando sistemas de selección y reclutamiento con base en el mérito, desarrollando códigos de conducta que incluyan medidas de estímulo a denuncias de corrupción de los servidores, y de desestímulo al recibimiento de regalos o de cualquier acción que pude causar un conflicto de intereses; incorporando en los procesos licitatorios la participación ciudadana; transparentando las cuentas públicas a los ciudadanos y estimulando su participación en ese proceso de revisión. En materia de procuración de justicia, fortalecer las medidas preventivas de lavado de dinero y fiscalmente, sin duda, hacer una base amplia y única de contribuyentes, de tal suerte que los recursos legales siempre puedan ser identificados en su origen y, si fuese el caso y una legislación de amplio alcance lo permitiera (sin menoscabo de los principios universales de libertad), dar el siguiente paso a una especie de auditoría de estilos de vida de aquellos casos de evidente enriquecimiento ilícito.

Corresponde entonces al Estado, gobierno y sociedad, replantear qué camino seguir y cómo recomponer lo andado. Porque la existencia un gobierno corrupto y corruptor, implica una ciudadanía corrompible y corruptora también y no una ciudadanía plenamente responsable de su condición, con todo y que para algunos autores la ciudadanía responsable es muy limitada (Joel Westheimer y Joseph Kahne, 2004; Diego de Alba, 2016), ésta por sí misma garantizaría un mínimo de honestidad e integridad, y si además logramos hacerla participativa y orientada a justicia, en plena coincidencia con dichos autores, estaríamos dando un paso adelante al combate a la corrupción desde su raíz y no solo de manera instrumental derivada de una política abstracta de gobierno.


Referencias y sitios web consultados:

Njaim, Humberto (1995). La corrupción, un problema de Estado, Universidad Central de Venezuela, Caracas.

Marín Boscán, Francisco Javier (2004). La corrupción: ¿Un problema de sociedad y/o político? Revista Frónesis V .11 No. 2, Caracas, Agosto.

http://laeconomia.com.mx/fobaproa/

http://ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2017/paquete/egresos/Proyecto_Decreto.pdf

http://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/dan-a-conocer-secretarias-desfalcadas-por-14-mil-mdp-de-veracruz-309169/

https://www.youtube.com/watch?v=Wut8XF07CM4

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/20/1117857

http://www.semana.com/mundo/articulo/la-increible-historia-del-negro-durazo/7638-3

http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/08/01/sct-amplia-recursos-concesion-ohl

http://www.jornada.unam.mx/2004/05/20/022n1eco.php?origen=economia.php

https://www.kpmg.com/MX/es/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/DE2008/reporteFRAUDE.pdf

http://www.sinembargo.mx/07-10-2016/3101459

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