La corrupción cede en España
La presión social, la actuación judicial y las reformas legislativas están consiguiendo embridar un fenómeno que había llegado a alcanzar cotas preocupantes. Así se desprende de un mapa de la corrupción del Consejo General del Poder Judicial que detalla los procedimientos abiertos y las sentencias dictadas.
El Consejo General del Poder Judicial viene publicando en su web un mapa de la corrupción que detalla los procedimientos abiertos y las sentencias dictadas. Es una herramienta destinada a los ciudadanos que, adoleciendo de insuficiencias informativas, ofrece suficientes datos interesantes. De su lectura se deduce que la presión social, la actuación judicial y las reformas legislativas, están consiguiendo embridar un fenómeno que había llegado a alcanzar cotas preocupantes.
También se deducen otros motivos de preocupación, como la enorme diferencia entre el número de personas imputadas o investigadas y el número de las que finalmente son procesadas. Las primeras soportan durante años una pena de oprobio público, en ocasiones con perjuicios personales o profesionales, similar al sambenito inquisitorial. Su sacrifico sirve sólo a una especie de catarsis colectiva. Se cumple la ley pero no se hace justicia.
Durante los dos últimos años el conjunto de los tribunales españoles enjuició a 2.228 personas a través de 355 procedimientos distintos
Lo que conocemos como corrupción, a efectos del Código Penal se tipifica en una decena de delitos diferentes. Durante los dos últimos años el conjunto de los tribunales españoles enjuició a 2.228 personas a través de 355 procedimientos distintos. En paralelo dictó 89 sentencias de las que un tercio fueron totalmente absolutorias. De las personas condenadas, sólo la quinta parte, 82, permanecen en prisión pues los restantes condenados recibieron penas inferiores a dos años.
De nuevo aparecen hechos preocupantes. La distancia entre el número de procedimientos en curso y los que fueron objeto de sentencia se debe a la lentitud procesal, contra la que se estrellan todos los Gobiernos luego de haberse comprometido a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por otra parte el enorme revuelo mediático que sobre esos procedimientos recae desde el comienzo de la crisis económica, no tiene reflejo en el número de penas de prisión efectivas. De nuevo cabe preguntarse si una instrucción judicial más rápida contribuiría a aquilatar cuanto antes el número de investigados y el número de procesados.
Corrupción. / Manel Vizoso
Parte de las instrucciones judiciales tiene su origen en denuncias de la oposición política correspondiente, que por sí o por persona interpuesta, continúa en los órganos judiciales el debate político
No se puede olvidar que una parte de las instrucciones judiciales tiene su origen en denuncias de la oposición política correspondiente, que por sí o por persona interpuesta, continúa en los órganos judiciales el debate político. Es una tergiversación clara de la política que desgraciadamente se ha generalizado. Unos y otros saben que la presunción de culpabilidad puede tener efectos de desgaste en quienes son acusados y eventualmente los puede eliminar de la vida pública antes de que se dicte sentencia. En ocasiones se riza el rizo como está aconteciendo con los casos de corrupción que afectan al Gobierno Rajoy, objeto de investigación parlamentaria durante las mismas fechas en las que se desarrollan las vistas judiciales. El esperpento ha obligado al Presidente del Tribunal Supremo a dirigirse a las Cortes señalando distintos extremos básicos para la independencia judicial.
Tras la conmoción provocada por casos como Nóos, Gurtel, las Cajas de Ahorros, los Gobiernos de Valencia, Madrid o Baleares, o los EREs de Andalucía, las instrucciones correspondientes están llegando a la fase de juicio oral sin que los nuevos casos conocidos alcancen la relevancia de los ya citados. Corresponde aplicar lo que hemos aprendido en nuevas medidas preventivas y también en procedimientos judiciales más ágiles y efectivos.
