La corrupción del caso Odebrecht genera un terremoto político en Perú

La delación que hizo la constructora brasileña Odebrecht, en diciembre pasado, a la justicia norteamericana de haber pagado 29 millones de dólares a funcionarios estatales para obtener obras públicas entre  el 2005 hasta el 2014 en Perú, fue la punta del iceberg del terremoto político y financiero más grande que, sin duda, se haya vuelto a recordar desde que cayera el régimen dictatorial de Alberto Fujimori en el año 2000.

Esta semana, la orden de captura y la posterior prisión preventiva del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) por haber recibido una coima de 20 millones de dólares de Odebrecht, ha sido un duro golpe mediático de lo que podría esperarse en cuanto a futuras detenciones de orden político con más peso porque, como se recuerda, las administraciones de otros exmandatarios como Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016) también se encuentran comprometidas.

Los expresidentes peruanos Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo se encuentran en el ojo de la tormenta. / Twitter.

En los últimos días de enero, los primeros capturados sobre este esquema de sobornos fueron los exfuncionarios de la segunda gestión aprista como Edwin Luyo, Miguel Ángel Navarro, Jorge Cuba y Jessica Tejada. Todos involucrados en las coimas de las licitaciones de los tramos 1 y 2 del Metro de Lima.  De antemano, estos personajes son calificados por el Ministerio Público de Perú de ‘coimeros de menor rango’  porque, se estima, existirían mayores responsabilidades de otros funcionarios que llevaron la obra.

El ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, quien albergó a los mencionados personajes, es sindicado como el responsable político de este escándalo. Por el momento, el expresidente García no ha sido involucrado para nada pese a que investigaciones periodísticas han revelado que personajes de su entorno como el diputado Javier Velázquez Quesquén y Oswaldo Plasencia, tuvieron nexos con Odebrecht. Inclusive existen fotos, donde el líder del Apra esta junto a Jorge Barata, ex representante de la empresa en tierras peruanas.

Por otro lado, en el caso de Ollanta Humala (2011-2016), la situación podría complicarse. Sin un partido político que lo represente en el Congreso, ni personalidades que lo defiendan ante los medios de comunicación, los cuestionamientos a su gestión se centran en el Gasoducto Sur Peruano, una obra adjudicada a Odebrecht pero que fue cancelada por el presente gobierno de Pedro Pablo Kuczynski al no cumplir con el plazo de su cierre financiero  y sin un crédito para llevarlo adelante el proyecto.

En este contexto, el titular de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, Reynaldo Abia, dispuso abrir investigación contra su esposa y ex primera dama Nadine Heredia, su ex asesor Martín Belaunde Lossio, sus ex ministros Luis Miguel Castilla (Economía) Milton von Hesse (Vivienda), y Juan Manuel Benítez Ramos (Agricultura) por este tema. No resultaría nada raro, entonces,  que el otrora líder del nacionalismo también sea incluido en las pesquisas judiciales pese a que tiene la potestad del antejuicio político.  

También se debe recordar la información que brindará el periódico brasileño ‘Folha de Sao Paulo’, sobre que Humala recibió 3 millones de dólares de Odebrecht para financiar su campaña electoral del 2011.

A todo ello, ¿ cuál ha sido la reacción de la ciudadanía? Una rechazo total a la supuesta corrupción que se habría dado en los gobiernos pos proceso de la dictadura de Alberto Fujimori, que por cierto también Odebrecht tuvo contratos millonarios pero que, salvo La República y portales como IDL-Reporteros, Convoca y Ojo Público, ningún otro medio ha profundizado en una investigación hacia ese régimen.  

Para la próxima semana, el jueves 16,  se ha convocado a una marcha en Lima con el objetivo de exhortar a las autoridades que no blinden a nadie en este esquema de sobornos de Odebrecht. Un pedido que se espera sea escuchado dado que en el Perú, lamentablemente, los delitos se olvidan rápidamente.