Contra la corrupción, buen gobierno y buena administración
En el Día Internacional contra la Corrupción hay que recordar que el derecho de los ciudadanos a la buena administración y al buen gobierno no solo es una realidad, sino un derecho recogido para todos los ciudadanos europeos en la Carta Europea de Derechos fundamentales.
Buen gobierno y buena administración. Son dos conceptos que pueden parecer muy evanescentes para el conjunto de la sociedad, pero no son sino herramientas de prevención de la corrupción. Pero si bien en todo sistema democrático la relación entre buen gobierno y buena administración es inescindible,la distinción entre los niveles de gobierno y administración también constituye una premisa básica en un Estado de Derecho para no “secuestrar” el aparato administrativo, a modo de “spoil system”. Buen gobierno que adquiere diferentes matices y dimensiones, entre las que destaca, por su relevancia, la dimensión económica, pues si algo tenemos que tener claro es el elevado coste que el mal gobierno, la corrupción, tiene para la gestión pública y para la sociedad.
Como señalaba el Premio Nobel de economía Douglass C. North, el dilema fundamental para explicarse el éxito o el fracaso de las sociedades se produce en el conflicto entre eficiencia económica y el egoísmo de los gobernantes, de tal modo que, cuando el interés propio de los gobernantes se sitúa por encima de la eficiencia y del progreso económico, los resultados son nefastos para el crecimiento económico y el bienestar social. Interés propio que puede tener múltiples manifestaciones pero siempre la misma consecuencia, la desviación del servicio al interés general.
Porque no debemos olvidar que este buen gobierno pasa por la adecuada provisión de bienes y servicios a los ciudadanos, en desarrollo de las competencias legalmente asignadas, para la ejecución de las políticas públicas, y para todo ello es necesario contar con los medios económicos. Y ello es así porque la adecuada prestación de los servicios públicos exige esa buena administración que permita su correcta gestión, en términos de calidad, eficacia y eficiencia, para evitar el deterioro de los servicios públicos como consecuencia del deterioro de la integridad y la ética en las instituciones públicas.
La rendición de cuentas (accountability) aparece como un elemento fundamental porque permite evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos y actuaciones programadas y presupuestadas. Esa rendición de cuentas que va más allá del voto en urna cada 4 años, control real. El conocimiento y publicación de los costes reales de cada actuación y política pública, y la apertura de la gestión pública a la sociedad, permite a la ciudadanía y demás agentes sociales y económicos conocer los resultados de la gestión y constituye una vía eficaz para prevenir la corrupción. Porque la corrupción tiene un claro impacto en la calidad de los servicios públicos, y, en algunos casos en su desaparición o falta de prestación. No faltan ejemplos.
En el Día Internacional contra la Corrupción –el 9 de diciembre por decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas– hay que recordar que el derecho de los ciudadanos a la buena administración y al buen gobierno no solo es una realidad, sino un derecho recogido para todos los ciudadanos europeos en la Carta Europea de Derechos fundamentales y demandado por la sociedad, con especial intensidad tras la crisis económica y la derivada desafección política en relación con el funcionamiento de las instituciones, la corrupción es la antítesis, es el mal gobierno llevado a sus máximas consecuencias.
En el cuarenta aniversario de nuestra Constitución que proclama expresamente la buena administración, conviene recordar que la apelación al buen gobierno como principio rector del funcionamiento de la administración no es una nueva necesidad, la Constitución de Cádiz contemplaba ya en el año 1812 expresamente la referencia al buen gobierno, cuando señalaba en su breve preámbulo que «las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española () decretan la siguiente Constitución política para el buen gobierno y recta administración del Estado».
Más de doscientos años después el buen gobierno y la buena administración siguen siendo un derecho fundamental de todos y una vía eficaz para prevenir y luchar contra la corrupción, y no hablamos de derechos evanescentes, pues las previsiones de los estudios más recientes contemplan que una mejora en la calidad institucional de las instituciones públicas podría suponer, en quince años, la elevación del producto interior bruto nacional (PIB) per capita un 16%. Casi nada. @mccamposacunha en @mundiario
