El coronavirus saca a la provincia de la UCI

Mapa político de España.
Mapa político de España.
Mira por dónde, la crisis del coronovirus reeanima la provincia, la saca de la UCI, la empodera, como se dice ahora. La decisión, como era de esperar, levanta recelos entre nacionalistas y autonomistas por el trascendente papel que le asigna en un contexto de máxima gravedad.
El coronavirus saca a la provincia de la UCI

Parece excesivo considerar que la decisión del Gobierno de elegir la provincia como unidad territorial base para el desconfinamiento constituya una grave involución política con afán recentralizador, como denuncia un manifiesto que reivindica la revolución gallega de 1846, la de Antolín Faraldo, contra el provincianismo que negaba la existencia de Galicia como realidad cultural, social y política. Pero sí que es muy discutible desde el punto de vista de la racionalidad y hasta del sentido común. Dado que por municipios o comarcas sería mucho pedir, en el caso de Galicia y de otras comunidades se propone como razonable alternativa desescalar por áreas o zonas sanitarias, algunas interprovinciales, que se articulan alrededor de los grandes hospitales de referencia y  que tienen muy en cuenta la disponibilidad de recursos, las distancias, las facilidades de comunicación, etc., que debe ser prioritario en este tipo de crisis. 

La provincia fue un invento del liberalismo decimonónico para, siguiendo el ejemplo francés, vertebrar el estado jacobino. La distribución provincial de España, la promulgada en 1933 por Javier de Burgos, no tenía otra intención que garantizar al poder central el control del territorio nacional mediante la figura de los jefes políticos y de los gobernadores civiles. Se trata de una demarcación administrativa totalmente artificial, convencional, trazada sobre un papel de forma muchas veces aleatoria, y que ni entonces ni hoy responde a las dinámicas democráficas, sociológicas e incluso económicas. Sin embargo, la Constitución de 1978 la consagró como entidad local con personalidad jurídica propia y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado, y le confirió la condición de circunscripción electoral.

Cuando se levantó el edificio del Estado autonómico, muchas voces, no sólo nacionalistas, consideraron que era el momento de plantear si la división provincial seguía teniendo razón de ser, máxime cuando varias provincias se habían convertido en comunidades autónomas. El debate continúa abierto, porque nunca se cerró del todo. Pero ahí siguen, con una administración propia, las diputaciones, que son las que en el fondo justifican la existencia de una unidad territorial que en casi todo lo demás ha dejado de tener sentido práctico, hasta el punto ser considerada por algunos una auténtica antigualla generadora de duplicidades tanto burocráticas como políticas, que menoscaban la eficiencia de la gestión de los recursos públicos.

Mira por dónde, la crisis del coronovirus reanima la provincia, la saca de la UCI, la empodera, como se dice ahora. La decisión, como era de esperar, levanta recelos entre nacionalistas y autonomistas por el trascendente papel que le asigna en un contexto de máxima gravedad. Sin embargo es muy probable que la resurrección provincial no responda a maliciosas motivaciones políticas, sino más bien a la torpeza de aplicar criterios técnicos o prácticos sin el debido conocimiento de las dinámicas poblacionales y de cómo se estructura la atención sanitaria en cada territorio de las Españas. Achaquémoslo al mal de los despachos y los laboratorios, espacios cerrados y aislados, que limitan la perspectiva en la visión de una realidad demasiado compleja. Es el mal que suele aquejar a quienes se sienten investidos de una especial autoridad porque lo contemplan todo desde la privilegiada atalaya del poder central. @mundiario

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