Controversia jurídica sobre el derecho de las menores al aborto en España

"No nos cansaremos de proclamar el derecho de la mujer a ejercer libremente sus derechos reproductivos", señala un comunicado de la Unión Progresista de Fiscales.

Desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF) muestran su enérgico rechazo a la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada el pasado 9 de septiembre por el Pleno del Senado. En primer lugar, porque la forma de proposición de Ley Orgánica elegida por el Gobierno no busca sino soslayar cualquier informe de los órganos consultivos del Estado, persistiendo así en una línea de legislación en solitario, que elude el debate y la búsqueda de un consenso que resulta no sólo deseable sino imprescindible en democracia.

Por otra parte, y ya en cuanto al fondo, la derogación del apartado cuarto del artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2010 obligará a las menores de 16 y 17 años que deseen una interrupción su embarazo no consentida por sus progenitores a acudir a la vía judicial para recabar dicho consentimiento, lo que a buen seguro constituirá un supuesto residual, abocando a las menores a aceptar la voluntad familiar, según un comunicado de la UPF remitido a MUNDIARIO.

Especialmente preocupante será el caso de aquellas menores a las que la actual redacción de la Ley exime incluso del deber de información, por existir un peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o cuando se produzca una situación de desarraigo o desamparo.  La imperatividad de recabar el consentimiento del progenitor en estos casos, obviamente previa comunicación del embarazo, generará un riesgo intolerable para la integridad tanto física como moral de estas menores, cuyo superior interés debería estar en todo caso tutelado. Por todo ello,  la modificación legislativa indefectiblemente fomentará la clandestinidad en la interrupción del embarazo en un colectivo tan especialmente vulnerable como es el de las menores de edad, comprometiéndose así no sólo la salud e integridad física  de las mismas sino incluso su vida, según la UPF.

"No nos cansaremos de proclamar el derecho de la mujer a ejercer libremente sus derechos reproductivos, y de recordar que la forzosa imposición de una maternidad no deseada constituye una forma más de discriminación y de violencia que perpetúa las más arraigadas estructuras patriarcales y machistas, que deben ser proscritas de una vez por todas de una sociedad democrática como la nuestra", razona la UPF.

"En lugar de acudir de manera sistemática a líneas legislativas de corte restrictivo, firmemente creemos que ha de apostarse por políticas de tipo preventivo, que incidan de manera especial en la formación, facilitándose asimismo a todas las mujeres el acceso a los medios anticonceptivos y contraceptivos. El fomento de la natalidad habrá de pasar necesariamente por medidas de carácter social que asistan a las mujeres en su soberana decisión de ser madres, especialmente en los casos de familias monoparentales. Imperativo resulta también tanto el fomento de la conciliación de la vida profesional y familiar, como lucha contra la discriminación laboral por razón del embarazo y la maternidad", concluye el comunicado de la UPF.