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MUNDIARIO

Hay que controlar el virus, no las libertades

Las comunidades han utilizado de manera desviada el cauce procesal de la autorización y ratificación judicial de medidas sanitarias urgentes, como ha sido el caso más llamativo de la Comunidad de Madrid.
Hay que controlar el virus, no las libertades
Isabel Díaz Ayuso. / @IdiazAyuso
Isabel Díaz Ayuso. / @IdiazAyuso

Alfonso Villagómez

Doctor en Derecho.

Desde que empezó la intervención de los poderes públicos por la Covid-19, algunos hemos tenido claro  que lo que había que controlar era el virus y no las libertades y derechos fundamentales. El recurso constitucional al estado de alarma permitió establecer limitaciones a la libertad de circulación, al derecho de reunión y la libertad de empresa, no sin ciertas dudas sobre la viabilidad de las sanciones a imponer por los incumplimientos de los ciudadanos.

Una vez que las comunidades autónomas asumieron la responsabilidad de la lucha contra la pandemia, se ha manifestado con crudeza está patología de los derechos por efecto de las medidas sanitarias adoptadas por los órganos autonómicos. La línea jurisprudencial se está decantando a favor de la legalidad de estas  medidas tomadas por los gobiernos autonómicos, aunque no faltan decisiones judiciales que las han cuestionado.

Las comunidades han utilizado así  de manera desviada el cauce procesal de la autorización y ratificación judicial de medidas sanitarias urgentes, como ha sido el caso más llamativo de la Comunidad de Madrid.

El conflicto entre salud pública y libertades será permanente mientras dure la propagación del maldito virus.

Algunos seguimos pensando que las disposiciones de las autoridades autonómicas no pueden restringir los derechos en sus distintas manifestaciones y contenidos. Por ejemplo,  es evidente que el fumar en la vía pública no es un derecho fundamental pero sí que es una expresión del derecho a la libertad personal. Otras restricciones  son más clamorosamente inconstitucionales   como los límites impuestos al derecho fundamental de reunión o las sanciones ordenadas desde las autonomías infringiendo el principio constitucional de legalidad sancionadora. 

Mientras aún quede un juez dispuesto a proteger sin ambages los derechos y libertades, estaremos seguros de vivir en un Estado social y democrático de Derecho. @mundiario