La transparencia de la Casa Real oculta el patrimonio del rey Juan Carlos
En una monarquía parlamentaria, se impone que las Cortes Generales puedan fijar las cuantías de cada partida y los sueldos, tanto del Rey y de la Reina como los de sus hijos, según su rango.
Se impone que las Cortes fijen las cuantías de cada partida y los sueldos, tanto del Rey y de la Reina, como los de sus hijos, según su rango.
Forzado por la transparencia y las encuestas, el Rey ha ordenado publicar las cuentas de la Casa Real y desvelado las cantidades que reciben los miembros de su familia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Si creen sus asesores que así van a recuperar la maltrecha imagen pública del monarca, van dados: al menos un par de detalles la empeoran.
El más llamativo es que la publicación no vaya acompañada de las declaraciones de IRPF y Patrimonio de don Juan Carlos de Borbón y Battemberg, a quien informaciones periodísticas (nunca debidamente desmentidas) le atribuyen una fortuna personal cuyo tamaño sería difícil de explicar de ser cierto que sus regios padres no anduvieron muy sobrados de numerario durante sus largos años en el exilio y poco pudieron dejarle a su muerte. Aunque la ley no se lo imponga, sería aconsejable que las mostrara para evitar que el silencio confirme su veracidad y dé pábulo a conjeturas maliciosas.
Causa malestar saber que el Rey pagó con dinero de su asignación anual 165.188’22 euros que suman las facturas de las intervenciones quirúrgicas a que hubo de someterse en 2013. Mal estuvo que, teniendo fama la sanidad pública española de ser de las mejores del mundo, el Jefe del Estado dé la impresión de que desconfía de su competencia y prefiere ser tratado en las clínicas privadas; pero merecería menor critica si no hubiera cometido la imprudencia de pasar los costes de sus elección a unos contribuyentes a los que la Administración ordena no enfermar por mor de reducir el gasto sanitario.
Salta a la vista que el sistema que se sigue ahora de transferirle a La Zarzuela una cantidad global para que el rey distribuya según su criterio no parece acertado, porque implica dejación de funciones e impide todo control. Se impone que las Cortes Generales fijen las cuantías de cada partida y los sueldos, tanto del Rey y de la Reina como los de sus hijos según su rango y grado de dedicación a los trabajos de representación oficial.
Las llamadas del Rey a la ejemplaridad ética de las instituciones y las personas que las ocupan serán creíbles cuando se someta a los procedimientos normales en otras monarquías parlamentarias. El Príncipe de Asturias se lo agradecería el que más.
