El Constitucional peruano decidirá el último choque entre el Gobierno y la oposición
La crisis política en Perú tendrá su último capitulo en el Tribunal Constitucional. Desde que el presidente peruano, Martín Vizcarra, decidiera disolver constitucionalmente el Parlamento el pasado 30 de setiembre, la oposición -personificada en el fujimorista Fuerza Popular y el Partido Aprista- ha recurrido a dicha corte para volver a tener la protección de las investigaciones por corrupción que les avecinan a varios de sus integrantes.
Pedro Olaechea, empresario elegido por los votos del fujimorismo y el aprismo para ser el titular del Congreso, presentó hace dos semanas una demanda ante el Constitucional para dejar sin efecto la disolución parlamentaria hecha por el Ejecutivo y también bloquear la convocatoria a nuevas elecciones legislativas en enero del 2020. El actual presidente de la Comisión Permanente del Parlamento ya había recurrido a otra vía a fin de inclinar la balanza.
Luego de que su elección provocará el cierre de la Cámara, el jurista Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo de Olaechea, presentó requerimientos ante el Constitucional para ser oficializado como su nuevo integrante. Su nombramiento resultaba clave para la oposición: este letrado se iba a sumar a otros magistrados afines al fujimorismo y el aprismo. Sin embargo, la presión ejercida en los últimos días no obtuvo el resultado esperado.
Este jueves, el pleno del tribunal rechazó los pedidos de Ortiz de Zevallos por amplía mayoría. Fueron cinco contra dos votos. A esta derrota para la oposición, también se designó al magistrado que evaluara si se admite o no la demanda del presidente de la Comisión Permanente del Congreso. El próximo 29 de octubre será la fecha donde se conocerá la decisión final.
A partir de este contexto, hay varios escenarios en este choque de poderes entre el Ejecutivo y el Parlamento. Si bien Vizcarra apeló al articulo 134 de la Constitución, que lo faculta como presidente a cerrar la Cámara si se le niega la cuestión de confianza a dos gabinetes y convocar a nuevas elecciones congresales, existen cuestionamientos sobre la interpretación hecha de dicha prerrogativa por parte del mandatario.
Desde la promulgación de la nueva Constitución en 1993, resulta la primera vez que un presidente recurre a este articulo para acabar con un bloqueo político. De acuerdo a la carta magna, la Comisión Permanente solo queda en funciones tras la disolución de la Cámara. Pero se quedan por unos meses. En este caso, en marzo del 2020 asumirán los nuevos congresistas para completar el periodo hasta julio del 2021.
Demanda en debate
“El congresista Olaechea, porque no es presidente del Congreso, y el abogado que firma no tiene capacidad procesal porque no es procurador del Estado para firmar una demanda de conflicto de competencia por lo que se calificaría como una usurpación de funciones”, dice César Landa, ex presidente del Constitucional peruano a MUNDIARIO.
Según el destacado constitucionalista, la demanda del titular de la Comisión Permanente “no tienen legitimidad procesal”. La misma apreciación es compartida por el abogado Omar Cairo. “El competencial sirve para resolver controversias entre órganos que están funcionando, no para corregir actos de control político que realicen el Congreso y el Ejecutivo", ha señalado.
"Según el artículo 109 del Código Procesal Constitucional, requiere la aprobación del pleno del Congreso. Y esta no lo tiene, por lo tanto, es improcedente", sentencia. En medio de esta incertidumbre, la decisión sobre el hábeas corpus que busca anular la prisión preventiva de la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos y que ha cumplido un año en una cárcel en Lima, también genera expectativa. Los próximos días serán fundamentales para definir la estabilidad política del Perú. @mundiario
