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El Constitucional avisa de las consecuencias de no seguir sus resoluciones

El presidente del Govern y del Parlament catalán, así como la Mesa de éste, son obligados a cumplir los dictámenes que lleguen desde Madrid.
El Constitucional avisa de las consecuencias de no seguir sus resoluciones
Quim Torra, presidente de Cataluña. / Twitter
Quim Torra, presidente de Cataluña. / Twitter

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Héctor Antonio Morales

Héctor Antonio Morales

El autor, HÉCTOR ANTONIO MORALES, es colaborador de MUNDIARIO. Se formó en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. @mundiario

De forma unánime, los 12 magistrados del Tribunal Constitucional han lanzado una advertencia al Gobierno de Cataluña ante la rebeldía de éste. El tribunal ha recordado al presidente del Parlamento autonómico y a los miembros de la mesa de éste que deben impedir "cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir" sentencias emitidas previamente por el mismo Constitucional. Este recordatorio también incluye la advertencia de posibles consecuencias penales si el Legislativo catalán no lo sigue y llega justo en la víspera de la sentencia del juicio del procés que deberá dictar próximamente el Tribunal Supremo. Los partidos independentistas ya anunciaron recientemente en la Cámara de que responderán con "desobediencia institucional y civil" si se termina condenando a los procesados.

El Constitucional admitió a trámite la solicitud del Gobierno central de anular varios apartados de una resolución aprobada en julio por el Parlament y en la que incluso se planteaba una reprobación a Felipe VI y se defendía el ejercicio del derecho de autodeterminación. No obstante, la medida del alto tribunal no representa solamente suspender de forma momentánea los preceptos bajo sospecha, sino que también alcanza al presidente, secretario general e integrantes de la Mesa, como pidió La Moncloa, para advertirles de que están obligados a impedir cualquier iniciativa que suponga pasar por alto esta nueva decisión del Constitucional o sus sentencias previas.

En tres providencias fechadas para este 10 de octubre, los magistrados aceptan a trámite la iniciativa que ya anunció el Consejo de Ministros el viernes de la semana pasada, cuando el Ejecutivo decidió no recurrir de nuevo contra la resolución de la Cámara autonómica, y en lugar de eso pidió una "ejecución de sentencia", al estimar que el Parlamento no cumplía con la resolución varios dictámenes que ya había dado el Constitucional y en los que se abordaban los mismos sucesos. Debido a ello, el Gobierno pidió a los magistrados que también avisaran a los integrantes de la Mesa del Parlament y a Roger Torrent, presidente del mismo, de las consecuencias penales que pueden sufrir si no obedecen.

Los magistrados notificarán en persona a Torrent, así como Xavier Muro, secretario general, y a los miembros de la Mesa: Josep Costa, Joan García, Eusebi Campdepadrós, David Pérez, Laura Vílchez y Adriana Delgado. A todos ellos les llegará la advertencia de "su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir", en alusión a la suspensión del 25 de julio. También son recordados de su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir" sentencias que el tribunal ya haya dictado. @mundiario