El Consejo de Estado pide más control sobre los fondos otorgados por la UE
El Gobierno defiende el decreto-ley como una reforma de la administración española para absorber la cantidad de dinero que recibirá de la UE.
El informe del Consejo de Estado muestra su preocupación por la eliminación de mecanismos de control en áreas como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones. El dictamen fue realizado por la Comisión Permanente de esta entidad, el 21 de diciembre de 2020. Examina el expediente del proyecto Real Decreto-ley donde se aprobaron medidas urgentes para modernizar la administración pública y para ejecutar los planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Partido Popular y Ciudadanos acusaron al gobierno de Pedro Sánchez de ocultar el informe. Pablo Casado, líder del PP, exigió explicaciones en el Congreso y recordó que el Decreto fue aprobado por Bildu y Vox, para repartir sin control administrativo ese dinero. El PP considera que el reporte demuestra discrecionalidad y falta de rigor jurídico por parte del gobierno para el control de fondos de la Unión Europea. Casado indicó que recurrirá al Tribunal Constitucional para anular la aprobación del Decreto. Ciudadanos tiene temor que el Gobierno reparta el dinero “a dedo” entre sus “amigos”. Por lo que sugieren crear una agencia independiente para gestionar los fondos.
El decretazo para repartir a dedo los fondos UE sin control parlamentario ni administrativo fue aprobado por PSOE, Podemos, Bildu y Vox.
— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) March 1, 2021
Exigimos la comparecencia del Gobierno para explicar la ocultación hasta hoy del demoledor informe del Consejo de Estado en la campaña catalana
A pesar de todo, el Consejo de Estado señaló que “en su conjunto” merece una opinión favorable debido a que se aprecia el “esfuerzo” realizado por el Gobierno en un plazo corto para lograr una mejor gestión con los fondos europeos. No obstante, insiste en obtener más detalles que expliquen la necesidad de urgencia de las medidas y recomienda que el Decreto-ley se convierta en proyecto de ley. En conclusión, se reclama una revisión cuidadosa de toda la redacción. También exige que se establezca la periodicidad con la que el Gobierno debe comparecer en el Congreso para rendir cuentas sobre la marcha del plan. El Decreto-ley busca la simplificación de trámites a costa de reducir los mecanismos de control lo cual no es acertado. Se debe garantizar una asignación correcta de los fondos y ajustarla al marco presupuestario.
Oportunidad histórica
El Consejo de Estado admite que España se encuentra ante una “oportunidad histórica” por la posible inyección de 140.000 millones de euros, pero advierte que para lograr que sea un éxito debe mantenerse un control de la asignación de fondos y su vinculación a los fines para los que fueron concedidos. En última instancia, el órgano asesor del Gobierno dio aprobación al Decreto-ley siempre que se atiendan sus recomendaciones.
