El Congreso pone bajo la lupa las pulseras antimaltrato: el giro de última hora del PSOE
El cambio de posición del PSOE, que pasó del rechazo inicial a la abstención en el último momento, marcó el desarrollo de la votación. Según fuentes socialistas, la decisión se tomó tras “una lectura detallada” del texto, que consideraron “asumible”, aunque reconocen internamente que la polémica sobre las pulseras telemáticas ha causado un notable desgaste político al partido. La medida, de carácter no vinculante, implica que el Parlamento pida al Ejecutivo evaluar la eficacia del sistema de control y analizar el impacto de la pérdida de datos en procesos judiciales.
Desde el PP, la diputada Marta González defendió la propuesta recordando que “cada dispositivo que falló, cada alerta que no funcionó y cada mujer que vivió aterrorizada por un sistema que tiene que protegerla merece respuestas y disculpas”. La parlamentaria acusó al Ministerio de Igualdad de actuar “desde la opacidad, la ocultación y la mentira”, y reclamó la dimisión de su titular, Ana Redondo, aunque la petición no figura en el texto aprobado.
La formación morada se mantuvo como el único grupo que votó en contra de la auditoría. La diputada Martina Velarde defendió con firmeza el sistema implantado durante la etapa de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad y calificó de “absolutamente falso” que existan fallos estructurales. “El problema real no es técnico, sino de infrautilización: hay 11.000 dispositivos disponibles y solo 4.000 en uso”, argumentó.
El contraste con la abstención de sus antiguos socios de Sumar y del propio PSOE refleja la creciente distancia política entre Podemos y el Ejecutivo. Para la formación de Ione Belarra, la ofensiva del PP responde a una estrategia de desgaste contra las políticas feministas y el legado de Igualdad.
Una auditoría simbólica pero políticamente significativa
El debate estuvo marcado por los reproches entre partidos. Desde el PSOE, la diputada Andrea Fernández acusó al PP de “instrumentalizar” los fallos del sistema y de propagar “imprecisiones” que generan alarma social. En particular, desmintió la afirmación de que las pulseras se puedan comprar en AliExpress: “están fabricadas expresamente para ofrecer este servicio, valoradas en 690 euros, se ha enseñado la factura y están hechas en una empresa radicada en Barcelona. Es vergonzoso lo que ustedes hacen”, subrayó.
Los socialistas insistieron en que los fallos se debieron a un “problema puntual de migración de datos” entre las empresas contratistas —de Telefónica a Vodafone— y que no existen indicios de sobreseimientos judiciales por esta causa. Sin embargo, el PP rechaza que “esta grave negligencia se cierre en falso”.
La propuesta aprobada no tiene efectos jurídicos obligatorios, pero su impacto político es evidente. En septiembre, el Congreso ya había reprobado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por su gestión de la crisis, y la nueva votación refuerza la presión sobre el Gobierno para ofrecer explicaciones adicionales.
El texto insta al Ejecutivo a realizar una auditoría técnica, operativa y judicial independiente del sistema de control telemático, así como a evaluar las consecuencias de la pérdida de datos en los procesos judiciales afectados y a acreditar la solvencia de las empresas implicadas.
Aunque la iniciativa carece de efectos ejecutivos, su aprobación evidencia un consenso transversal —con el apoyo de PP, Vox, UPN, BNG, Coalición Canaria y el exministro socialista José Luis Ábalos— en torno a la necesidad de esclarecer los fallos. El giro de última hora del PSOE evitó un nuevo choque directo con la oposición, pero dejó patente la incomodidad interna que sigue generando un caso que, más allá del plano técnico, se ha convertido en un símbolo de la fragilidad política del Ministerio de Igualdad y de la tensión latente en el bloque de Gobierno. @mundiario