Comisiones, escándalo y tres años de investigaciones: las claves del caso Juan Carlos I
Las investigaciones abiertas contra Juan Carlos I cumplen más de tres años en el ámbito judicial. Debido a la condición de aforado del rey emérito, las pesquisas sobre su fortuna y los presuntos cobros millonarios de comisiones internacionales han pasado por la Audiencia Nacional y por la Fiscalía Anticorrupción, antes de recalar en la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ha centrado las indagaciones en tres diligencias de investigación diferentes “con sus derivadas tributarias”.
El organismo ha explicado que "esta investigación se centra, precisamente, en establecer o descartar la relevancia criminal de los hechos que ocurrieron después de junio de 2014", fecha en la que Juan Carlos I abdicó en favor de su hijo Felipe VI y, por ende, dejó de estar protegido por la inviolabilidad que la Constitución española reconoce al Jefe del Estado.
El escándalo que dio origen a la investigación
Para entender el punto en el que se encuentran las investigaciones actualmente, resulta preciso repasar algunos datos:
El escándalo estalló en 2018, a raíz de unas grabaciones entre el excomisario de policía José Manuel Villarejo y Corinna Larsen, examante de Juan Carlos I, en las que ésta lo acusaba de cobrar comisiones millonarias, unos 65 millones de euros específicamente, por la adjudicación a empresas españolas de las obras de AVE a la Meca, la línea de ferrocarril de alta velocidad que conecta las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí.
En septiembre de ese mismo año, el exjuez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, sobreseyó provisionalmente esta línea de la denominada pieza Carol, al considerar, en acuerdo con los fiscales, que los indicios que aportaban dichas grabaciones eran “extremadamente débiles”. El magistrado, además, defendió otra clave: de ser cierto el supuesto pago de comisiones por dicha obra, la operación habría tenido lugar antes de la abdicación del ahora rey emérito, que entonces tenía inmunidad legal.
La Fiscalía Anticorrupción -que dirige Alejandro Luzón- también archivó provisionalmente esa causa, pero anunció que abriría diligencias de investigación por un presunto delito de corrupción en transacciones internacionales. En marzo de 2020 y ante el avance de las investigaciones de Anticorrupción, el ministerio público decidió trasladar a la Fiscalía del Tribunal Supremo.
“La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación derivada de las Diligencias de Investigación nº 38/2020 de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, al resultar de las mismas que una de las personas involucradas en los hechos investigados era el entonces Rey, hoy Rey Emérito, D. Juan Carlos de Borbón”, señaló la entidad entonces en un comunicado.
Juan Carlos I. / Mundiario
Las investigaciones abiertas actualmente
Las primeras investigaciones descubrieron indicios que apuntaban a presuntos delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencia y delito fiscal por parte del rey emérito. Ahora, las pesquisas se han derivado en tres diligencias de investigación diferentes, con el objetivo de seguir los movimientos del dinero que manejó Juan Carlos I dentro y fuera de España:
> Donaciones al rey emérito. La primera diligencia contra el emérito está centrada en un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de capitales (Sepblac), en el que la Unidad de Inteligencia Financiera de España, alertó sobre seis transferencias que el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, residente en el Reino Unido y fundador del grupo de inversión BK Partners, realizó a nombre de Nicolás Murga Mendoza, excoronel del Ejército del Aire, y ayudante de Juan Carlos I, entre los años 2017 y 2018.
Parte de estos pagos fueron transferidos a cuentas de titulares de la familia real o a personas cercanas a su entorno, detalla El País. En declaraciones a la Fiscalía, el empresario ha asegurado que los pagos correspondían a “donaciones” al rey emérito.
> Fundación Zagatka. La segunda línea de investigación está relacionada con Fundación Zagatka, fundada en 2003 por Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano de Juan Carlos I, quien le sufragó gastos de vuelos privados: más de ocho millones de euros en vuelos privados de Juan Carlos I y otros tres millones en vuelos de Corinna Larsen, que terminó devolviendo la suma a requerimiento de Orleans.
El emérito figuraba como tercer beneficiario en el supuesto que Orleans y uno de sus hijos fallecieran y en cuarto y quinto lugar aparecían Felipe VI y sus hermanas. Ante el escándalo, la Casa Real anunció la renuncia de Felipe VI a cualquier herencia de su padre y la retirada a este de su asignación económica.
> 10 millones en Jersey. La tercera investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo se centra en otro movimiento descubierto por el Sepblac: un trust que habría permitido a Juan Carlos I mover 10 millones de euros escondidos en la isla de Jersey. El entorno del rey emérito niega relación con estos depósitos.
Presunto delito fiscal
Este viernes el caso ha sumado un nuevo capítulo: de acuerdo con El País, Hacienda ha remitido al palacio de La Zarzuela dos requerimientos para que le facilite todos los pagos que la Casa del Rey ha hecho a Juan Carlos I desde su abdicación en junio de 2014 hasta 2018, en el marco de la inspección que lleva a cabo la Agencia Tributaria por indicios de un presunto delito fiscal que investiga la Fiscalía; y que se inició después de que Juan Carlos I presentara ante Hacienda dos regularizaciones voluntarias.
El organismo, además, ha enviado solicitudes de asistencia jurídica internacional a las autoridades judiciales de varios países, entre otros Suiza y Arabia Saudí, con la mira puesta en recabar la información y documentación necesaria para avanzar en la investigación.
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El diario El Mundo ha publicado el contenido de una comisión rogatoria librada el pasado 24 de febrero a las autoridades de Suiza, en la que se asegura que Juan Carlos I cobró “comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales”. La solicitud añade que la Fiscalía tiene “elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de investigación tienen procedencia ilícita”. Y apunta a cuatro posibles delitos cometidos por el emérito: blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias.
Las investigaciones pueden concluir en el archivo o en la presentación de una querella criminal, en el supuesto de que se acrediten los indicios de delito investigados.
Audiencia del Rey a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado García, que le ha hecho entrega de la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado. @fiscal_es
— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) September 3, 2021
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Presunción de inocencia
Por su parte, el abogado del rey emérito, Javier Sánchez-Junco, ha denunciado que las “graves afirmaciones” de la Fiscalía han “vulnerado la presunción de inocencia de Juan Carlos I”. “En esa comunicación a las autoridades suizas se contienen graves afirmaciones e imputaciones de conductas que se realizan, a nuestro juicio, sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación, estando contradichas por otros hechos de los que nada se dice”, argumenta el letrado. @mundiario
