Piden a Santos que clarifique la situación de las cajas de compensación familiar

En Colombia, hace un poco más de cincuenta años se creó un mecanismo de compensación, con destino a los trabajadores que devengaban los salarios más bajos, para aliviar las cargas económicas que implicaban el nacimiento, crianza, educación y formación de sus hijos, legalizado luego como una prestación social de obligatorio pago, dando vida a unas entidades hipotéticamente denominadas "sin ánimo de lucro"  (ESAL) conocidas como cajas de compensación familiar (CCF).

"La idea fue genial y el propósito mucho más; inicialmente funcionó de maravilla, pero al paso del tiempo se degeneró; los directivos y consejeros 'fabricaron' sus propias leyes y normas y el Congreso las legalizó y terminó legislando para ellos", explican a MUNDIARIO desde la Asociación Nacional de Afiliados a las Cajas de Compensación Familiar, creada en 1994 y cuyo representante Orlando Rodríguez Gómez asegura haberse visto "acusado, juzgado y condenado", al tiempo que "silenciado, arruinado y torturado mental, psicológica y anímicamente".

Ahora, con la perspectiva del tiempo, Orlando Rodríguez Gómez echa de menos tanto el "vendaval” de 1994 de publicaciones, titulares y artículos de prensa nunca antes visto, respecto a las irregularidades denunciadas, como a la investigadora empeñada en sacarlo todo a la luz pública, la periodista colombiana Clara Inés Rueda Gómez, que murió en abril de 2003 "en circunstancias tan extrañas como confusas y nunca esclarecidas".

Según su relato, las pocas medidas que en alguna forma favorecen a esos trabajadores y sus familias son "flagrantemente violadas", afectando a niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, discapacitados, etcétera. "Eso -opina- es hacer pan para los pobres y luego quitárselo de la boca, pero hacerle creer al país y al mundo que se está haciendo la  'gran obra'”.

Para la Asociación Nacional de Afiliados a las Cajas de Compensación Familiar, el sistema funciona como "un complot de privados", amparados en su poder, posición dominante y superioridad de condición "más el aval del Estado y los gobernantes", para "discriminar y vulnerar" otros derechos fundamentales de esta asociación y de esos trabajadores pobres y sus familias, causando un macro–fraude económico y social, "en el que el país mismo resulta afectado", explican.

"Nos convierten -denuncian- en víctimas de la desinformación y la publicidad engañosa, haciéndonos ver a nuestros victimarios no solo como transparentes, sino como generosos y bondadosos".

La Asociación Nacional de Afiliados a las Cajas de Compensación Familiar abandera la lucha contra la corrupción en el país que preside Juan Manuel Santos y exige investigar y resolver los problemas que denuncian. Supuestamente, existe a su juicio una trama de directivos, consejeros y ONGs.