4 claves sobre el futuro judicial de Puigdemont

La justicia alemana ha decidido extraditar a España al expresidente catalán Carles Puigdemont. La decisión del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein deja más dudas que certezas al aire. El motivo de la medida es el delito de malversación por los gastos del procés y no por rebelión, por lo que ahora se ha abierto un abanico de posibilidades.

Carles Puigdemont. / Twitter-DW

Veamos algunas claves:

1. ¿Qué ha decidido exactamente el tribunal de Schleswig-Holstein?

De acuerdo con el diario español El País, las autoridades alemanas han dejado claro que no hubo rebelión –el delito más grande con el que cargaba el líder independentista-. En esa línea, los magistrados han decidido este jueves que Puigdemont puede ser entregado a España pero solo por el delito de malversación. “Las acusaciones contra Puigdemont no son equivalentes al delito de alta traición y la perturbación del orden público según la ley alemana”, alega el tribunal. “La magnitud de la violencia necesaria para la alta traición no fue alcanzado durante los altercados”, debido a que “los choques violentos, en particular en centros de votación y contra la Guardia Civil y la Policía Nacional, no adquirieron la dimensión como para amenazar seriamente el orden constitucional español”, agrega.

En el otro extremo, el tribunal si ha tenido en cuenta los argumentos del juez Pablo Llarena sobre malversación. Las autoridades han condenado el uso de fondos públicos para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. “En relación a la malversación, las autoridades españoles han visto comprensiblemente una corresponsabilidad en el empleo de recursos financieros a cargo de fondos públicos”. El veredicto final corresponde a la justicia española.

2. ¿Qué opciones tiene ahora el Tribunal Supremo?
 

Con el movimiento alemán se han abierto 3 opciones, que El País detalla de la siguiente forma:

> Rechazar la entrega si Puigdemont no puede ser juzgado por rebelión. Esto supondría condenar al exmandatario a vivir fuera de España. La cuestión es simple: la justicia española mantendría la orden de detención nacional y el expresidente sería arrestado si entra en el país.

Dentro de esta opción, cabe la alternativa de que el Supremo pueda reactivar la orden de detención europea o internacional si Puigdemont decide cambiar Alemania por otro territorio.

El escenario no es para nada sencillo. La vía implicaría renunciar a juzgar al expresidente, pero a la vez dejaría la puerta abierta al posterior enjuiciamiento de Puigdemont si en el futuro llega a ser detenido en España o en otro Estado miembro.

Esta situación se mantendría al menos durante los 20 años que tarda en prescribir el delito de rebelión, según las fuentes consultadas por El País.

> Aceptar la entrega. La mayor consecuencia de ello es que quedaría sin efecto la suspensión temporal de Puigdemont como diputado ordenada por Llarena esta semana, ya que esta sanción solo aplica para aquellos procesados por rebelión. ¿El resultado? El expresidente catalán mantendría todos sus derechos como parlamentario. Además, existe la posibilidad de que el líder del proces termine pagando penas inferiores a las que podrían afrontar el resto de procesados.

> Acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y forzar a que esta corte determine si Alemania ha aplicado bien la orden europea de detención o no. Esta posibilidad permitiría, además, ganar tiempo para evitar que Puigdemont sea entregado por malversación mientras los miembros de su Govern que se quedaron en España se enfrentan a un delito de rebelión, subraya El País.

3. ¿Cuáles son las diferentes penas por malversación y por rebelión?

De acuerdo con el Código Penal, los jefes de la rebelión pueden enfrentar penas de entre 15 y 25 años de prisión. La sentencia varía en caso de que el alzamiento fuera armado o si bien este se produce “combate entre la fuerza de su mando y los sectores leales a la autoridad legítima, o la rebelión hubiese causado estragos en propiedades de titularidad pública o privada, cortado las comunicaciones telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase, ejercido violencias graves contra las personas”. En el último caso, las penas se elevan hasta los 30 años de prisión.

Con respecto a la malversación, este delito es castigado con hasta 12 años de cárcel en su forma agravada. Una vez más, las sentencias varían, pero esta vez teniendo en cuenta el monto o patrimonio afectado por el delito. En todos los casos comprende la inhabilitación.

4. Y Puigdemont… ¿qué puede hacer?
 

De momento, esperar en Alemania. El expresidente catalán se instaló en junio en algún lugar de Hamburgo o sus alrededores y desde entonces ha extremado las medidas de cautela. Sus abogados han anunciado que el exmandatario recurrirá ante el Tribunal Constitucional alemán para intentar quedar libre de todo delito, incluso el de malversación. @mundiario