Cifuentes pierde a uno de sus hombres de confianza por la trama Púnica

El actual viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Ruiz, ha dimitido formalmente este martes tras haber sido imputado por la trama púnica. Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional encargado de llevar este expediente, ha ordenado este martes por la mañana el registro de su oficina en una piaza separada a la que investiga a Arpegio, una empresa pública de la que Ruiz fue consejero delegado y que está a cargo de gestionar el suelo de la capital. Junto al del ahora exfuncionario, Velasco también giró la orden de registrar otros seis despachos.

Un auto formal de investigación llegó a manos de Ruiz en las primeras horas de este día. El auto iba firmado por el Juzgado Central de Instrucción número 6. Desde el Gobierno vigente de la Comunidad de Madrid se ha apuntado mediante un comunicado que este auto no tiene conexión "a ningún hecho derivado de sus actuales responsabilidades como viceconsejero, sino a actividades desempañadas en los órganos de dirección de Arpegio, durante legislaturas anteriores, coincidiendo con el mandato de Esperanza Aguirre".

Ruiz ha dado un paso al costado como viceconsejero de Medio Ambiente en el equipo de Cifuentes, al igual que el de vicesecretario territorial del PP en Madrid, siguiendo el código de ética de la agrupación en la capital. El documento fuerza a presentar su renuncia a todos aquellos investigados "formalmente por delitos de corrupción o por delitos que por su gravedad causen una especial alarma social".

Arpegio también está bajo investigación por la sospecha de que ésta y la fundación que estaba asociada a su nombre eran solamente un medio de Francisco Granados para consentir a sus amigos y regresar favores. Eldiario.es cita a sus fuentes de la investigación para asegurar que los encargados de las pesquisas buscan información sobre la etapa de Ruiz a la cabeza de esta empresa entre 2008 y 2010, años en que se ordenaron algunas inversiones controversiales.

Dentro de las oficinas registradas junto a la de Ruiz se incluyen las de un despacho de abogados que también están conectados al caso. El juez ha imputado ya a una docena de personas en esta pieza que ha sabido mantener en secreto hasta ahora.

El Gobierno de Madrid ha iniciado el proceso de extinción de Arpegio desde el pasado diciembre, aunque la presidenta salió a zanjar rápidamente que esta investigación implicara explícitamente que la empresa estaba relacionada a casos de corrupción. La Asamblea dedicó varias sesiones de su comisión sobre corrupción a sus irregularidades.

Las sesiones fueron dirigidas al esclarecimiento de si Arpegio no fue más que una fachada para hacer favores a altos mandos del Partido Popular. Ya en su momento Podemos la definió como una "red clientelar" que llegó a derrochar hasta 10 millones de euros entre 2006 y 2011 y que sus únicos criterios para la contratación de personal eran las directrices del exsecretario general de los celestes en la capital, Francisco Granados, así como a las de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Dentro de los empleados vinculados al PP que sacaron tajada de estos contratos está Pedro Gómez de la Serna, exdiputado del PP, quien llegó a cobrar hasta 179.000 euros bajo el concepto de asesorías que no se encuentran registradas en ningún tipo de documento. Una exempleada de Arpegio reveló a Velasco que Granados aprovechaba la fundación satélite de  la compañía para devolver favores.