La CICIG reta a empresarios guatemaltecos con nuevo impuesto anticorrupción

Iván Velasquez, jefe de la CICIG. / elperiódico.com.gt
Iván Velasquez. / ElPeriódico

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), invitó a empresarios para que dejen de apoyar con discursos y aporten recursos para combatir la corrupción en Guatemala.  

La CICIG reta a empresarios guatemaltecos con nuevo impuesto anticorrupción

El Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, manifestó que la corrupción que padecen las instituciones de Guatemala, se concentra tanto en el ámbito público y privado, por lo que a su criterio el sector empresarial debería contribuir a la justicia con recursos, en vez de los discursos de apoyo que han mostrado, desde que desenmascaró la trama corrupta de estructuras que coparon las instituciones del Estado.  

"El sector empresarial debería contribuir a la justicia con recursos, en vez de los discursos", manifestó Iván Velásquez, Comisionado de la CICIG

El brazo investigador más importante de la ONU en Guatemala desató una crisis sin precedentes en las instituciones del Estado, tal cual lo relataba Mundiario en Noviembre pasado, ya que al menos unos 7 casos de corrupción de funcionarios, empleados públicos e intermediarios pusieron a temblar a los intocables a raíz de las investigaciones del ente internacional. Sin embargo, una de las espinas clavadas que tenía la CICIG y por el cual lo criticaba la sociedad, era que no había investigado a empresarios poderosos por el caso conocido como "La Línea" que puso de cabeza a todo un gobierno. 

Pero la historia tomó un rumbo distinto a partir de Noviembre de 2015, en ese entonces Velásquez, más conocido como Iván "el temible" (por hacer temblar a los poderosos), metió la primera piedra incómoda en el zapato de varios empresarios, ya propuso un impuesto transitorio que tuviera como objetivo financiar el combate a la corrupción en Guatemala. Ello porque de acuerdo a informes recientes del ente internacional, al menos un 95 por ciento de los casos en el país centroamericano quedaban impunes. 

La novela de Iván con los empresarios, continuó a partir de Febrero de este año con más capturas ordenadas desde el Ministerio Público, esta vez en contra la empresa Aceros de Guatemala. Este nuevo caso denominado "Defraudación e Impunidad", que no no tiene tanta relación con el caso "La Línea" significó, que en 9 años por primera vez la Comisión comprobó, que altos empresarios estaban implicados en casos de contrabando en las aduanas de los Puertos en Guatemala. 

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La Fiscal General del Ministerio Público y el Comisionado de la CICIG Iván Velásquez han coordinado acciones conjuntas para combatir la corrupción en Guatemala. / ElPeriódico

En 9 años por primera vez la Comisión comprobó, que altos empresarios estaban implicados en casos de contrabando en las aduanas de los Puertos en Guatemala. 

Pero la historia no terminó ahí, ya que aunque los primeros empresarios por corrupción en las aduanas aparecieron, sin duda Velasquez considera que "este flagelo está enraizado en varios sectores de la sociedad, pues el sector empresarial no se salva", ya que es indispensable buscar caminos de mayor contribución con el sistema de justicia, lo que significa dotar de mayores recursos a la justicia, que "hagan que la lucha contra la impunidad o la corrupción no sea simplemente un discurso sino un compromiso”, puntualizó.

La semana pasada la Fiscal General del MP, Thelma Aldana, admitió que la entidad podría dejar de funcionar en agosto si no adecúa la fuente financiamiento para unos 490 millones de quetzales (unos US$64.5 millones), que el Congreso de la República no pudo solucionar al aprobar el presupuesto en Noviembre de 2015, razón por la cual ya pidieron una readecuación al Ministerio de Finanzas (MINFIN) de Guatemala. 

El Ministerio Público podría dejar de funcionar en agosto si no adecúa la fuente financiamiento para unos 490 millones de quetzales (unos US$64.5 millones),

Según el "Estudio Institucional y sobre Gasto Público en Seguridad y Justicia", elaborado por Banco Mundial (BM), que comparaba la inversión en justicia y seguridad de El Salvador en relación al resto de países centroamericanos, determinó que del istmo, la nación que menos recursos destina a este tema es Guatemala, con tan solo un 1.7 por  ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), indicó que la situación es aún peor, pues según las estimaciones que ellos han hecho, la inversión en justicia y seguridad en Guatemala es no mayor al 1.4 por ciento del PIB.

En promedio se estima que, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Honduras, otorgan a justicia y seguridad entre el 2.0 por ciento y 2.8 por ciento de lPIB, por lo que el organismo internacional, recomendó  que el país requiere más de US$ 1,380 millones para mejorar la situación del sistema judicial, al menos hasta el año 2023.

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Las cámaras empresariales, o más conocido como "la patronal" han tenido influencia en la época democrática, sin embargo ahora enfrentan un debate por el tema de crear más impuestos. / Diario La Hora

La carencia de recursos, sino el mal aprovechamiento de estos, por lo cual veía improcedente y poco aconsejable el pensar en crear más tributos, aseguró el sector empresarial organizado. 

De momento el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Cámara de Comercio de Guatemala, no han salido a pronunciarse ante las recientes declaraciones de Iván Velásquez, sin embargo en Noviembre pasado destacaban que el problema no era "la carencia de recursos, sino el mal aprovechamiento de estos, por lo cual veía improcedente y poco aconsejable el pensar en crear más tributos"

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