Choque de interpretaciones sobre la enmienda a la ley de memoria: ¿cambiará el régimen penal?
La interpretación de la enmienda a la ley de memoria pactada entre el PSOE y Unidas Podemos para ajustar la Ley de Amnistía de 1977 divide a los socios del Gobierno. El grupo de Yolanda Díaz defiende que la medida firmada este miércoles abre la puerta a juzgar los crímenes del franquismo, pero los socialistas aseguran que la enmienda no cambiará el régimen penal de 2002 y, en consecuencia, no supondrá ningún cambio efectivo.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado este jueves que el único propósito del texto firmado in extremis y registrado horas antes al límite del plazo en el Congreso es “reafirmar” la Ley de Amnistía de 1977 ―que va a seguir en vigor ― adecuándola a los tratados internacionales, pero partiendo del principio básico de que las leyes penales no pueden aplicarse de forma retroactiva.
“La legislación no puede tocar la legislación penal, es una ley ordinaria, de tal manera que el régimen legal en España es el mismo desde 2002. Nosotros ahora no tocamos nada y cuando entre en vigor no cambiará”, ha puntualizado Bolaños en una entrevista en Onda Cero. “Ningún cambio. Lo que se va a poder hacer cuando entre en vigor la ley es exactamente lo mismo que desde 2002″, ha insistido. Ese año fue ratificado el Estatuto de Roma e incorporado al Código Penal. Así, pues, la discusión ahora gira en torno a si los delitos de lesa humanidad que se han incorporado al Código Penal solo pueden ser juzgados si son cometidos después de 2003 o antes, como establece la justicia internacional. “No podemos establecer una norma en el año 2021 que se aplique a actuaciones que se realizaron en el año 70 o 72″, ha manifestado Bolaños.
UP defiende otra interpretación
Enrique Santiago, secretario general del PCE y negociador de esta enmienda por Unidas Podemos, afirma, sin embargo, que la misma sí tendrá consecuencias jurídicas para la dictadura. A su juicio, el texto pactado podrá orientar una interpretación del Tribunal Constitucional acorde con los principios de la legalidad internacional suscritos por España, pero distinta a la que ha habido hasta ahora, y que ha frenado los intentos de juzgar los crímenes del franquismo.
El experto en justicia internacional sostiene que precisamente para evitar el problema que puede plantear la imposibilidad de la irretroactividad, presente en casi todos los códigos penales occidentales, se han establecido excepciones en la justicia internacional que permiten “que determinado tipo de crímenes de genocidio o lesa humanidad tengan un tratamiento especial que los hace imprescriptibles y que permite juzgarlos, aunque en el momento en que se cometieron no fueran delito según las leyes vigentes en ese país, como sucedía en casi todas las dictaduras”, apunta El País.
La Ley de Memoria Democrática es una ley esencial para la dignidad de nuestra democracia.
— PSOE (@PSOE) November 18, 2021
🤝 Debería contar con un amplio consenso de todas las fuerzas democráticas.
🌹 Félix Bolaños en @MasDeUno #Avanzamos_ pic.twitter.com/ACm0RZstM9
Unidas Podemos defiende esta interpretación. Este miércoles, la líder de Podemos, Ione Belarra, celebraba el cambio “histórico” que, a su juicio, supone la enmienda: “Por primera vez un paso adelante para acabar con la impunidad de los crímenes franquistas. Ningún juez podrá ampararse en la Ley de Amnistía para no investigar crímenes de lesa humanidad”.
La enmienda de PSOE y Unidas Podemos señala que “todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”. Así, el Ejecutivo de coalición pretende forzar una interpretación distinta de dicha norma, con el objetivo de evitar que los crímenes franquistas dejen de ser impunes y, por ende, puedan ser perseguidos en la justicia española.
La discusión jurídica probablemente no llegará a resolverse hasta que el asunto aterrice de nuevo en el Constitucional, que tendría una mayoría progresista a partir de junio de 2022 y con la Ley de Memoria Democrática en vigor. @mundiario
