El choque entre el Gobierno y las autonomías por la cuarentena de los migrantes
Un nuevo frente pone en vilo las relaciones del Gobierno con las autonomías: la situación de los migrantes que deben cumplir confinamiento.
Cuando el peor momento de la crisis ambas instancias sortearon obstáculos para buscar un punto medio de encuentro, ahora las Comunidades quieren liberarse de la carga que significa lidiar con los inmigrantes en pleno auge de los brotes del coronavirus.
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En ese punto, las tres comunidades que reciben más migrantes, Canarias, Andalucía y Murcia, reclaman al Ejecutivo que se haga cargo de las cuarentenas obligatorias para los llegados en pateras. En el caso de Canarias, con un presidente socialista, Ángel Víctor Torres, ha lanzado la advertencia al Ejecutivo de que está al límite de sus recursos.
Paralelamente tanto en Murcia, como en Andalucía se han producido fugas de migrantes en cuarentena. Y en un pueblo de Gran Canaria hubo un intento de revuelta vecinal la noche del miércoles.
El tema se centra en torno a los mecanismos para prevenir casos importados de la Covid-19 publicado el pasado día 25 de julio y que recoge las directrices a seguir ante la llegada en patera de positivos, pero también de sus contactos estrechos.
En el documento la Secretaría de Estado de Migraciones, establece la obligatoriedad de realizar PCR a todos los recién llegados así como el aislamiento de los contagiados y de sus contactos en los lugares que la comunidad autónoma, como autoridad sanitaria competente, considere. El Gobierno considera que es una cuestión sanitaria y en consecuencia debe ser atendida por cada comunidad y no por la oficina de migraciones.
Asimismo, las comunidades afectadas, excluyendo a la Generalitat Valenciana que tiene menos desembarcos y que ha cedido para este fin un hospital de campaña en Alicante, difieren. Ese fin de semana que se conoció el protocolo, Murcia y Andalucía recibieron entre las dos más de 700 personas llegadas en patera y la gestión de su aislamiento acabó en un conato de rebelión institucional.
Murcia llevó la disputa ante instancias de los tribunales, una opción que Canarias no ha descartado si no se alcanza un acuerdo. De hecho, las tres comunidades no rechazan garantizar la cuarentena de positivos que necesiten asistencia hospitalaria, pero el malestar se dirige ante el confinamiento de cientos de personas que dan negativo pero son consideradas contactos estrechos por haber compartido travesía con los positivos.
Para los turistas, el Gobierno de las islas anunció el miércoles que selló un trato para suscribir una póliza para todos los visitantes que viajen a Canarias, ya sean nacionales o extranjeros. Este seguro cubrirá la asistencia en viaje, gastos médicos, repatriación sanitaria y prolongación de estancias por cuarentena para aquellos viajeros que hayan contraído la Covid-19 durante su estancia en territorio canario.
Esa ruta de canaria se reactivó a finales de 2019 y por ella llegan ya más de un tercio de los migrantes que desembarcan en España de forma irregular. Según el Ministerio del Interior, el archipiélago ha recibido en lo que va de año 3.269 personas, casi seis veces más que en 2019 por estas fechas, una cifra que no se veía desde 2008, tras la llamada crisis de los cayucos. La atención a los migrantes se ve afectada por las limitaciones de infraestructura del archipiélago, y por la negativa de Interior de permitir el traslado a la Península de una parte de ellos para descongestionar las islas. @mundiario
