El cese de Illa o la ley de la Corona son debates para ganar tiempo

Felipe VI, princesa Leonor, Infanta Sofía y la reina Letizia. RR SS.
Felipe VI, princesa Leonor, Infanta Sofía y la reina Letizia.

Con los Presupuestos Generales del Estado ya en vigor y mientras se aguarda a la campaña de las elecciones catalanas, Gobierno y oposición crean confusión sobre la agenda política, con la pandemia fuera de control.

El cese de Illa o la ley de la Corona son debates para ganar tiempo

Como si no hubiese problemas urgentes merecedores de atención política y gubernamental, las semanas navideñas han deparado falsos debates cuya única finalidad es ocupar el tiempo hasta que se inicie la batalla electoral de Cataluña. En ésta el Gobierno se juega la estabilidad pero la oposición también se juega el peso de cada uno de sus elementos. Si para el Gobierno el objetivo es impedir la mayoría de Puigdemont y de su partido JxCat, mediante la mayoría de ERC con apoyo del PSC e incluso participando del Gobierno, para la oposición se dirime cuál es la primera fuerza así como el grado de deterioro de Ciudadanos.

En esa clave se han abierto dos debates esotéricos. En primer lugar sobre la dimisión inevitable, del ministro Illa. Aunque el interesado la anuncia para el último momento posible, el comienzo de la campaña, es evidente que permanecer en la doble función de máximo responsable de la contención de la pandemia y de candidato en liza, sólo puede ocasionar desgaste y ofrecer un flanco fácil de crítica despiadada. Sin embargo existe un factor que obliga a aguardar: la posibilidad de aplazamiento de los comicios a causa precisamente de la Covid. En las recientes elecciones de Galicia y del País Vasco, el aplazamiento durante varios meses de la campaña electoral derivó en la mejor posición de los respectivos partidos hegemónicos mientras que la oposición quedaba prácticamente sin voz.

La perspectiva de que el candidato Illa, sin la vitola de Ministro, permanezca varias semanas silenciado, sólo conviene a sus rivales. En consecuencia no podrá dimitir hasta que se haya garantizado la fecha electoral. Tampoco debería hacerlo un minuto más tarde. La epidemia está fuera de control como insisten a diario los profesionales sanitarios. A lo que se suma la incapacidad de las Administraciones españolas para actuar con eficacia y celeridad. Si en marzo se vieron desbordadas por la imprevisión, ahora con conocimiento suficiente de las fechas de vacunación, han pecado de los vicios tradicionales de la burocracia española, lentitud e ineficacia. El bajísimo porcentaje de vacunas administradas, a su vez una fracción mínima de las que deberán inocularse, es un baldón colectivo. Las explicaciones ofrecidas, increíbles, deberían haber provocado una catarata de ceses en las Administraciones para promocionar a funcionarios con mayor cualificación y capacidad ejecutiva. Obviamente nada ha ocurrido.

En plena tercera ola, con la cifra de muertos reales a la cabeza de Europa, las tendencias son pesimistas. El factor de esperanza que representa la vacunación masiva, sobre la cual previamente el Gobierno se ha encargado de crear expectativas irreales, puede volverse en contra. Tras diez meses de crisis sanitaria, las Administraciones no han adoptado todavía ninguna medida estructural para mejorar las condiciones de trabajo de profesionales y hospitales, ni han reforzado las plantillas estructurales ni se han comprometido en dotar de mayores medios al sistema de salud. Ya está bien de pedir responsabilidad a los ciudadanos y comerciantes, de aplaudir el heroísmo de los sanitarios, cuando la ineficacia de los distintos Gobiernos es obscena.

El otro frente de confusión creado por el Gobierno es la regulación de la Corona. Fue el Presidente Sánchez quien anunció una regulación de la institución en su balance de final de año. Pocos días después, a través del diario que ejerce de portavoz oficioso del Gobierno, desmentía el objetivo de promover una Ley específica para dejar en manos de la propia Jefatura del Estado la propuesta de normas. Una maniobra de presión sobre el Rey nada sutil que ha sido aprovechada por Unidas Podemos para presentar su propia propuesta normativa. Parece absurdo que el Gobierno anuncie una medida que no ha sido previamente pactada entre los socios y a su vez con el monarca, salvo que el objetivo sea precisamente el desgaste de la institución a la que se invita a participar en el juego político con su propia propuesta.

La oposición tampoco está preocupada por las prioridades. La carencia de propuestas que exhibe es preocupante, sólo comprensible cuando se repara en su gestión autonómica. Algunos de los males que denuncia en el Gobierno son compartidos por los Gobiernos territoriales lo que resta fuerza a sus argumentos. De forma que también le favorece que el debate político gire alrededor de falsos problemas. La política española no da para más. @mundiario

Comentarios