Cervantes abandona a Peña Nieto y el PRI deberá buscar un nuevo fiscal

Raúl Cervantes, titular de la PGR de México. / Twitter
Raúl Cervantes, titular de la PGR de México. / Twitter

La renuncia del jefe de la PGR representa un triunfo para la sociedad civil y obliga al oficialismo a cambiar sus planes para la creación de una nueva fiscalía.

Cervantes abandona a Peña Nieto y el PRI deberá buscar un nuevo fiscal

El tablero fiscal y judicial de México ha sufrido un paso inevitable pero que al mismo tiempo lo deja en un punto ciego luego de que el titular de la Procuraduría General de la Nación (PGR), Raúl Cervantes, presentara su renuncia ante el Senado. Este paso al costado deja todo abierto para la creación de la figura del fiscal general independiente, lo cual alterará el orden natural de las cosas en las instituciones públicas del país latinoamericano. Cervantes pasó a ser fiscal en una maniobra que Enrique Peña Nieto había contemplado desde hacía mucho tiempo en su calidad de presidente del país y su principal valedor en su antiguo puesto. No obstante, aquello levantó anticuerpos entre los partidos de la oposición y la sociedad civil en general.

"El Constituyente NO se equivocó cuando decidió, hace tres años, crear una Fiscalía autónoma", publicó poéticamente Cervantes en su cuenta de Twitter justo después de haber dejado su renuncia a la Cámara Alta del Legislativo nacional. "La Fiscalía General de la Nación es la decisión correcta para que, con autonomía, fiscales o Ministerios Públicos decidan si procede o no ejercicio de acción penal”, agregó.

En 2014, la Administración de Peña Nieto llegó a un acuerdo con la mayoría de los partidos de oposición, al amparo del Pacto por México, que en realidad es una reforma política que eliminará para siempre la Procuraduría General de la República (PGR), que es nada menos que la "filial" del Ejecutivo responsable de la investigación y persecución de delitos, y como tal su credibilidad es no menos que cuestionable para la mayoría de mexicanos. No obstante, tras tres años del nacimiento de aquel proyecto, la falta de consenso entre las partes involucradas ha bloqueado el crecimiento de esta nueva ley con que se protega y de poder a la figura del futuro fiscal general. La ley prevé que el titular de aquel puesto lo ocupará durante nueve años, es decir tres más que un periodo presidencial. De paso, será el encargado de nombrar al fiscal anticorrupción, un puesto de extrema importancia pues la corrupción es uno de los mayores problemas en el país latinoamericano, tal vez solamente igualada, cuando no superada, por la violencia.

El mismo Cervantes enfiló ante la misma cámara un informe en el que resumía la necesidad de que esta nueva figura cuente con total autonomía y dejaba al desnudo las deficiencias del sistema actual, como la falta de preparación y capacitación de los funcionarios, así como los salarios poco competitivos, los cuales no terminan de impulsar a los asalariados, se leía en aquel texto de principios de año. Entre febrero y agosto, su despacho, de la mano con otras instituciones, han creado un itinerario del futuro sistema, el cual se someterá al escrutinio de diputados y senadores el 25 de octubre, según adelantó Cervantes.

En los campamentos opositores se tiene claro que Cervantes, quien fue diputado por el omnipotente Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante más de seis años, no es el hombre ideal para esta posición. Los recelos yacen en que el procurador es un hombre intrínsecamente relacionado a Peña Nieto, con quien mantiene una estupenda relación que traspasa lo político, por lo que se teme que esa cercanía pueda perjudicar el ejercicio de sus labores. 

"Algunos legisladores y políticos han usado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como excusa para no avanzar en aprobación de las leyes", escribió Cervantes en la red de los 140 caracteres. "A efecto de no detener más las urgentes leyes que México necesita, he decidido enviar al presidente y al Senado mi renuncia irrevocable", explicó.

Así, la sociedad civil puede ver esta renuncia como un logro propio, pues sus organizaciones movilizaron a los mexicanos en las calles para evitar que un nombre adulterado por sus nexos con el Presidente se hiciera con una de las oficinas más importantes en el tablero judicial y fiscal de México. La Cámara Baja se alista para discutir nuevas medidas al respecto.

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