Cateriano: "En las elecciones parlamentarias del 2020 se pondrá fin a la crisis política en Perú"

Perú tuvo un año político muy cargado. La incesante confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso. El avance de las investigaciones fiscales por el caso Lava Jato. Y, ahora, en plena carrera hacia unas nuevas elecciones parlamentarias en el 2020. En base a dicha coyuntura, MUNDIARIO entrevistó al ex primer ministro, Pedro Cateriano Bellido (Lima, 1958), quien tiene una basta experiencia política: diputado por el movimiento Libertad entre 1990 - 1992, viceministro de Justicia en el 2002 y ministro de Defensa entre el 2012 al 2015.   

- ¿La crisis política se ha superado en Perú?

- El pueblo va ponerle fin a esa situación en las elecciones legislativas del 2020. El presidente Vizcarra no tuvo la intención de disolver el Congreso. Su planteamiento inicial era anticipar los comicios generales. Es decir, el presidente estaba dispuesto a recortar su mandato, y que los parlamentarios también lo hicieran. Sin embargo, esa propuesta fue rechazada en el Parlamento. Específicamente, la excongresista Rosa Bartra en la Comisión de Constitución. Lo concreto es que existe un pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones que ha ratificado el decreto de la disolución del Congreso.

- ¿El Ejecutivo y el Congreso debieron agotar la vía del diálogo para superar la crisis?

- Sí. Lamentablemente, la confrontación política fue muy elevada y crispada. La oposición, encabezada por el fujimorismo y el aprismo, tuvo una ceguera que llegó a un nivel de obstrucción que paralizó al país. El presidente Vizcarra no tuvo otra opción que apelar a la disolución del Congreso.

- ¿Usted cómo considera que fue el cierre del Parlamento?

- Fue constitucional. Ningún país ha condenado ni ha dicho que acá hubo un golpe de Estado. Este contexto es muy diferente al golpe que dieron Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en 1992. En ese año sí hubo una ruptura del orden constitucional: se destituyeron a los magistrados de la Corte Suprema, se disolvió el Congreso -cuya única posibilidad de apelarse a esa medida solo podría aplicarse a la Cámara de Diputados si se censuraba a tres gabinete de ministros-, se descabezó al Tribunal de Garantías Constitucionales, se destituyó al fiscal general, hubo un compamiento del poder político en los medios de comunicación.

- El Tribunal Constitucional definirá si la disolución del Congreso fue legal o no. ¿Cómo cree que será el sentido del fallo?

- Desde el momento en que se rechazó la medida cautelar, el Tribunal Constitucional no restituyó el Congreso disuelto. Los magistrados deberán realizar un análisis objetivo y amplio no solo en la materia del cierre del Parlamento, sino en la utilización tramposa para brindar el voto de confianza para bloquear una disolución constitucional hecha por el Ejecutivo. Los congresistas tenían en mente cargarse al presidente Vizcarra tal como lo hicieron con Kuczynski. Recuerdo que, incluso, lo calificaron como ‘pusilánime’ porque no pensaban que iba a disolverlos. El país pagó los costos irresponsables del poder.     

- ¿El Perú estuvo preparado para el contrapeso de poderes tras las elecciones generales del 2016?

- El Congreso disuelto violó de manera permanente la Constitución. Cuando se produjo la negación de la confianza al gabinete de Fernando Zavala, no midieron las consecuencias de ese acto. Por eso, vía reglamento, intentaron cambiar las disposiciones en el ejercicio del voto de confianza. Posteriormente, el Parlamento extendió dos votos de confianza al ex primer ministro Salvador del Solar. Y el último fue para evitar la disolución parlamentaria luego de haber desestimado la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo para revisar el procedimiento de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Sin embargo, hicieron otros actos como el encubrimiento al ex fiscal general, Pedro Chávarry, y los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez.

- El Congreso era acusado de obstruccionista y, por eso, fue disuelto. Sin embargo, el Ejecutivo ha tenido tres bajas en el gabinete de ministros por presuntos actos de corrupción. ¿Cómo se explica dicha situación?

- En un esquema democrático, a diferencia de una dictadura, hay prensa libre. Es decir, hay crítica y también ataque. Además, en muchos casos, con justificada razón. La impericia política del Gabinete es evidente porque han cometido muchos errores. La gestión del ex primer ministro César Villanueva, acusado por su nexo al caso Odebrecht, por ejemplo, fue calamitosa. Recuerdo que critique duramente su designación tras haber impulsado la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

- ¿La situación legal del ex primer ministro César Villanueva en el caso Odebrecht se complicará más?

- La medida dictada de prisión preventiva por 18 meses contra César Villanueva tiene sólidos fundamentos legales.

- ¿El gobierno de Martín Vizcarra carece de manejo político?

- Es notorio. Cuando forzaron la renuncia del expresidente Kuczynski, quien debió ser investigado al final de su mandato como ocurrió con los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala porque así lo establece la Constitución, los fujimoristas y apristas manipularon el procedimiento de la vacancia por incapacidad moral en una especia de censura política en el sistema parlamentario. En ese acto irresponsable tampoco midieron las consecuencias de traerse abajo la legitimidad de un presidente de la República. Cometieron una suma de errores que nos llevaron a este escenario.

- ¿Tribunal Constitucional cometió un error en la liberación de Keiko Fujimori?

- Es evidente que la señora Fujimori, quien ha recibido aportes ilícitos para su millonaria campaña presidencial, ha obstruido a la justicia. Lo que ha ocurrido aquí es que en la resolución hay bastante contenido político y nada jurídico. No se compara al caso del expresidente Humala y su esposa porque no se presentaron hechos objetivos que certificaron su intención de bloquear las investigaciones fiscales. Personas del entorno de la señora Fujimori, como su extesorero Luis Mejía y el excongresista Rolando Reategui, ha contado estos actos ilícitos.

- ¿Los nuevos aportes del Club de la Construcción complica la situación legal del fujimorismo?

- La situación penal de la señora Fujimori se agrava cada día más. Todas estas revelaciones prueban mi afirmación.

- ¿El fujimorismo se volverá a recomponer?

- Ojalá que no. El fujimorismo es un tumor canceroso dentro de la democracia peruana. No tiene convicciones democráticas, ni mucho menos un ánimo para respetar el orden constitucional. Las últimas revelaciones sobre la actuación política de Keiko Fujimori ha llegado a extremos copiando a su padre Alberto Fujimori y su asesor Montesinos. Por ejemplo, cómo es posible que haya tenido la agenda del expresidente Kuczynski. Nos debe llevar a la reflexión de cómo utilizan métodos para atacar a sus opositores. Yo he sido víctima de esa persecución política en el Parlamento. No me respetaron mis derechos cuando me acusaron por varios temas.

- ¿Cuál debe ser la agenda del Parlamento del 2020?

- Tiene un periodo muy corto. Las primeras medidas a las que deben abocarse los congresistas son las que se bloquearon en la lucha contra la corrupción, aprobar los procesos de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y la remoción de los directores políticos del Banco Central de Reserva. En síntesis, todas las cuestiones legales para darle viabilidad a este gobierno.

- ¿La reforma política también entra a tallar en las prioridades?

-  El Congreso del próximo año podría ser fragmentado. Ahí veremos la capacidad para que se logren los consensos necesarios. Sin embargo, la impresión que se observa es que los intereses nacionales no son importantes para los fujimoristas y apristas. Ellos buscan defender a Keiko Fujimori y esconder todos los latrocinios del expresidente Alan García.

- ¿La reforma judicial debe ser mejorada?

-  El fujimorismo y el aprismo han tenido esa fijación de controlar el Poder Judicial. Y eso lo materializaron a través del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando no establecieron un mecanismo de reemplazo para los magistrados cuestionados por el caso Lava Juez, querían mantener a su gente para que los protejan. El Congreso tendrá una gran tarea de fiscalización en la Junta Nacional de Justicia.

- ¿El Tribunal Constitucional tiene que ser reformado?

- Antes el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional era más adecuado. El Ejecutivo debe presentar tres candidatos, el Congreso tenía el mismo número y la Junta Nacional de Justicia también. Ahora, todo se designa en el Parlamento, donde hay una gran politización.

- ¿La política peruana se ha judicializado por el caso Odebrecht?

- Un grupo de fiscales, como los señores Rafael Vela y José Domingo Pérez, ha tomado una valiente decisión de luchar contra la corrupción. Gracias a ellos hemos visto el nivel corrupto de casi todos los dirigentes nacionales.

- ¿La Fiscalía se ha excedido en los pedidos de prisión preventiva?

- Las colaboraciones eficaces han permitido a obtener información muy difícil si no se utilizaba dicho mecanismo. No obstante, hay dos críticas: el plazo excesivo de algunas detenciones preventivo. Estoy en contra que una detención dure 36 meses porque, prácticamente, es una condena. Cuando la Corte Suprema redujo la prisión preventiva en el caso de la señora Fujimori, apoye esa decisión judicial. Además, no estoy a favor de que investigaciones duren cuatro o cinco años y no se formulen acusaciones fiscales. Eso permite que ex viceministros del gobierno de Alan García, involucrados en los sobornos del Tren Eléctrico, salgan de la cárcel.

- Los casos de los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala en la trama de Odebrecht  se encuentran avanzados. ¿Cómo cree que terminarán?

- El caso del expresidente Toledo es, bajo la mirada jurídica, el más sólido respecto al delito de lavado de activos. Hay hechos objetivos: pagos de sobornos y transferencias al igual que lo ocurrido con Alan García, quien ha sido delatado por su secretario personal que ha contado que llevaban en maletines los sobornos del señor Barata a Palacio de Gobierno. En otros casos, las investigaciones son más complejas porque tratan de financiamiento ilegal. El expresidente Humala se niega a reconocer que recibió 3 millones. Aquí estoy en desacuerdo porque, cuando Odebrecht dijo que le dio a todos, no cabía duda que su testimonio era creíble. La Corte Suprema deberá decidir si el financiamiento privado se típica como parte del delito de lavado de activos.

- ¿Es una nueva oportunidad para iniciar un nuevo ciclo de la política peruana?

- No lo hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, partidos históricos como Acción Popular y el Apra tienen, en su lista de candidatos al Congreso, a personas 'jóvenes' de 60 años en adelante. No hay un funcionamiento democrático dentro de los partidos que atraviesan unas crisis internas. Y eso, finalmente, impacta en el sistema político del país. @mundiario