Castilla y León desoye el aviso del Gobierno y pretende aplicar el protocolo antiabortista
La comunidad autónoma de Castilla y León cuenta con un gobierno aliado conformado por el PP y Vox que impulsa un protocolo con el que buscan reducir la cantidas de abortos en la comunidad. Por ahora se ignora el contenido y el poder legal que tenga el documento debido a que no han sido publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León de este lunes y tampoco han sido enviadas a los hospitales.
Las medidas fueron anunciadas por el militante del Vox y vicepresidente regional, Juan García-Gallardo, cuestión que llevó al Gobierno central enviar un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad para que esta “se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que incumpla la actual normativa” con respecto al aborto por “posible vulneración de principios fundamentales”.
Carolina Darias, ministra de Sanidad, señaló que llegaría hasta las últimas instancias para detener “esta tropelía” y defender los derechos de las mujeres a interrumpir el embarazo sin coacciones, algo que la ministra está dispuesta a llevar hasta el Tribunal Constitucional.
Durante una reuda de prensa en Valladolid, el vicepresidente autonómico indicó lo que será obligatorio. “Lo que será obligatorio es la posibilidad de ofrecer información” sobre la ecografía 4D y el latido fetal.
El nuevo protocolo que busca impartir el Vox supuestamente insta a los médicos de la comunidad a ofrecer a las mujeres embarazadas la posibilidad de contemplar una ecogafía en 4D o escuchar los latidos del feto. García-Gallardo llamó estas medidas “provida” y señaló que también incluirán la derivación a las mujeres embarazadas a los servicios de salud mental siempre y cuando "lo requieran”, incluyendo las que manifiesten su voluntad de abortar.
Durante la presentación del protocolo, el vicepresidente criticó el “drama social” corrrespondiente al aborto y defendió las medidas para que las mujeres puedan tomar decisiones “mucho más conscientes”. Durante la mañana insistió en la vigencia del protocolo que aún no ha sido publicado, señalando que a él no le corresponde lanzar la instrucción a la sanidad regional, cuestión que queda bajo las manos de la Consejería de Salud, pero si recordó que el protocolo es el resultado de un pacto entre el PP y el Vox. “Yo lo que tengo es un acuerdo en el seno del Gobierno y por escrito”, manifestó.
“No se puede ir contra la evidencia clínica”, señaló la ministra Daria por su parte en una entrevista con la cadena SER. “A mí no me mandó ninguna carta con las medidas; lo único que me dice es que las ha aprobado y que se pondrán en marcha, pero nadie conoce de qué medidas estábamos hablando, si serán obligatorias”, destacó la ministra, negando que haya recibido alguna comunicación por parte Castilla y León.
Por su parte, el PP ha optado por ignorar las propuestas alrededor del aborto que lanza el Vox, que se ha inspirado en la legislación contra el aborto del primer ministro húngaro Viktor Orbán. “Quien tiene que dar explicaciones es el Gobierno de Castilla y León”, indicaron desde la cúpula del PP, evitando referirse a la polémica.
El Gobierno exigió durante el domingo a la Junta que paralizara el protocolo. El Gobierno de Castilla y León respondió el mismo día por la tarde asegurando que no limitaba los derechos de las mujeres.
Mañueco intenta desligarse de la polémica
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, negó que su Gobierno vaya a adoptar algún protocolo de actuación con las mujeres embarazadas que “pueda suponer coacciones directas” a las mujeres que hayan decidido abortar, por lo que “no se obligará a nada a los médicos, ni se obligará a las mujeres embarazadas a nada”. “Ni hemos contemplado ofrecer medidas coercitivas a las mujeres embarazadas, ni vamos a aceptar que el Gobierno utilice a las mujeres para hacer política”, estableció.
Los servicios sobre escuchar el latido del corazón del feto o la ecografía 4D, solo serán presentados si la mujer los solicita. “Tengo claro que alterar este orden puede derivar en coacciones directas o indirectas a las mujeres embarazadas y, por tanto, la Junta nos las va a promover ni a amparar”, afirmó. @mundiario
