El caso que acabó con Mónica Oltra vuelve a estrellarse contra el juzgado
El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha vuelto a decir no. No a la apertura de juicio oral. No a sentar en el banquillo a Mónica Oltra. Y no, en definitiva, a una causa que, pese a no haber llegado nunca a juicio, acabó con una de las carreras políticas más influyentes de la izquierda valenciana.
La decisión judicial, adoptada en un auto fechado el pasado 18 de diciembre y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, reafirma el archivo provisional de la causa por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos en 2017 contra una menor tutelada por parte de L. R. Icardi, entonces marido de Oltra y educador social. La jueza que sustituye al titular del juzgado, Vicente Ríos, respalda punto por punto los argumentos que ya habían llevado a negar el juicio oral el pasado mes de junio.
No es una resolución menor. Es la segunda vez que el órgano instructor concluye que no existen indicios suficientes para acusar penalmente a Oltra y a una decena de ex altos cargos de la Conselleria de Igualdad. Y lo hace con un mensaje implícito que atraviesa todo el auto: la instrucción penal no puede convertirse en un castigo anticipado.
La magistrada subraya que ninguna de las acusaciones ha sido capaz de concretar los indicios de delito, individualizarlos ni vincularlos de forma sólida a los hechos imputados. Una advertencia que conecta con una idea clave: el juez no está para sostener acusaciones débiles, sino para evitar que un ciudadano sea llevado a juicio sin fundamento suficiente.
Una causa que nunca llegó a juicio, pero sí a la dimisión
El caso Oltra es, ante todo, un ejemplo de cómo un procedimiento penal puede tener consecuencias políticas irreversibles incluso sin condena. La entonces vicepresidenta del Consell dimitió en junio de 2022 tras meses de imputación, desgaste público y presión política, no solo desde la derecha, sino también desde dentro de su propio espacio político.
Desde aquel momento, Oltra proclamó su inocencia y denunció una persecución judicial de tinte político. El término lawfare entró de lleno en el debate público valenciano. Tres años después, la causa sigue sin superar el filtro básico de la instrucción: la apertura de juicio oral.
La paradoja es evidente. La dirigente dejó todos sus cargos, abandonó la primera línea política y vio erosionada su imagen pública por una causa que, a día de hoy, sigue sin reunir los mínimos exigidos para ser juzgada.
El papel de las acusaciones y la sombra de la Audiencia
Las acusaciones populares, ejercidas por Gobierna-te —la asociación que dirige Cristina Seguí, exfundadora de Vox— y por el propio partido de extrema derecha, recurrieron de nuevo la decisión del juzgado. La acusación particular de la víctima se adhirió a esos recursos. Todos han sido rechazados.
No obstante, el proceso aún no está cerrado. La jueza ha admitido a trámite el recurso de apelación subsidiario, lo que devuelve la pelota a la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia. Es la misma sala que en junio de 2024 ordenó reabrir la causa tras un primer archivo, obligando al juez instructor a continuar “por imperativo legal”.
La sección, presidida por el magistrado Pedro Castellano, tiene fama de conservadora y ha protagonizado resoluciones controvertidas en casos vinculados al PP (como el llamado Pitufeo) o con la desarticulación de dos bandas neonazis, aunque también fue la que condenó a Eduardo Zaplana a diez años de prisión por corrupción. Su próximo pronunciamiento será decisivo, aunque el propio juzgado anticipa que el procedimiento se alargará durante meses. @mundiario