El caso Montoro y los 2.200 millones que reescribieron la reforma eléctrica

La política energética española ha sido, durante años, un tablero donde se cruzan intereses empresariales, decisiones ministeriales y, cada vez más, sombras de sospecha. El llamado caso Montoro, en fase de instrucción en el juzgado número 2 de Tarragona, ha dado un paso más con la presentación de un informe explosivo elaborado por la Unidad Central Anticorrupción de los Mossos d'Esquadra. El documento vincula una medida de alivio presupuestario de 2.200 millones de euros —otorgada desde Hacienda a empresas de renovables en 2012— con pagos millonarios de esas mismas compañías al despacho privado Equipo Económico, fundado en su día por el propio Cristóbal Montoro.

Aunque el exministro del PP abandonó formalmente su bufete en 2008 para regresar a la política, el rastro de relaciones personales y profesionales nunca desapareció del todo. Es aquí donde el informe policial señala la existencia de una posible connivencia: contratos por valor de casi 10 millones de euros firmados entre Equipo Económico y empresas energéticas afectadas por la inminente reforma del sector, justo antes y después de que Hacienda aprobara una partida presupuestaria excepcional que alivió el ajuste.

La medida presupuestaria —insólita en su momento— permitió por primera vez que el déficit tarifario generado por las renovables no fuera absorbido únicamente por la tarifa eléctrica, sino también por el dinero público. Fue una concesión política significativa en un contexto de austeridad y recortes. De hecho, como bien recoge el informe de los Mossos, dicha maniobra causó tensiones entre los ministerios de Industria y Hacienda, dado que suponía un cambio de paradigma en la forma de financiar las primas a las renovables. Lo que Industria recortaba con una mano, Hacienda lo amortiguaba con la otra.

No se trata sólo de una sospecha difusa. El informe detalla hasta 25 contratos firmados con compañías como Abengoa, Solaria, Gamesa, Red Eléctrica o Ence. También analiza las designaciones de consejeros ligados al despacho, como Ricardo Martínez Rico (Abengoa) o Manuel de Vicente Tutor (Solaria), así como el papel de José Folgado en Red Eléctrica, excolaborador de Montoro. Todos ellos en empresas directamente afectadas por la regulación que el Gobierno del PP estaba modificando.

El informe llega incluso a identificar un correo electrónico de un responsable del sector del gas reconociendo que la “vía más directa” para influir legislativamente era contratar a Equipo Económico, dada su supuesta capacidad de interlocución directa con el ministro. Esta frase resume de forma descarnada lo que durante años se ha sospechado: que la puerta giratoria no es sólo una metáfora, sino un sistema lubricado a golpe de factura, agenda y favores cruzados.

El trasfondo es un país que lleva décadas intentando hacer compatible la sostenibilidad energética con la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico. La reforma de 2013, impulsada por el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, trató de poner fin a un déficit que se acercaba a los 30.000 millones de euros. Las renovables, que gozaban de un régimen de primas muy generoso, fueron objeto de severos recortes. Estos generaron una oleada de litigios internacionales, aún sin resolver, y provocaron una reorganización del mercado.

Y, sin embargo, dentro de ese gran tijeretazo, algunas empresas salieron aparentemente mejor paradas que otras. No sólo resistieron mejor los ajustes, sino que, como en el caso de Abengoa, llegaron a experimentar subidas en Bolsa cuando el resto del sector caía. ¿Por qué? ¿Qué las diferenciaba del resto? Según los Mossos, el vínculo con el despacho de Montoro puede ser parte de la explicación.

Aunque es pronto para extraer conclusiones judiciales —la investigación sigue en curso y Montoro no ha sido imputado—, el informe sí levanta la alfombra de una práctica bien conocida: el aprovechamiento de las relaciones personales, el trasvase entre lo público y lo privado, y la arquitectura de influencia que rodea a los grandes despachos con ex altos cargos al frente.

Se abre así un capítulo más en la revisión crítica de cómo se construyen las decisiones de Estado en España. ¿Se trató de una operación legal, aunque éticamente cuestionable? ¿O estamos ante un caso de corrupción institucionalizada, en la que el poder político sirve de palanca para favorecer intereses privados a cambio de beneficios colaterales? En cualquiera de los casos, la transparencia de las reformas estructurales queda en entredicho cuando se detecta que parte del sector sabía cómo protegerse… pagando a quienes conocían el terreno desde dentro.

El juicio social, antes que el judicial, empieza a hacerse inevitable. Porque más allá de lo que dicten los tribunales, lo que se vislumbra es un patrón demasiado habitual en la política española: una frontera porosa entre quienes gobiernan y quienes facturan. Un país donde las energías limpias conviven con métodos opacos. @mundiario