El Caso Lava Jato y sus repercusiones políticas en América Latina
El reto de combatir la corrupción por Odebrecht y otras compañías brasileñas resulta un reto para las naciones involucradas en este escándalo de encontrar a los culpables de los sobornos.
La corrupción que rige en torno al Caso Lava Jato es el fiel reflejo del aprovechamiento ilícito para ganar millones a costa de darle la vuelta a la ley, de competir por lo bajo mediante coimas para sacar una ventaja sobresaliente frente a rivales que buscan obtener la buena pro de obras públicas. Eso es lo que hizo la constructora brasileña Odebrecht cuando confesó, en diciembre pasado, a la justicia norteamericana, que sobornó por 788 millones de dólares a funcionarios públicos de 12 de países de América Latina y África.
Guatemala, México, Argentina, Venezuela, Panamá, Perú, Ecuador, República Dominicana y Colombia son las naciones inmersas en este escándalo. Inclusive, para reforzar esta situación crítica, Camargo y Correa – otra de las empresas investigadas- manifestó que, en las próximas semanas, 40 ejecutivos delatarán los sobornos que realizaron para obtener obras; lo que constituirá el aumento del grado del terremoto político de grandes magnitudes que sacude los cimientos de las más altas esferas del poder en Latinoamérica .
En efecto, Brasil ha sido el hilo de la madeja en que se ha inmerso el Caso Lava Jato pues en marzo del 2014, el juez Sérgio Moro de la ciudad de Curitiva, estado de Parana, se embarcó en una investigación que ha revelado los negocios turbios desde el 2003 bajo la presidencia de Lula da Silva y hasta ahora, con Michel Temer. Los aproximadamente 349 millones de dólares en sobornos corruptos hechos a partidos políticos, funcionarios extranjeros y sus representantes es lo que se indaga y se busca a los culpables por parte de la justicia brasileña, en colaboración con la de EE UU, está encargándose de realizar una investigación que, sin duda, es un claro ejemplo de cómo se combate a la corrupción enquistada en más de un centenar de políticos involucrados, pero que poco a poco van cayendo. Ya lo vimos con la acusación contra Lula; el impeachment y destitución de Dilma; y luego la remoción y encarcelamiento de quien presidió aquel proceso en la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
Ahora, bien, con lo que ocurre en otras naciones es, por lo menos, también la percepción de que están agilizando acciones concretas para saber a dónde fue a parar el dinero mal habido. En Argentina fue denunciado Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y socio de Odebrecht a través de la constructora Iecsa en el soterramiento del tren Sarmiento. La misma presentación alcanzó a Juan José Aranguren. La Justicia deberá investigar si el pago de coimas de los brasileños también benefició a Calcaterra, si fue cómplice o posible encubridor. Otras denuncias apunta contra exfuncionarios kirchneristas. Se estima que 35 millones se destinaron a intermediarios.
Ángelo Calcaterra. / RR SS
En Colombia fue capturado Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte del el Gobierno del presidente Álvaro Uribe, en los años 2009 y 2010, quien habría recibido 6,5 millones de dólares de Odebrecht para garantizar que el gigante brasileño de la construcción fuera la única firma habilitada para la licitación de un tramo de la Ruta del Sol, una de las principales vías del país ‘cafetero’.
Gabriel García Morles. / Twitter
En Ecuador se acusa a la gestión de Rafael Correa de haber recibido u$s 33,5 millones en coimas y que habría generado una rentabilidad de u$s 116 millones a los brasileños En Panamá, al expresidente Ricardo Martinelli le salpica este tema de corrupción debido a los u$s 59 millones entre 2010 a 2014 por coimas que de por sí involucra a su gestión y deberá declarar ante las autoridades de su país.
Por otro lado, fuera de lo que ocurre en estos países, en Perú –mi país- cómo va el tema. La cuestión es que la lentitud para acelerar las indagaciones es deprimente por parte del Ministerio Público. Más aún que –en el contexto referido al país andino- Odebrecht señaló las obras, donde hubo perjuicio financiero para el Estado peruano como lo son la Carretera Interoceánica, el Tren de Lima y el Gasoducto del Sur. Tres obras que se dieron, por separado, en las gestiones de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. El fiscal de la Nación, Pablo Sanchez, viajó a Brasil para obtener más información, pero se necesita que su liderazgo y acciones ya establezcan acciones concretas como citar a los exmandtarios involucrados y funcionarios, en el periodo de las coimas.
Por otro lado, en el Congreso de la República de esto no se debe hacer un ‘show político’ para tratar de sacar ventaja para desprestigiar a rivales políticos. Aunque, de por sí, con la presidencia del fujimorista Víctor Albredecht, quien tiene una denuncia por corrupción; el aprista Mauricio Mulder que ya adelantó opinión a favor del expresidente García; Gino Costa (exministro de Toledo) y Marisol Espinoza (ex vicepresidenta de Humala); poco o nada se puede augurar de una investigación seria y sin apasionamientos políticos. Imagínense que el informe Pari fue boicoteado, no sorprendería que pase una situación similar.
En fin. La historia del Lava Jato aún comienza y las acciones que han tomado en diferentes países es la punta del iceberg de lo que se podrá encontrar conforme las investigaciones encuentren más datos del escándalo ‘mais grande’ que ensombrece el poder político en Latinoamérica. Claro, que el resultado final, se espera, sea con el encarcelamiento de los corruptos y coimeros, quienes -en estos instantes- hacen los mayores esfuerzos para que sus nombres no salgan a la luz y forjen su próximo destino que es la prisión.
