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MUNDIARIO

El Caso Lava Jato aviva el enfrentamiento entre el Parlamento y la Fiscalía en Perú

Pese a que la atención se encuentra centrada en la situación legal del expresidente Alejandro Toledo, quien fue señalado de haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht. Las dos instituciones que investigan el esquema de sobornos de los brasileños en tierras peruanas se enfrentan en una lucha de poder insostenible.

El Caso Lava Jato aviva el enfrentamiento entre el Parlamento y la Fiscalía en Perú
La Comisión Lava Jato del Congreso de la República. / RR SS
La Comisión Lava Jato del Congreso de la República. / RR SS

“El documento que nos ha mandado el fiscal Sánchez es, francamente, patético”, “el señor fiscal de la Nación cree que puede hacer lo que le da la gana”, “no hay voluntad de combatir la corrupción, sugiero una acusación constitucional contra el señor Sánchez”. Estas tres expresiones la dijeron -el último miércoles-  los diputados Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular),  Mauricio Mulder (Apra) y Héctor Becerril (Fuerza Popular) –en ese orden-  en torno a la negativa del Ministerio Público de prohibirle al fiscal anticorrupción Hamilton Castro Trigoso de presentarse en la Comisión Lava Jato, que investiga los negocios de las empresas brasileñas con el Estado peruano entre el 2005 y 2014 a propósito de la confesión de la constructora Odebrecht le diera al Departamento de Justicia de EE UU –en diciembre pasado- de que dio coimas por 29 millones de dólares a funcionarios.

El fastidio de los legisladores es una muestra más de la disputa que tiene el Congreso y la Fiscalía para tratar de desentrañar el esquema de sobornos que se dieron en el Perú. En efecto, esta lucha de poderes de saber quién más investiga que el otro, ha generado críticas entre ambos bandos. Del lado del Parlamento, se ha cuestionado al fiscal Pablo Sánchez de no colaborar con las indagaciones en el fuero congresal, porque –como se recuerda- en los primeros días de enero se anunció que Odebrecht iba acogerse a la colaboración eficaz para delatar a los coimeados que facilitaron las licitaciones públicas con el Estado. En ese entonces, Hamilton Castro fue anunciado como el encargado de realizar las negociaciones y firmar un acuerdo de confidencialidad con la firma brasileña, que brinde los documentos y pruebas de los sobornos realizados.

                    El fiscal de la Nación Pablo Sánchez junto a Hamilton Castro, encargado del tema Lava Jato

                           El fiscal Pablo Sánchez junto a Hamilton Castro, encargado del tema Lava Jato

Este hecho, lejos de que sea respaldado, también tuvo su repercusión en la clase política. Precisamente, en el Congreso de la República, para no quedarse atrás, también se instaló un grupo investigador que ve el tema Lava Jato. Pero, desde un principio, surgieron cuestionamientos contra algunos integrantes de la comisión porque eran partidarios de los gobiernos que iban a ser investigados. Como el aprista Mauricio Mulder por su líder Alan García (2006-2011), la ex vicepresidenta Marisol Espinoza que fuera parte de la gestión de Ollanta Humala (2011-2016) y Gino Costa, ex ministro del Interior de Alejandro Toledo (2001-2006). Pese a ello se siguió con la indagaciones en los primeros días de enero, el mismo periodo cuando se conoció el acuerdo entre Odebrecht y la justicia peruana.

La primera disputa surgió cuando Pablo Sánchez se presentó en el  Parlamento al ser invitado para brindar detalles sobre el acuerdo y las acciones que iba a realizar su institución. El resultado final de esa presentación fue agria para los diputados peruanos: el fiscal de la Nación se negó a dar información sobre el pacto con Odebrecht, que va delatando a los coimeros. En ese entonces, los miembros de la comisión mostraron su molestia ante lo que ellos consideraron que había un secretismo para las pesquisas.

Este hecho fue el punto de inicio para lo que sería los dardos en las sucesivas semanas entre estos poderes del Estado peruano. Las críticas a la fugas del ex viceministro de Comunicaciones  Jorge Cuba y su pareja Jessica Tejada (ambos ya están en la cárcel), Mariella Huerta y Santiago Chu (todavía fuera del territorio nacional). Todos involucrados en las coimas de las licitaciones de los tramos I y II de la línea 1 del Metro de Lima. “A la fiscalía se le están escapando la gente. ¿Cuándo va a reaccionar el Ministerio Público? “era una crítica constante a Sánchez, quien tuvo que salir a defenderse y criticar del mismo tono a los diputados peruanos. Inclusive, le respondió al presidente Pedro Pablo Kuczynski. “Aquí es una investigación seria y cualquier elemento que sea dejado de lado, prácticamente, se cae toda el proceso de recolectar datos”, fue su argumento de fuerza de choque contra sus detractores.

En ese contexto, la fiscalía ha logrado capturar a cuatro implicados delatados por Odebrecht hasta el momento, pero, sin embargo, no ha tenido de la misma manera un riguroso procedimiento de incautar las oficinas y documentos de la empresa que, por ahora, colabora con ellos. Una situación que en otros países sí ha sucedido cuando se descubrió que la firma brasileño utilizó sus fondos para pagar por lo bajo a funcionarios estatales y adjudicarse obras públicas.

Esta lentitud para que se investigue fue la premonición de lo que ocurrió el miércoles pasado. Para la octava sesión, la Comisión Lava Jato había invitado a Hamilton Castro, fiscal a cargo del proceso de las coimas de las empresas brasileñas en el Perú, con el fin de que diera alcances sobre sus pesquisas. Sin embargo, la noche del martes pasado, un comunicado del Ministerio Público señaló que Castro no iba a asistir.

 La noticia fue la que desató la ira congresal contra el fiscal Pablo Sánchez, quien había enviado un documento al respecto sobre la negativa a que Castro Trigoso se presente. En su mayoría, los diputados de la comisión tuvieron críticas severas y una amenaza de denuncia constitucional contra el máximo representante del Ministerio Público por obstruir una investigación. Más aún este fastidio se dio cuando Mauricio Cruz- representante de Odebrecht en el Perú – no dijo casi nada porque, sostuvo, tenía el acuerdo de confidencialidad con la justicia para no brindar mayores detalles. “No tengo mayor información”, fue una frase que utilizó el funcionario brasileño que llegó en diciembre del año pasado al país andino.

Lo cierto es que, ante esta situación de disputa día a día, entre el Ministerio Público y el Parlamento, queda la sensación de que la investigación del mayor escándalo de corrupción que se ha expandido en América Latina corra el riesgo de perderse en Perú. Los diferentes analistas han coincidido en que hay mucha lentitud de la justicia peruana para capturar a los llamados ‘peces gordos’ en este tema, pero, por otro lado, sostienen que sí esa lentitud es para que haya una buena investigación y se capturen a más sobornados, entonces debe ser respaldada por la opinión pública y la clase política. Claro, sí es que esta última, también desea colaborar en las indagaciones.