El caso de los ERE, otro ejemplo de la externalización de la política
En los últimos años, tres sentencias judiciales han condicionado notablemente el clima político y social existente en el Estado español. Primero fue la relativa al caso Gürtel -y que acabó provocando el inédito triunfo de la moción de censura presentada por el Partido Socialista en el Congreso-; más tarde se conoció la decisión condenatoria del Tribunal Supremo contra diversos dirigentes del independentismo catalán y ahora, recientemente, se ha hecho público el veredicto de la Audiencia de Sevilla sobre el “affaire” de los ERE desarrollado en el ámbito competencial de la Junta de Andalucía.
La relevancia de estas actuaciones judiciales no se puede entender si no se parte de una característica singular del sistema democrático español realmente existente: la no asunción sistemática de responsabilidades políticas por parte de los dos partidos que han hegemonizado las instituciones representativas en las tres últimas décadas y la consecuente tendencia a judicializar los distintos conflictos políticos que se han ido sucediendo en los últimos años.
En los casos de corrupción el argumentario se ha repetido una y otra vez: tomando base en la presunción de inocencia, cualquier decisión sobre dimisiones o peticiones de disculpa debería ir precedida por una sentencia judicial condenatoria. La ética carecería de un espacio propio en el ejercicio de la política. Sólo la condición de delincuente acreditada por un tribunal podría originar consecuencias políticas. En un escenario con semejantes premisas, se instauró, por la vía de los hechos, una especie de gobierno de la magistratura.
En el asunto del “procés”, la lógica aplicada ha sido análoga. Un problema de evidente naturaleza política ha sido externalizado al territorio judicial por una suma de incapacidad y carencia de voluntad para buscar una canalización en el seno de las instituciones democráticas. La búsqueda de la sanción penal como única estrategia para gestionar el conflicto abierto, desde hace un tiempo, en el seno de la sociedad catalana, ha supuesto un serio deterioro en la calidad del conjunto del sistema democrático.
Los hechos juzgados en los sumarios de la Gürtel y de los ERE retratan unas prácticas llevadas a cabo por dirigentes del PP y del PSOE en un contexto caracterizado por mayorías electorales muy sólidas (de Aznar en el período 2000-2004 y de los socialistas andaluces desde el nacimiento de esa Comunidad Autónoma) que favorecían la continuidad de las irregularidades y alimentaban un clima de impunidad entre los autores de estas.
Tal y como se ha dicho en muchas ocasiones, la grave crisis económica de la primera década de este siglo y la constatación de fenómenos generalizados de corrupción han sido factores causales muy relevantes en el cambio del mapa político ocurrido a partir del año 2015. Lo sucedido en los recientes comicios del 10 de noviembre ha certificado que aquel bipartidismo imperfecto característico de la vida política española (dominio del PSOE y del PP, con CiU y PNV como bisagras) ya no está operativo. @mundiario
