El caso Cerdán dinamita la mayoría: los socios cuestionan el futuro del Ejecutivo

Pedro Sánchez. / Mundiario
La crisis abierta en torno al caso Cerdán no solo ha debilitado la posición política del presidente del Gobierno, sino que ha dinamitado la confianza entre el Ejecutivo y sus socios parlamentarios.

Pedro Sánchez atraviesa uno de los momentos más delicados de su mandato. Lo que comenzó como una crisis circunscrita a su entorno inmediato —el llamado caso Cerdán— amenaza ahora con reconfigurar el equilibrio de apoyos que sostenía, con notable fragilidad, la actual legislatura. Y es que la reacción de sus socios parlamentarios ante las sospechas de corrupción no ha sido simplemente crítica, sino profundamente reveladora: ya no se fían.

Lo ocurrido esta semana en el Congreso ha sido más que una sesión de control tensa. Ha sido una señal inequívoca de agotamiento político. Las reuniones posteriores entre Sánchez y las distintas fuerzas que le auparon al poder en 2023 se han desarrollado en un clima de escepticismo creciente. Ni siquiera los que aún se sientan a dialogar con el presidente ocultan ya su sensación de fin de ciclo. La música de fondo es clara: lo que queda de legislatura puede ser un tramo corto, agitado y carente de grandes avances.

La actitud de ERC es particularmente sintomática. Gabriel Rufián ha pasado en pocas horas de amenazar con no acudir a la reunión con Sánchez a salir de ella hablando de un presidente “tocado”. No ha sido una frase casual. El portavoz republicano ha deslizado, sin ambages, que queda poco tiempo y que hay que “aprovecharlo para avanzar”. Es el tipo de lenguaje que anticipa más un epílogo que una nueva etapa. Eso sí, ERC exige que este final de camino sirva para adoptar medidas concretas como la intervención del mercado de la vivienda o sanciones ejemplares contra las grandes constructoras implicadas en tramas de corrupción. La presión se traslada así directamente a La Moncloa, que ya no puede refugiarse en el relato de la estabilidad.

En una línea similar se ha expresado EH Bildu, que reclama “contundencia” y “propuestas concretas” para afrontar una regeneración democrática que —a ojos de la formación abertzale— se ha convertido en una urgencia inaplazable. La preocupación por la corrupción ya no es solo un argumento político: es un límite ético que empieza a romperse incluso dentro del bloque progresista. Aunque el comunicado de Bildu ha sido escueto, su tono ha sido firme. No piden explicaciones: exigen acciones.

El PNV, por su parte, ha optado por una postura más institucional, pero no menos significativa. La portavoz vasca, Maribel Vaquero, ha evitado hacer leña del árbol caído —“no vamos a mercadear con esto”—, pero ha dejado claro que su formación no tolerará desviaciones respecto al pacto de investidura. Transparencia, ejemplaridad y cumplimiento de acuerdos: tres exigencias que, dichas en este contexto, suenan más a advertencia que a protocolo. Que el presidente haya tenido que asegurarles que no hay financiación irregular en el PSOE dice mucho de la profundidad de la grieta.

En un tono mucho más severo se ha expresado Coalición Canaria. Cristina Valido ha sido tajante al comunicar al presidente que su apoyo ya no está garantizado. La diputada canaria no ha querido cerrar ninguna puerta, pero su mensaje ha sido claro: ya no se puede dar por sentado que las votaciones saldrán adelante. Su advertencia apunta al corazón de la gobernabilidad. “Esto no puede limitarse al espacio del partido”, ha dicho, exigiendo medidas contundentes por parte del Ejecutivo. Traducido: si Sánchez no actúa, lo que está en juego es la supervivencia política del Gobierno.

Y luego está Podemos, que ni siquiera se ha presentado. La ausencia de Ione Belarra en la ronda de contactos no es una mera anécdota: es la escenificación de una ruptura abierta. La líder de la formación morada ha ido más allá que nadie al dar por “muerta” la legislatura. Para Belarra, el ciclo ha acabado, no por una aritmética parlamentaria imposible, sino por una falta absoluta de voluntad política para abordar las grandes cuestiones pendientes: vivienda, regeneración democrática y política exterior. Sus palabras no solo buscan el desgaste del PSOE: pretenden marcar perfil propio en un contexto de dispersión de la izquierda. Podemos quiere capitalizar el desencanto y lo hace con un discurso agresivo, frontal, sin medias tintas.

Todo esto dibuja un panorama sombrío para el Gobierno. El problema no es únicamente la corrupción, sino lo que esta ha puesto en evidencia: un deterioro de las relaciones con los socios, una pérdida de credibilidad y una sensación generalizada de fatiga institucional. Sánchez puede sobrevivir aún unos meses, pero ya no lidera una legislatura con horizonte político, sino una especie de interinidad prolongada.

El presidente tiene ante sí una tarea titánica: recomponer puentes, responder con hechos a las demandas de regeneración y retomar la iniciativa política. Pero el margen de maniobra es mínimo, y el tiempo, escaso. La sensación dominante en el bloque progresista no es de rebelión, sino de resignación. Nadie parece dispuesto a forzar elecciones ahora, pero todos actúan como si el final fuera inevitable.

La legislatura, en efecto, no ha muerto aún. Pero respira con dificultad. @mundiario