Cargas y salvas de los Mossos para desalojar las protestas en el Parlament y Laietana

Protesta en la puerta del Parlament. / RR SS
Por primera vez una manifestación llegó hasta la puerta principal del Parlament. / RR SS

El aniversario del 1 de octubre finaliza con cargas y disturbios a las puertas del Parlament de Catalunya. Nada se avanzó en la resolución del problema político. Esta vez fueron los Mossos quienes cargaron para evitar la toma de la cámara autónoma catalana.

Cargas y salvas de los Mossos para desalojar las protestas en el Parlament y Laietana

Muchas cosas cambiaron en el año transcurrido desde la consulta ciudadana en Catalunya el 1-O del 2017. Pero nada se avanzó en la resolución del problema político, que no es otro que dar una oportunidad a la ciudadanía catalana para que elija su futuro. El aniversario del 1 de octubre finaliza con cargas y disturbios a las puertas del Parlament de Catalunya. Esta vez fueron los Mossos quienes cargaron para evitar la toma de la cámara autónoma catalana. También hubo cargas y salvas de los Mossos para desalojar las protestas en Vía Laietana contra la Policía española. Por primera vez una manifestación llegó hasta la puerta principal del Parlament.

Hace un año, pocos días antes del 1-O, escribí que la consulta plebiscitaria del 1-O mostraría la confrontación dos legitimidades. Y decía también que el problema político catalán no se resolvía ni con la Guardia Civil ni con los Tribunales. Porqué, a pesar de esta evidencia, el Gobierno del Estado, los partidos unionistas y el Deep State representado por la Corona y presente en los altos estamentos judiciales optaron por la ilegalidad y por la represión? No todo es cuestión de votos.

Represión y casi mil heridos, Felipe VI y el 155

El Gobierno Rajoy pudo elegir otra opción para afrontar el 1-O. Incluso en el marco de su inmovilismo pudo optar por la apertura de un diálogo poco comprometido o por la mera remisión a los Tribunales de lo ocurrido el 1-O, sin mandar a los cuerpos policiales estatales a invadir las competencias de los Mossos de Esquadra y herir a casi mil ciudadanos. Las violentas  imágenes que dieron la vuelta al mundo degradaron muchos escalones la consideración internacional del Estado.

A pesar de este evidente deterioro y cuando el PSOE le iba a pedir responsabilidades parlamentarias a la vicepresidenta Sainz de Santamaría por la violencia gubernamental desarrollada, el Jefe de Estado señaló con su desnortado y desproporcionado  discurso del 3-O el comienzo de la reacción.

Después de la violencia de la manifestación unionista del 8-O la declaración formal de soberanía del 27-O- fue seguida por un auténtico golpe institucional español, supuestamente basado en el 155 de la Constitución estatal. Una norma adoptada desde el Derecho Constitucional alemán que le otorgaba al Senado competencias para limitar sectorialmente la autonomía (vgr.asumiendo provisonalmente las funciones de seguridad ciudadana…), pero  nunca le otorgaba la capacidad de supresión del autogobierno, cesando al President y al Govern o disolviendo el Parlament, como de hecho llevó adelante el Gobierno de Rajoy con el voto habilitante en el Senado del PP, PSOE y C’s.

Como resultado de este golpe institucional quedó anulada la autonomía de las nacionalidades y regiones que reconoce el artículo 2 de la Constitución, supeditada en adelante a la interpretación unilateral de una mayoría absoluta del Senado, deslegitimada por el principio mayoritario y provincial de su elección y por su falta de conexión con la voluntad de las naciones y territorios del Estado, que deberían ser, en un sistema federal plurinacional, los electores de dicha Cámara .

El Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional

Pero si el golpe del 155 desarboló el Derecho Constitucional que hasta entonces regía el Estado español, las actuaciones de los Tribunales penales que intervinieron desde el 20- S de 2017 violaron de manera gravísima el ordenamiento jurídico preexistente. Primero empezó la magistrada Carmen Lamel,  de la antijurídica y disfuncional “Audiencia Nacional” ( AN) al  atribuirse la competencia para juzgar al Comisario Josep Lluis Trapero, a la Intendenta Teresa Laplana y a los entonces presidentes de la ANC y de Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, contra la jurisprudencia consolidada de la propia AN que reconocía su falta de competencia  respecto del delicto de sedición.

La clara vulneración de la competencia del Tribunal fue confirmada por la Sala de Apelaciones de la AN. En lo que se refiere a la causa en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), el magistrado-ponente Llarena incurrió en la misma ilegalidad, desconociendo la competencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ( TSJC) en una causa sucesiva contra consellers del Govern, la Presidenta y otros miembros de la Mesa del Parlament. De este modo no sólo querían jugar en casa, en Madrid, sino evitar la doble instancia, el derecho de los investigados a un eventual recurso de apelación contra  la sentencia que decida en  primera instancia. Un derecho reconocido universalmente para todos los europeos en la Convención Europea de Derechos Fundamentales ( CEDH).

A  dichas vulneraciones de la Constitución, del Estatut de Autonomía de Catalunya y de las Leyes Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) debemos  añadir las evidentes vulneraciones del Código penal (CP) y del artículo 520 LECRIM (que regula la prisión preventiva como medida cautelar muy excepcional, sólo aplicable para delitos muy graves que aquí no se dan). Vulneraciones cometidas por los magistrados Llarena y Lamela y sancionadas por vía de recurso por sus respectivos Tribunales de Apelación en la AN y en el TS.

Se inventaron delitos de rebelión y sedición ausentes del CP, ya que el artículo 472 CP sólo define la rebelión a partir de la existencia de un alzamiento violento y la sedición requiere también de un componente violento o intimidatorio. A esta conclusión llegó cualquier observador europeo imparcial: cuando detuvieron a Puigdemont en  Schleswig Hollstein la propia opinión publicada unionista reconocía que el Código penal alemán (BGB) era muy semejante al español en la definición de estos delitos, allí llamados de alta traición (artículos 81 y ss.). Pero esa alta traición requiere siempre violencia (“force, en inglés) o intimidación (“ threath of force”, tamèn en inglés). He ahí la razón por la que el Tribunal Superior de Schleswig Hollstein hundió varios grados más  el ya muy reducido crédito del TS y de la AN en el conjunto de Europa, al rechazar sin duda alguna la extradición de Puigdemont por la evidente falta de violencia o intimidación en su conducta.

¿Cómo puede ser posible que el TS y AN afronten este desprestigio internacional e inventen de esta manera el Derecho Penal aplicable? Porque buena parte de los miembros de estos órganos jurisdiccionales, que llegaron a los mismos por el tamiz de su relación con el PP o con el PSOE, asume el mismo relato del Gobierno del Estado, de los partidos del tripartito del 155 y de los medios que difunden sus argumentos. Ante  una supuesta e indeterminada amenaza constitucional aplican la teoría decisionista de Carl Schmitt: el Estado es soberano y no tiene límites para salvar la Constitución, incluso puede decidir la violación de reglas concretas de la misma.

En el decisionismo schmittiano, aplicado a la Catalunya del otoño de 2017, todo es admisible. También la aplicación de un 155 inconstitucional o de un Derecho Penal del Enemigo que vulnera el CP y los derechos fundamentales de la Constitución. 

Conviene aquí anotar, como díce Suso de Toro, que no existió fuera de Catalunya y, en menor medida, fuera de Euskadi, Nafarroa, Galicia, País Valencià y les Illes una respuesta de oposición por parte de las fuerzas progresistas, lo que hizo crecer exponencialmente la seguridad del tripartito del 155 en su respuesta. A mayores, el factor del apoyo de la Corona ensambló en la misma coalición ese tripartito, los que mandan en el Deep State y los sectores más populares del “a por ellos”. La cuestión catalana sirve para tapar los gravísimos problemas sociales que sufren gran parte de las clases medias y trabajadoras españolas. 

Presos y exiliados

La ciudadanía catalana o, por lo menos, esa mayoría superior al 70% que integra a los soberanistas y a las personas que rechazan la cárcel para los presos políticos, tuvo que convivir con la absoluta anormalidad de asumir que todas las personas del Govern del 1-O se convirtieran en presas o exiliadas, a la vez que la presidenta del Parlament , la antigua portavoz de la CUP o la secretaria general de ERC. Para cuatro generaciones del pueblo catalán es la primera vez que deben asumir la existencia en su seno de presos y exiliados políticos.

Parece que amplios sectores del soberanismo han asumido con normalidad  el ejemplo de estas personas y, sobre todo, que su opinión ante lo futuro es importante e incluso  casi decisiva. Los presos y exiliados políticos constituyeron también el principal referente que le permitió al relato soberanista ensanchar su base social y entrar en sectores progresistas hasta entonces poco simpatizantes de la independencia, pero hoy muy solidarios con las vulneraciones de derechos fundamentales sufridas por estos colectivos y, en menor grado, por cientos de catalanes. 

Los avances y los peligros

La situación de este 1-O no es mejor, desde luego, que la del año pasado. Pero no sería correcto calificar sin más los hechos de octubre de 2017 como una derrota y mucho menos como una derrota definitiva. Existen varios factores que califican la resiliencia del soberanismo y hacen apuntar avances:

i. El llamativo éxito electoral del 21-D último, reteniendo las fuerzas soberanistas la mayoría absoluta parlamentaria y el porcentaje relativo de apoyos, proximo al 48% de los votos. 

ii. La formación de Gobierno a pesar de todas las vulneraciones de Derecho Parlamentario del magistrado Llarena y la adopción de una respuesta unitaria que mantiene los derechos parlamentarios de los presos y exiliados que quiere cesar Llarena. 

iii. El avance perceptible respecto de otros sectores de la sociedad catalana que no creían hace un año en el  procès, pero que ahora son solidarios con él en cuanto al discurso de los derechos fundamentales y también en cuanto conciben una República catalana como marco futuro de convivencia, frente a la actual democracia monárquica de baja calidad que vivimos en el Estado español. Ésta parece ser la evolución de sectores cada vez más importantes de Catalunya en Comù. Esta formación política defiende ahora los derechos de los parlamentarios presos o exiliados, frente a las exigencias liquidacionistas de Llarena.

iv. El progreso en la internacionalización del conflicto ( Flandes, Alemania, Suiza, Canadá, Eslovenia, repúblicas bálticas, Irlanda, Escocia), la mayor comprensión de sectores cada vez más amplios de las sociedades de las Illes, del País Valencíà, de la de la Catalunya Nord o L’ Alguer y de Euskadi, Nafarroa y Galicia, así como el progresivo desescalamiento del conflicto que parecen defender ahora sectores varios de las fuerzas progresistas españoles. 

v. La limitadísima ventana de oportunidad de un Gobierno del Estado que depende por  ahora de una mayoría parlamentaría anti 155. 

vi. La posibilidad, por ahora bastante alejada (pero menos que en el 2017) de una iniciativa de mediación europea hacia un referéndum pactado que evite una situación continuada de inestabilidad en Catalunya y, en general, en todo el Estado español. 

Frente a estos avances destacan dos riesgos esenciales: priorizar una declaración unilateral que rechaza la comunidad internacional y para la que no se cuenta con apoyo social suficiente y el recurrente riesgo de división del soberanismo, que deberá priorizar su carácter de movimiento ciudadano frente a los líos partidarios. 

Conclusión 

Vuelta al inicio. Había un problema político y la ceguera política y el golpe institucional del “ mainstream” español lo multiplicaron. La Corona, los del “a por ellos” y los agentes económicos que mandan en el Deep State impiden el derecho a decidir y quieren anular el derecho de los catalanes (y los de todos nosotros) a ser y pensar diferentes y a gobernar su futuro. @mundiario

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