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El caos permanente de un Estado que no llega

El Estado español está colapsado y es vago hasta para pensar. Desatiende sus obligaciones y es probable que asistamos en directo a otro fracaso de gestión cuando empiecen a canalizarse las ayudas europeas para la reconstrucción,
El caos permanente de un Estado que no llega
Pedro Sánchez. / Mundiario
Pedro Sánchez. / Mundiario

La nevada del siglo, como algunos califican las nieves caídas en buena parte del país al paso de la borrasca Filomena durante los primeros días del 2021, es otra gota convertida en copo helado que colma el vaso. Si hay algo que ha puesto de manifiesto es el caos permanente del Estado que no llega. No llega a las nieves, ni a la planificación ordenada, ni a la toma de medidas preventivas, pero tampoco a la pandemia de la Covid, a la masificación de hospitales públicos y centros de atención primarias. Ni a remontar la crisis económica, institucional, política, ni llevar a buen puerto las reformas ranqueantes desde hace décadas, o a combatir las bolsas de paro y miserias. Tampoco a defender la clase media, cada vez más menguante, por tanta precariedad creciente. 

El Estado tampoco llega al reparto de material sanitario con la erupción de la pandemia, ni a la vacunación (pero sí a poner etiquetas del “Gobierno de España” en los primeros embalajes), ni impide una subida de la electricidad del 27% en la fase más crítica del invierno. Se ha ahogado en las tramitaciones de los ERTES (miles de familias esperando desde hace meses el cobro), en el pago de las ayudas al paro para los que perdieron su empleo hace meses por culpa (¿de ineficaces funcionarios?) del SEPE, o en tramitar por la vía de urgencia lo que se vendió a bombo y platillo como el Ingreso Vital Mínimo. El Estado no llega. Está colapsado tanto conceptual como empíricamente. ¿Asistiremos en directo a otro fracaso de gestión cuando empiecen a canalizarse las ayudas europeas para la reconstrucción? Por de pronto, de lo que sí estamos seguros es que ciertas instituciones internacionales tipo FMI  ya nos han certificado en el 2020 el récord tanto en deuda como déficit anual respecto al PIB.

Antes de la Covid-19, ya padecíamos la parca sensibilidad de las autoridades sanitarias (Estado) por la prevención médica y el diagnóstico precoz, prefiriendo gastar hasta cinco veces más para tratar paliativamente cualquier enfermedad grave. También sufríamos el colapso de las infraestructuras del Estado, de la justicia que se eterniza con expedientes hasta en los pasillos, o de la hacienda pública para atajar el fraude fiscal (en torno al 25% del PIB de la economía sumergida). Qué decir  de la carente moralidad en asuntos públicos, de la gestión ante la sequía, o en el extremo contrario ante las excesivas precipitaciones y las frecuentes riadas. Por no hablar de la entrada masiva de migrantes, de la despoblación galopante en la España rural y de la excesiva urbanización de las ciudades, agravando los desfases. El Estado no reconoce que quien alimenta  las urbes son los campos y que la leche no viene del tetrabrik. Tras varias crisis encadenadas, seguimos debatiendo sin conclusión alguna sobre los pilares de nuestra economía que alimenta y financia el Estado del bienestar vía impuestos procedente de la otrora industria del ladrillo y del turismo, ambos hundidos hoy en la miseria por tanta política miserable.

Avanzamos en la emergencia ecológica y tampoco  visualizamos que el Estado tenga una estrategia propia salvo las impuestas por la UE para descarbonizar la industria y acabar con las emisiones de C02. Al contrario, seguimos haciendo honor de ser el Estado con mayor índice de contaminación acústica del mundo tras Japón, de contaminación lumínica y de derroche hídrico, amén de maltratar el patrimonio natural sin dar escarmiento a los abusivos delitos ecológicos. La ley dice textualmente que “quien contamina paga”. No hace falta que transcriba cierta onomatopeya por la falta de cumplimiento. 

Tras varias crisis encadenadas, seguimos debatiendo sin conclusión alguna sobre los pilares de nuestra economía que alimenta y financia el Estado del bienestar vía impuestos procedente de la otrora industria del ladrillo y del turismo, ambos hundidos hoy en la miseria

Hablamos hasta la saciedad de la inminente revolución tecnológica con la digitalización y pese al impulso dado durante el confinamiento por parte de la sociedad, el Estado sigue sin recetas claras y sin estimular la Administración digital y la economía eco-digital con una política industrial que ni está ni se la espera. Más bien lo opuesto, parece como en muchos frentes disruptivos que afrontaremos el cambio de paradigma no por iniciativa propia sino por imposición desde Bruselas. El Estado es vago hasta para pensar.

A ojos de los más hiperestésicos, con Filomena el Estado catatónico tampoco llega a retirar las nieves de las aceras en las calles de Madrid y supone nueva fricción política. Olvidan que cuando llegan las riadas e inundaciones, tampoco se exige tanta celeridad la intervención de los instrumentos del Estado (bomberos por citar un ejemplo) para achicar agua. En esos casos, muchos no esperan y toman la iniciativa privada del cubo y la fregona para sacar el agua sucia de casa cuanto antes. Se conoce que con la nieve blanca en las aceras adoptamos otro código de conducta.


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Pero el Estado también es negacionista. Nos niegan las reformas pendientes aunque haya políticos que exijan su implementación sólo cuando están en la oposición.  El Estado tampoco llega a los consensos básicos en innumerables cuestiones de debate público, como: la reforma de las autonomías, de la ley electoral, de la financiación de partidos y sindicatos, de los pactos de Toledo, la reforma laboral,  el clientelismo electoral que consume -según ciertas cifras unos 120.000 millones de euros año tras año- y frustran el endeble Estado de bienestar para amparar a los necesitados. Un importe casi similar al que esperamos recibir de Europa para la reconstrucción (Next Generation EU). 

Pero el Estado es incapaz de modernizarse tecnológicamente y agilizar los instrumentos judiciales, o de contener la burocracia con tantas instituciones públicas de competencias duplicadas, impedir 18 políticas gubernamentales (las autonómicas y la central),  paliar el fracaso escolar, el paro juvenil más elevado de Europa, los parados de larga duración, la discriminación por edad a los mayores de 50 años, el enchufismo en las plazas públicas con la apariencia de concursos apañados. Más aún: de contener la especulación del suelo que hace impagable tanto las hipotecas como los alquileres. O de arreglar con justicia el tema de los okupas y la indefensión de los propietarios Por no citar la extendida corrupción, que el Estado y sus administradores  niegan a reponer el daño de sus infractores sin obligar, como mínimo, a devolver el dinero malversado.

El Estado, en suma, parece ser débil con los delicuentes  de pecados mortales y sumamente severo con los pecadores veniales.  Desatender sus obligaciones y exigir sólo el cumplimiento de unos derechos que no siempre se respetan, es otra clase de negligencia consentida. Algo se nos escapa en esta Democracia cuestionada por golpistas, separatistas, comunistas, filoterroristas  y revolucionarios importadores de otros Estados fallidos. Con cierta razón aparecieron editorialistas suizos que tildaban España  de  “estado fallido”. Para otros patriotas somos ya “un monstruo ingobernable”. Algo desde luego no estamos haciendo bien, cuando analistas financieros han calculado que a día de hoy la actual coalición socio-comunista  está costando a España unos 250 millardos de euros, osea casi la mitad de nuestros actuales PGE. 

Me cuesta repetirme y poner el caso de Alemania. Con 120.000 millones de euros, de los que hoy en España malgastamos en chiringuitos y subvenciones encubiertas, el gobierno del canciller Kohl y luego Merkel, pagó la reunificación alemana y afianzó un Estado de bienestar en los cinco pobres estados comunistas del Este de apenas 16 millones de germano-orientales. Aquí en España, negamos al Estado, negamos la negación, excusamos los  recursos para los más desfavorecidos e inventamos parches para presumir de un Estado solidario. Solidario cuando le conviene, pero un tanto despótico, medroso y  poco ejemplarizante. Parafraseando a un ilustre francés, podríamos decir que “Las quejas parecen ser la única forma de poesía retribuida por el Estado”. @mundiario