El caos ferroviario desata la tormenta: el PP se enzarza con el Gobierno por la gestión del AVE

El AVE, durante décadas símbolo del progreso y la modernización de España, se ha convertido en el reflejo de un sistema que amenaza con descarrilar no solo en lo técnico, sino también en lo político. Lo ocurrido el domingo por la noche —cuando más de 10.000 personas quedaron atrapadas en trenes entre Madrid y Sevilla por el robo de 150 metros de cable— es algo más que una incidencia puntual: es el catalizador de una tormenta perfecta que enfrenta al PP con el Gobierno, y que sitúa al ministro de Transportes, Óscar Puente, en el epicentro de las críticas.

El robo, según Puente, fue quirúrgico: un cable de escaso valor económico, pero vital para el funcionamiento de la línea de Alta Velocidad. La tesis del “sabotaje” ha sido esgrimida con insistencia por el ministro, que advierte de una acción “coordinada” con conocimiento técnico y logística precisa. Pero las explicaciones ofrecidas no han aplacado la indignación política ni la de los usuarios, muchos de los cuales pasaron la noche encerrados en vagones sin luz, sin agua y sin información.

La respuesta del PP ha sido fulminante. No solo han pedido la comparecencia urgente de Puente en el Congreso de los Diputados, sino que exigen una auditoría completa de la red ferroviaria y compensaciones a los afectados. Dirigentes como Juan Bravo, vicesecretario de Economía o Carmen Fúnez, vicepresidenta de Organización, atrapados ellos mismos en los trenes, han vivido el incidente en carne propia y lo han utilizado como prueba palpable de lo que denominan “incompetencia estructural” del Ejecutivo. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha elevado el tono denunciando que “la gente no merece pagar cada día más impuestos a cambio de peores servicios”.

Y no les falta munición. El episodio llega tan solo una semana después del apagón masivo que dejó a oscuras a la península ibérica, y se suma a otras incidencias graves en Cataluña y en la línea Madrid-Valencia en las últimas elecciones catalanas de 2024 y las generales de 2023. El patrón se repite, pero la reacción institucional no parece estar a la altura. Las palabras de Puente, asegurando que no se puede llevar “un arsenal para emergencias” a cada tren, han sido percibidas desde Génova como una muestra de desconexión con la magnitud del problema.

El PSOE carga contra el PP

Mientras, desde el PSOE se acusa al PP de “carroñeros”, y de “aprovechar la desgracia ajena para intentar reanimar su maltrecha carrera política”. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha expresado solidaridad con los afectados y ha prometido una investigación. 

Pero la línea argumental del Gobierno se ancla en la tesis del sabotaje como eximente, evitando asumir fallos estructurales o de previsión que, como mínimo, deberían obligar a una revisión profunda del sistema de seguridad ferroviaria.

Sin embargo, en política, la percepción es tan importante como los hechos. Y lo que ha calado en buena parte de la opinión pública es la imagen de miles de pasajeros abandonados, trenes detenidos en medio de la nada y un Ejecutivo centrado en responder por redes sociales.

Vox ha aprovechado también el momento para cargar con dureza contra Puente, a quien tacha de “inútil y bananero”, y al que acusa de estar más preocupado por “perseguir a tuiteros y a youtubers” que por mantener operativas las infraestructuras del país. @mundiario