El campo semántico de los desacuerdos en educación sigue vivo

Sede del Ministerio de Educación, en Madrid. / Mundiario
Sede del Ministerio de Educación, en Madrid. / Mundiario

El discurso de “la calidad educativa” ha vuelto; sin vacaciones y con la Covid-19 de fondo, está donde ha estado desde los años noventa.

El campo semántico de los desacuerdos en educación sigue vivo

Con el pretexto de los borradores de enseñanzas mínimas de Educación Primaria, la oposición gubernamental ha decidido que, al derogarse las propuestas que habían hecho en el R.D. 126/2014, tenía un pretexto para invalidar la LOMLOE. Al urgir que desde todas las áreas de conocimiento (art. 6.3) –incluidas las matemáticas-, se aproveche la actividad educadora para el desarrollo de los valores cívicos (art. 8.2), creen haber encontrado un argumento demostrativo de un presunto  afán adoctrinante, extraño a lo que deba ser la educación de todos.

Ni a pensar se han parado en lo que han sido siempre sus propuestas, ni menos tampoco qué signifique llevar la Constitución al quehacer diario del aula; no reparan en la “Ley Wert” ni en sus contribuciones  precedentes, visibles en los libros de lecturas o de Historia que nos impusieron e, incluso, en los ejercicios de Aritmética con que inundaban las mentes infantiles con mezclas de líquidos y áridos en que siempre salía bien parado el tendero, a fin de que su rudimentario “emprendimiento” se inclinara por la codicia en el balance de caja.

Coincidentes desacuerdos

Coincide este falso debate con otros de mayor enjundia significativa como el precio de la energía eléctrica en máximos desconocidos desde antes de las sucesivas privatizaciones del principal sistema energético de las familias, otro asunto en que las colisiones entre “lo social” y la libertad absoluta del mercado andan tan a la greña que, en declaraciones del 10 de agosto, a la portavoz del PP, Ana Pastor, se le vino pronto a la boca la recriminación a estos gobernantes de la Moncloa por dejar atrás a los más necesitados; proseguía el tirar la piedra y esconder la mano con que tantas lecciones continuadas han dado como responsables de la normativa en que se basan estos precios, y culpables de los continuados recortes a las prestaciones de los más débiles donde quiera que gobiernan. Sabido es, por ejemplo, que en Galicia –repitiendo actuaciones en Madrid y en otras Comunidades-, Feijóo ha cerrado 138 centros educativos públicos (aproximadamente uno de cada diez), mientras incrementó la presencia de la enseñanza concertada y privada, aumentándose este año 16 respecto a años anteriores, en perjuicio, sobre todo, de las zonas del rural, como ha sido el caso de Begonte (en Lugo).

No es menos relevante que, en este fin de verano, el nuevo curso se inicie bajo dos situaciones coyunturales altamente inquietantes. Por un lado, que la quinta ola no haya acabado resolviéndose de manera acorde con las expectativas depositadas en su evolución: ni está claro qué pase con la cobertura real de las vacunas, ni menos qué pueda suceder con las mutaciones de la Covid-19; termina el verano y, si bien el sector del turismo parece haberse recuperado bastante no alcanza plena satisfacción ni augura que, al reanudarse la presencia de alumnos en los centros educativos, hayan desaparecido los riesgos, especialmente donde se hayan activado recortes de docentes. Por otro lado, los acontecimientos últimos de Afganistán, por muy jaleados que hayan sido los servicios humanitarios de nuestros militares, dejan abierto el clamor por veinte años de presencia no deseada en un área tan diferente a la de nuestras burbujas occidentales; en el aire ha quedado la sensación de que hay intereses superiores a los que llevaron a los socios implicados en tan prolongada operación geopolítica, que han aconsejado su retirada sin que la zona sea ahora más segura, ni Occidente  esté exento de percances como el que sirvió de pretexto.

El BOE reformador

En ese contexto, la nueva ministra Pilar Alegría parece querer rebajar algo más las medidas de la LOMLOE. Los partidarios de pactos que no son tales le estarán agradecidos, pero ganaría credibilidad si repasara errores e incongruencias del pasado para que, al menos, no se degradara más este servicio público fundamental. Desde que los reformismos educativos proliferaron tanto que unos y otros gobiernos de la restaurada democracia los adoptaron como símbolo de cambios señeros, no hemos cesado de entonar himnos alternativos sin que mejorara el sistema en asuntos relevantes, que siguen ahí. Es muy recomendable, por ello, releer los irónicos, rigurosos y sistemáticos análisis que al respecto fue haciendo José Gimeno-Sacristán desde los años ochenta, que ahora se reeditan bajo el título Ideas que perviven. Aquellos artículos suyos en Cuadernos de Pedagogía siguen actuales y vamos camino de repetir por octava vez después de la CE78 la vieja creencia de que con la publicación de los currícula de la LOMLOE en el BOE cambiará en firme la realidad educativa en las aulas. Las disposiciones derogatorias de normas anteriores que suelen incluir estas leyes orgánicas ignoran que existen “culturas escolares” muy asentadas de tiempo atrás, contrarias a ir más allá de nuevas formalidades, pero inconsistentes para superar los desajustes continuados que en las aulas viven docentes y alumnado.

En aras de la verdad -como se ve también con la Covid-19-, sigue siendo excesiva la confianza que tales disposiciones muestran en que los neolenguajes que proponen para referirse a la docencia en las aulas sean suficientes. Y más que sospechoso es que sus grandes criterios orientadores se cifren en  las “competencias” que, desde hace años, deban perseguir los trabajadores de la enseñanza, mientras no se ve similar persistencia de las Administraciones en ocuparse de las condiciones reales de las aulas y los centros, las ratios de alumnado o la cualificación profesional de un profesorado, cansado de que gran parte de la eficiencia de su quehacer dependa de la estricta voluntariedad de su empeño personal. A menudo, sin embargo, el de muchos expertos y responsables de estos asuntos políticos, una vez  hechos estos documentos para sus boletines oficiales, parece ser el descanso: no les preocupa lo que pase a continuación, ni las desigualdades de trato que –como repite esta nueva ley- sostenga el sistema entre unos y otros alumnos. 

A estas alturas de la secuencia pandémica, incierta en tantos aspectos, lo que se avecina para el comienzo de curso inmediato es que, pese a tanta ley educativa como hemos subido al BOE, una parte destemplada de la ciudadanía seguirá con sus liberales twits pro domo sua, mientras otra más amplia seguirá demandando la básica  calidad democrática para un sistema educativo de todos; para empezar, este día cuatro de septiembre reclamará en Madrid “una vuelta segura a las aulas” y un “Plan de rescate para la Educación Pública”. @mundiario 

El campo semántico de los desacuerdos en educación sigue vivo
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