¿Vuelve a optar Sánchez por el hecho diferencial catalán?

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Sánchez ha cambiado algo más que el eslogan del PSOE.
Tanto la Declaración de Granada como la de Barcelona son una apuesta por el reconocimiento, con todos sus efectos, de la singularidad de Cataluña, que incluso propone, en su caso, que el Constitucional no pueda corregir un Estatuto refrendado, como ocurrió en 2010. La apuesta parece arriesgada.
¿Vuelve a optar Sánchez por el hecho diferencial catalán?

El nuevo bandazo en el programa electoral del PSOE, del que inicialmente desaparecían las referencias a un modelo de Estado Federal, ahora recuperadas, según consta en documentos y declaraciones, para responder a “la singularidad de Cataluña”, supone, al reactivar las llamadas Declaraciones de Granada (2013) y de Barcelona (Pacto PSC-PSOE), de 2017, el reconocimiento de aquella comunidad como una entidad nacional, tras y como se desprende de la Declaración de Barcelona que concluye de modo inequívoco en ese sentido, incluida la reforma de la Constitución para lo  que se llama el “encaje de Cataluña en España”.

El PSC ha recordado a su central los compromisos federalistas de las declaraciones citadas que, en principio, no iban a figurar el programa electoral, de modo que el doctor Pedro Sánchez, no sólo ha cambiado el lema del electoral del partido que era Ahora gobierno ahora España” por “Ahora sí”, sino que ha anunciado que en el programa electoral incluirá tales declaraciones y las propuestas federalistas y un reconocimiento expreso, aunque se disimule de la singularidad de Cataluña y sus efectos.

La Declaración de Barcelona concluye:

“Esa reforma constitucional deberá contemplar, en lo que se refiere a la organización territorial del Estado, al menos cuatro grandes cuestiones: EL RECONOCIMIENTO DE LAS ASPIRACIONES NACIONALES DE CATALUÑA; unas nuevas reglas para el reparto competencial que mejoren el autogobierno de la Generalitat desde el respeto y la lealtad institucional; un acuerdo sobre la financiación autonómica que dote de recursos necesarios para el sostenimiento de las grandes políticas públicas; y el establecimiento de un Senado federal como mecanismo de representación territorial de las Comunidades Autónomas facilitando así su participación en la toma de decisiones en el ámbito estatal”.

Dos declaraciones de Barcelona

Hay dos “Declaraciones de Barcelona” que no se deben confundir, una fue el manifiesto suscrito por Convergència i Unió, Partido Nacionalista Vasco y el Bloque Nacionalista Galego en defensa de los “derechos nacionales” de sus respectivos territorios frente a la política del primer gobierno de José María Aznar. La declaración fue hecha pública el 16 de julio de 1998 y los representantes de los tres partidos nacionalistas acordaron que volverían a reunirse en septiembre en Bilbao y en octubre en Santiago de Compostela. Este manifiesto se inspiraba en Triple Alianza de 1923 o la Galeuzca de 1933, en los inicios de la Segunda República Española.

La otra “Declaración de Barcelona” fue firmada el Julio de 2017, una vez que Pedro Sánchez recuperó la secretaría general y es un pacto interno PSOE-PSC titulado “POR EL CATALANISMO Y LA ESPAÑA FEDERAL. DECLARACIÓN DE BARCELONA. Acuerdo entre la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y la Comisión Ejecutiva del PSC”. El acuerdo interno profundizaba en la llamada “Declaración de Granada”, de 2013, en el que el PSOE fijaba su política autonómica, sobre el que siempre se proyectaba lo mismo: el camino para resolver el conflicto territorial con Cataluña.

Declaración de Granada

La Declaración de Granada, firmada por el llamado Consejo Territorial el 6 de julio de 2013, se definía como “Un nuevo pacto territorial: la España de todos”; pero de su lectura atenta se desprende en cuestiones esenciales que lo que se trata es de buscar alguna salida al problema catalán, a costa de severas concesiones, como desarmar al Tribunal Constitucional para que no pueda introducir modificaciones en un estatuto que ha sido refrendado por los votantes del territorio al que corresponda, aspecto que se matiza, pero que resulta del todo imposible. Es evidente en este documento que se trata de evitar que, como ocurrió en 2010, el Constitucional apee del Estatut futuro, cuestiones como dotar a Cataluña de un poder judicial autónomo o de que el Estado no pudiera legislar para aquella comunidad incluso en competencias no cedidas.

Cabe recordar que el PSC (once de cuyos diputados votaron en su día en el Congreso, a favor del llamado “derecho a decidir” de los catalanes, entre ellos la actual presidenta del Congreso, Maritxell Batet, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, han demandado siempre más autogobierno, es decir, menos Estado y más fondos para Cataluña y el reconocimiento de Cataluña como nación, así como el blindaje de las competencias de la Generalitat.

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Parece que Pedro Sánchez es sensible a las demandas de Iceta.

Y en ese sentido se iba más lejos, al exigir que se aceptara definir a España “Como un estado plurinacional” más cerca de un estado confederal que federal. Pero la Declaración de Granada es muy contradictoria, puesto que, mientras por un lado afirma que los ciudadanos deben ser iguales en derechos, sin privilegios ni excepciones con independencia donde residan, en su declaración final anota: “Necesitamos reformar la Constitución para incorporar los hechos diferenciales y las singularidades políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas que son expresión de nuestra diversidad”.

Pero lo realmente sorprendente, sobre todo porque no se sabe cómo pretenden evitar que el Constitucional ejerza sus funciones sin restricciones como la propuesta, la citada Declaración de Granada señala: “Necesitamos modificar el control constitucional de las reformas de los Estatutos de Autonomía para que no se repita el hecho de que el Tribunal Constitucional anule parcialmente un Estatuto que ya ha sido votado por los ciudadanos”.

Alemania como modelo

La mención del PSOE de recuperar las declaraciones de Granada (2013) y de Barcelona (2017) supone un retorno a las posiciones más federalistas que el partido, en las que se apelaba a modificar la Constitución para apostar decididamente por el modelo de países como Alemania. La declaración granadina tildaba de “confuso y conflictivo” el sistema de reparto de competencias del modelo autonómico. Asimismo, criticaba la “insuficiente colaboración institucional” entre Comunidades Autónomas y Estado. El informe del PSOE, entonces liderado por Rubalcaba, estimaba que el Senado es un “fracaso” y que se hace imprescindible una reforma constitucional para plantear una Cámara territorial, una de las grandes propuestas del plan.

“El federalismo debe ser el modelo definitivo de nuestra organización territorial”, indicaba el PSOE en Granada en una idea que recogió la declaración de Barcelona en 2017, ya con Pedro Sánchez como Secretario general. El documento, en el que los socialistas se autoproclamaron como “la izquierda”, pide “iniciar los trabajos para una Reforma Federal de la Constitución que nos una de nuevo”. El informe advertía de la importancia de realizar “una oferta política” para impedir “el choque de trenes del 1 de octubre” que finalmente provocó el descarrilamiento entre el Gobierno central y Cataluña. Pedro Sánchez exhuma ahora (copio literalmente) “El reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña”, según la llamada Declaración de Barcelona, al alimón con el PSC.

En dicho documento se termina con el texto que transcribo:

España necesita una reforma profunda de nuestra Constitución. Los socialistas llevamos años apuntando la necesidad de renovar el pacto político, social y territorial que nos dimos en 1978. Además de la necesaria modernización y actualización del texto, la transformación de España en un Estado plenamente federal debe servir también para profundizar en su esencia democrática y para garantizar su carácter social, respondiendo a los anhelos de cambio de una mayoría de catalanes, así como de una mayoría de españoles.

Esa reforma constitucional deberá contemplar, en lo que se refiere a la organización territorial del Estado, al menos cuatro grandes cuestiones: EL RECONOCIMIENTO DE LAS ASPIRACIONES NACIONALES DE CATALUÑA; unas nuevas reglas para el reparto competencial que mejoren el autogobierno de la Generalitat desde el respeto y la lealtad institucional; un acuerdo sobre la financiación autonómica que dote de recursos necesarios para el sostenimiento de las grandes políticas públicas; y el establecimiento de un Senado federal como mecanismo de representación territorial de las Comunidades Autónomas facilitando así su participación en la toma de decisiones en el ámbito estatal.

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Ábalos e Iceta en la manifestación por la unidad de España en Barcelona.

El éxito de esta reforma exige un consenso sólido. No hay otro camino que el diálogo y el entendimiento entre las diferentes fuerzas políticas. Por ello, los socialistas consideramos prioritario impulsar en el próximo periodo de sesiones una subcomisión, o el órgano parlamentario que se considere más conveniente, avalada por un amplio grado de acuerdo que comience a trabajar en sus contenidos desde los principios del consenso, el diálogo y la pluralidad. En este sentido el PSOE ofrece a la sociedad catalana y al conjunto de la sociedad española los acuerdos de Granada y, más concretamente el documento “Hacia una estructura federal del Estado” como una propuesta para seguir avanzando juntos”.

Estado federal

España ya es de facto un estado federal, donde algunas comunidades tienen más competencias que los länder alemanes o las regiones italianas u otros modelos. El estado federal que se propone en la Declaración de Granada está hecho a la medida del interés del nacionalismo catalán de ascender a competencias de Estado que, de hecho, se aproxima más a un estado confederal que federal, ya que de ese modo Cataluña (y luego el País Vasco) se convertirían en consocios al mismo nivel que el resto de España dentro de ese Estado. El abandono del sentido unitario de la nación y la igualdad jurídica de todos los ciudadanos es uno de los principios del socialismo que Sánchez no se corresponde con la idea básica del socialismo de la igualdad entre todos los ciudadanos. El modelo alemán, por cierto, fue impuesto por los norteamericanos al final de la II Guerra Mundial, frente a la idea inicial, para que no volvieran a las andadas, de dividir al país en una serie de mini-estados.

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Una caricatura para reflejar la química entre Sánchez e Iceta.

Cabe recordar que el actual modelo de Estado Federal de Alemania fue el resultado final como solución impuesta por Estados Unidos y e Inglaterra, si bien en principio, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Morgenthau Junior, presentó un plan que lleva su nombre y que consistía en reconvertirla Alemania en un territorio eminentemente agrícola y ganadero, formad por pequeñas porciones que no formaran propiamente una nación  Plan que no se aplicó,  lo que permitió el resurgimiento económico del país sobre una nueva conciencia nacional, la división en dos Estados hasta 1990, y la pérdida de territorios propios como Silesia, Pomerania y Prusia Oriental. O sea, que el modelo alemán surge como consecuencia de la II Guerra Mundial para evitar que Alemania pudiera volver a las andadas, nada que ver con la situación actual de España. @mundiario

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