Cuestionarse ahora la transición es olvidar cómo estaba España en 1977

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El presidente Suárez firma los pactos

España todavía vivía, sin superar, las consecuencias de la crisis del petróleo. Con una inflación de 47 por ciento era inviable pensar en la reforma democrática del calado que el país precisaba, pero fue posible gracias a los "Pactos de la Moncloa".

Cuestionarse ahora la transición es olvidar cómo estaba España en 1977

¿Cómo es eso de que la “Transición” no sirvió para nada y dejó intactas las estructuras del franquismo? No sé si ustedes lo vieron, pero yo vi a Dolores Ibárruri,”Pasionaria”, en la presidencia de edad del Congreso de los Diputados desde donde Franco proclamó a Juan Carlos I su sucesor a título de Rey ¿Y qué hubiera sido de España y de los españoles sin los “Pactos de la Moncloa”, asumidos por las fuerzas políticas democráticas y los rescoldos del franquismo? Pero de qué estamos hablando.

¿Se acuerdan de Fuentes Quitana?, el ministro de Economía de entonces, lo dejó claro: "O los demócratas acaban con la crisis económica española o la crisis acaba con la democracia". Y así fue.

Un desolador síntoma del punto al que el “libro de estilo” de la rebelión del independentismo catalán contra el Estado, ha calado en determinados ámbitos del resto de España, lo evidencia hasta que en los espacios menos imaginables se emplean sus tópicos para describir la evolución y la situación del país, empezando por referirse a la Constitución como “el Régimen de 1978”, en clara intención de identificar la expresión “régimen” con el de Franco. Y la expresión genuina de ese “régimen” es precisamente la Constitución que, ¡Oh casualidad!, fue votada mayoritariamente, por encima de la media nacional en Cataluña. Dos de los ponentes de este texto eran catalanes, el comunista Jordi Solé Tura y el convergente Miquel Roca i Junyent. Por cierto, que Solé Tura insistió en defender el concepto de España como una realidad histórica a perfeccionar con el Estado de las autonomías y rechazó que se calificara a nuestra nación como “Estado español”, término curiosamente de origen franquista. (Así figura en el Libro de Calificaciones de los bachilleres de mi tiempo).

Pero volvamos a la hora denostada transición y a uno de sus logros para enderezar el futuro del país, “Los Pactos de la Moncloa”. En 1977, España todavía vivía, sin superar, las consecuencias de la crisis del petróleo de 1973. Con una inflación que en poco tiempo subió del 20 al 47 por ciento era inviable pensar en una reforma democrática del calado que el país precisaba. El paro era del 10 por ciento, entonces un tope nunca alcanzado y nuestra competitividad escasa.

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Esquema de los Pactos de la Moncloa.

 

En octubre de 1977, se reunieron en el Palacio de la Moncloa los partidos políticos con representación parlamentaria, así como el sindicato CC. OO. y los representantes de la patronal con el fin de llegar a una serie de acuerdos que reflotaran la economía española. Surgieron los Pactos de la Moncloa, que supusieron no sólo un paquete de medida económicas urgentes, sino otras no menos importantes de carácter político. Para reducir la inflación, se devaluó la peseta, se establecieron normas para controlar el gasto público y se estableció un programa para racionalizar el gasto en energía. Los sindicatos aceptaron el despido libre en un máximo de un 5% de los trabajadores de una empresa, pero se reconoció el derecho de asociación sindical y se limitó el crecimiento de los salarios a la ratio de la inflación que en aquel momento era del 22 por ciento.

Los periodistas que entonces ejercíamos bajo la presión de la Ley Fraga de 1966 (se podía criticar al Gobierno, “con el debido respeto”), saludamos con alborozo del levantamiento de la censura y de la proclamación de la libertad de prensa, además de una tenue, pero importante modificación de las leyes relacionadas con los secretos oficiales de modo que la oposición pudiera tener acceso a la información del Estado. También se consagraron los derechos de reunión, de propaganda y de asociación política. Se estableció el delito de tortura y se despenalizó el de adulterio o amancebamiento. Bien es cierto, como explico más abajo, que aquella euforia ante la desaparición de la censura se nubló cuando para evitar el debate sobre la monarquía se introdujo un decreto que volvía a establecerla para determinadas cuestiones esenciales: Monarquía, Ejército, la unidad de España.

Aunque se pudo ir a más, fueron también importantes las reformas en materia tributaria que sacaran a España del atrasado e injusto sistema que se arrastraba desde décadas. El Estado introdujo nuevos y necesarios impuestos, que los ciudadanos del siglo XXI aceptamos como cosa natural para mejorar la vida de todos.

La foto de la firma de los Pactos, con la presencia de hombres de las más diversas y contrapuestas ideologías es la mejor postal de lo que significaron aquellos pactos dentro de la transición, pese a todo.

El más grave fleco pendiente

Es oportuno recordar ahora el modo contundente en que se evitó que, en la transición del franquismo a la democracia, se discutiera otra opción que en la propia previsión de caudillo de que lo sucediera Juan Carlos I a título de rey. En ese sentido cabe decir los oportunos estudios llevados a cabo por el profesor Marc Carrillo. Se pusieron los medios jurídicos para impedir que se llevara a cabo la propia pretensión de las fuerzas democráticas y de millones de ciudadanos: un referéndum decisivo que se planteara la opción República o Monarquía o que ni tan siquiera ese debate se realizara en los propios medios de comunicación. En el entorno de don Juan de Borbón (pese a las contradicciones de éste) se veía con simpatía y confianza de victoria esa posibilidad, si nos fiamos de lo que el consejero del conde de Barcelona Calvo Serer publicaba en “Le Monde” (y que fue reunido luego en un libro titulado “¿Hacia la Tercera República?”.

Las fuerzas de la oposición democrática, los miembros del Movimiento Europeo, especialmente, defendían la necesidad de ese referéndum, que Suárez estuvo a punto, pero no se atrevió a convocar ante la certidumbre de perderlo.

La herramienta esencial para hurtar el debate y sus consecuencias en la opinión pública fue el Real Decreto-Ley de 1 de abril de 1977 (BOE: 04/12/1977, N ° 87) sobre la Libertad de Expresión, que derogaba el artículo 2 de la Ley de Prensa de Fraga, de 1966, pero que establecía que la Administración podría decretar el secuestro de gráficos o documentos sonoros que contuvieran noticias, comentarios o información, en contra de la unidad de España, constituyeran demérito o detrimento de la Monarquía o el prestigio de las Fuerzas Armadas. Ésta fue la herramienta decisiva, además de la autocensura o la complicidad, para silenciar a los medios de comunicación, para evitar un debate nacional real y plantear la posibilidad de un referéndum sobre la continuidad de las previsiones de Franco, reformadas en parte sí; pero conservando elementos esenciales de su Ley de Sucesión, parte de cuyo contenido se va a transferir a la Constitución de 1978.  Eso sí que fue un atranco para que la opinión pública pudiera manifestarse plenamente sobre un asunto trascedente que sigue pendiente.

En el Referéndum de la Constitución de 1978, los españoles tuvieron que aceptar el lote completo sin alternativas: Monarquía y Estado de las Autonomías….¿o qué? Lo peor sería el modo en que se llevó a cabo el proceso de transferencias, que tan desarmado dejaron al Estado, sobre todo en algunas comunidades, y que son el germen de algunos de los más graves problemas de nuestros días, que hace que los españoles sean desiguales para heredar o ejercer derechos comunes, según donde vivan.

Café para todos

La fórmula del “café para todos” la pactaron Alfonso Guerra por el PSOE y Abril Martorell por la UCD y fue diseñada por el profesor Clavero Arévalo. Que aquello fue una improvisación para ocultar la restitución de los estatutos de Cataluña, el País Vasco y en menor medida Galicia, lo denota la confesión del que sería presidente de la Castilla-La Mancha José Bono, quien confesó que nunca se le ocurrió que él llegaría a ocupar tal cargo en una institución que no había imaginado.

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Los partidos democráticos firman los pactos.

 

La reforma de la Constitución es la asignatura pendiente de la democracia española. Mientras el resto de las constituciones de los países de similar cultura democrática se han ido adaptando a los cambios de todo tipo surgidos estos últimos años, en España sigue sin afrontase la revisión de cuestiones esenciales, porque se entendía que no eran urgentes o que no era prudente abordarlas, según los casos. Y por ello nunca se llegó a abordar la caduca disposición sucesoria que prioriza al varón sobre la mujer, y que se incluyó en la Carta Maga casi exactamente en los mismos términos en que estaba redactado este esencial asunto en la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado. Se quiere escapar del riesgo de “abrir el melón” por la parte que atañe a la Corona por los riesgos inevitables que se suponen, sobre todo, teniendo en cuenta las reiteradas manifestaciones del PSOE, la última del propio Pedro Sánchez, en el contradictorio –y habitual- sentido de manifestarse republicanos, pero acomodados a la monarquía.

Está pendiente de desarrollar un “Estatuto de la Familia Real” o “Ley de la Corona” que, entre otras cuestiones esenciales, debe regular el acceso de los miembros de dicha familia a las empresas privadas, sus relaciones con entidades financieras y la propia transparencia y control parlamentario, como ocurre en otras monarquías, de los gastos de Palacio.

Queda trabajo por hacer, sin duda; pero hay que reconocer también las cosas que a nuestro entender se hicieron bien. @mundiario

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