El borrado de mensajes del móvil del fiscal general: WhatsApp entrega datos clave a la Justicia
La justicia digital avanza con pasos firmes. La causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, ha superado una etapa clave con la recepción de información técnica desde WhatsApp (Meta Platforms), en respuesta a una comisión rogatoria emitida por el magistrado Ángel Hurtado. Este envío, canalizado a través del Ministerio de Justicia, podría marcar un antes y un después en un caso que compromete a la cúpula del Ministerio Público y que ha despertado una gran atención pública y política.
La documentación, remitida en dos carpetas comprimidas, será sometida a un examen pericial por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en una pieza separada que ha sido declarada secreta durante un mes.
El análisis se centrará exclusivamente en las comunicaciones mantenidas entre los días 8 y 14 de marzo de 2024, un periodo crítico por coincidir con la filtración de datos sensibles sobre el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
El contexto que rodea esta investigación no puede pasar desapercibido. García Ortiz formateó su móvil y afectó las copias de seguridad vinculadas a sus cuentas, cuando el Tribunal Supremo había decidido investigar el caso. Además, tal como ha acreditado la UCO, el fiscal general borró sus mensajes de WhatsApp hasta en dos ocasiones el 16 de octubre, el mismo día en que la Sala de lo Penal del Supremo acordó por unanimidad abrir causa contra él.
La colaboración de WhatsApp —así como la de Google, que ha facilitado datos del correo personal de García Ortiz almacenados en Irlanda— se convierte en un elemento decisivo para esclarecer si hubo o no intencionalidad dolosa.
La filtración del correo en el que González Amador admitía haber cometido delitos fiscales para alcanzar un pacto con la Fiscalía, dirigida al letrado a cargo de su caso, alteró de forma sustancial el curso mediático de las instrucciones en su contra, y su origen podría rastrearse directamente hasta el entorno del Ministerio Público, según el juez Hurtado. @mundiario