Feijóo aglutina a los barones del PP para atacar de frente el nuevo modelo de financiación
La financiación autonómica sacude el centro del debate político español, no solo por su impacto presupuestario, sino por sus implicaciones territoriales y de gobernabilidad. El acuerdo alcanzado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ERC, que introduce un trato singular para Cataluña, ha provocado una reacción contundente del Partido Popular, que lo ha convertido en un eje de oposición y cohesión interna.
Alberto Núñez Feijóo ha logrado la firma conjunta de todos los presidentes regionales del PP en la denominada Declaración de Zaragoza. El texto fija una posición común contra lo que los populares consideran “privilegios” derivados de un pacto bilateral con el independentismo y contra el principio de ordinalidad, al entender que limita la solidaridad entre territorios.
La estrategia del líder del PP combina dos planos. Por un lado, una crítica frontal al acuerdo del Ejecutivo, al que acusa de erosionar el modelo constitucional de reparto de recursos. Por otro, el compromiso de presentar una alternativa propia si llega a La Moncloa, basada —según ha avanzado— en la igualdad entre ciudadanos, la solidaridad interterritorial y la corrección de la infrafinanciación en varias comunidades.
El PP sostiene que el pacto con ERC rompe el equilibrio del sistema al priorizar un acuerdo con un solo territorio antes de una negociación multilateral. En este contexto, Feijóo ha insistido en que la financiación no puede definirse en reuniones bilaterales, sino en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con la participación de todas las comunidades y bajo criterios transparentes y evaluables.
El mensaje conecta con una preocupación compartida por varios gobiernos autonómicos —también socialistas— que han expresado reservas sobre el impacto del nuevo modelo. La ausencia de apoyos claros en el CPFF, más allá de Cataluña, ha reforzado el relato del PP sobre el aislamiento del Gobierno en esta materia.
La propuesta alternativa del PP: principios sin cifras
Aunque la alternativa popular aún carece de un desarrollo técnico detallado, Feijóo ha delineado algunas líneas maestras: infrafinanciación cero mediante fondos transitorios, correcciones por población ajustada, despoblación y orografía, y una atención prioritaria al gasto sanitario, que absorbe más del 40% de los presupuestos autonómicos.
El partido también rechaza la armonización fiscal obligatoria que plantea el Gobierno, especialmente en impuestos cedidos como Sucesiones y Donaciones, al considerar que limita la autonomía fiscal regional. Esta posición refleja las diferencias estructurales entre comunidades gobernadas por el PP, pero el liderazgo de Feijóo ha optado por aplazar el debate interno para preservar la unidad.
La respuesta de Sánchez: nadie perderá recursos
Desde el Ejecutivo, Pedro Sánchez defiendió en una entrevista con La Vanguardia que el nuevo modelo no supondrá pérdidas para ninguna comunidad y que, en conjunto, aportará más recursos al sistema. El presidente subraya que el acuerdo permitiría incrementar en torno a 21.000 millones de euros la financiación autonómica, con un refuerzo directo de los servicios públicos.
Sánchez también argumenta que los estatutos de nueva generación, como el catalán, ya abrieron la puerta a fórmulas de gestión tributaria diferenciadas y que avanzar en esa dirección no es incompatible con el marco constitucional. En su discurso, el conflicto no es tanto territorial como político: una oposición que, a su juicio, se resiste a actualizar el sistema.
Más allá de los números, la financiación autonómica se ha convertido en un test de liderazgo y alianzas. Feijóo ha logrado presentar al PP como un bloque cohesionado que gobierna territorios donde reside la mayoría de la población, mientras el PSOE afronta discrepancias internas. Al mismo tiempo, el Gobierno vincula la reforma a la estabilidad parlamentaria y a los compromisos de investidura.
El desenlace dependerá de la capacidad del Ejecutivo para tejer apoyos suficientes en el Congreso y de si logra convencer a las comunidades de que el nuevo reparto es beneficioso. Mientras tanto, el debate anticipa una confrontación prolongada en la que la financiación no será solo un asunto técnico, sino un elemento central de la batalla política entre Gobierno y oposición. @mundiario