Baltasar Garzón, camino de enmendarse una injusticia
El Comité de Derechos Humanos de la ONU acaba de admitir la demanda que Baltasar Garzón presentó en 2016 contra España, en la que denuncia vulneración de derechos fundamentales y falta de parcialidad en el proceso en el Tribunal Suorfemo y por el que fue condenado en 2012 a su inhabilitación durante 11 años.
Garzón había ocupado durante 22 años el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, y como se señala en la demanda, fue "víctima de una persecución y represalias" por sus instrucciones sobre el caso Gürtel y los crímenes del franquismo. A estos procedimientos seguidos en el Supremo por prevaricación se le unió la causa por la financiación por parte del Banco Santander de unos cursos en la Universidad de Nueva York. Unos procedimientos que, según el ahora abogado jurista, fueron "arbitrarios y abusivos, y violaron su derecho a "un tribunal independiente e imparcial". Garzón recuerda al Comité de Derechos Humanos que las tres causas contra él se tramitaron "en escaso tiempo" y se hicieron con el objetivo de "obstaculizar" sus investigaciones en el caso del franquismo y sobre "importantes dirigentes del PP". De esos tres procesos, Baltasar Garzón fue absuelto en el del franquismo y los cursos de la Universidad de Nueva York, pero condenado a la pena de inhabilitación por 11 años por las escuchas a los abogados del caso Gürtel. Hay que recordar que dichas intervenciones de comunicaciones habían sido solicitadas en su momento por la policía y por dos fiscales anticorrupción y fueron prorrogadas por otro juez, sin que ninguno de ellos apreciara ningún reproche penal.
Baltasar Garzón argumenta en su demanda que el Tribunal Supremo debería haber impedido la celebración del juicio en los casos por su investigación del franquismo y la Gürtel al "no estar justificadas las circunstancias excepcionales bajo las cuales los jueces pueden ser procesados bajo el derecho español y por tratarse de querellas políticas". La "arbitrariedad" de las investigaciones realizadas por el instructor del Supremo, "resulta evidente". Y, en el caso Banco de Santander, el instructor lo admitió a trámite pese a que el Supremo había desestimado una querella anterior por los mismos hechos y a pesar de que el delito de prevaricación había prescrito. Garzón sostiene que el Tribunal que lo condenó carecía de imparcialidad, y recuerda cómo Luciano Varela, instructor principal de la causa por la investigación de los crímenes del franquismo, asistió a los querellantes —Manos Limpias— en la modificación de sus escritos de acusación, y cómo el propio Varela, ya jubilado, formó parte, a la vez, de la sala que le juzgó por el caso Gürtel.
La representación del Estado español alegó ante el comité que no existían "indicios de estrategia persecutoria" y pidió cerrar el caso. El Comité de Derechos Humanos considera, no obstante, que la demanda de Garzón cumple los requisitos de admisibilidad y, por ello, ahora exige a España "explicaciones" para "aclarar el asunto" en un plazo de seis meses.
Baltasar Garzón y todos los que desde un principio estábamos covencidos de su falta de responsabiliddad penal, surcamos ahora por el buen camino que debe conducir a la justicia de su rehabilitación, con todas las consecuencias. @mundiario
