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¡Ayve! ¡Las políticas sociales: esa es otra!

Las manifestaciones de los pensionistas y las huelgas de las mujeres el día 8 suspenden a este Gobierno. Los pactos que propone parecen cosa de señoritos, no muy bien criados.

¡Ayve! ¡Las políticas sociales: esa es otra!
Pensionistas. / Pixabay
Pensionistas. / Pixabay

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Manuel Menor

Manuel Menor

El autor, MANUEL MENOR, es analista de educación de MUNDIARIO. Licenciado en Historia y doctor en Pedagogía, ha enseñado Ciencias Sociales en Secundaria. @mundiario

Quienes dicen que la etapa que les ha tocado vivir es la mejor de la historia, simplemente por ser lo último de la aventura humana, tienen en este momento serios problemas para demostrarlo.

Prueba de ello es, entre otras muchos motivos, que nadie les librará de apandar con un presente pleno de incertidumbres y decisiones no menos  inciertas.

Pactos supervisados por el PIB

Tampoco es que los líderes sociales, religiosos o políticos sean fiables como guías. Contrastar lo que dicen y lo que hacen genera confusión. Y para prestar atención solamente a lo que dicen, más vale hacer caso a lo que Ivo Andric, premio Nóbel de Literatura en 1961, nos advirtió en una de sus mejores novelas, Un puente sobre el Drina: “A partir del momento en que un gobierno experimenta la necesidad de prometer a sus súbditos, por medio de anuncios, la paz y la prosperidad, hay que mantenerse alerta y esperar que suceda todo lo contrario”.

En estos días, hay tres grandes pactos que publicita mucho el actual Gobierno ahora que, según su hoja de ruta hay que centrarse en “lo social”. Si para los problemas que arrastra Cataluña está quedando muy estrecha la limitación que impone el Código Penal, en esta tríada de anhelos de pacto puede que se quede tan corto como inalcanzable. Lo rutinario de ocuparse de estos asuntos para subir y bajar en la parrilla de los informativos parece obedecer, no a convencimiento de obligación, sino a motivos ajenos al significado más denotativo de la acepción “pacto”, propios de milongas de distracción alegórica.

Da igual que se hable del pacto contra la violencia de género, como el pacto que se busca en asuntos educativos, del pacto de Toledo o de cualquier otro. La percepción siempre es de parche tardío y en momento inadecuado, en que el múltiple entrecruzamiento de desatenciones habidas  frente a ”lo social” produce que la atención real a la gente –especialmente a la más necesitada de la protección del Estado- pase a segundo plano y, casi siempre siga siendo escasa cuando no inexistente. Lo que plenamente cumple el hablar de supuestos “pactos” es que pretende acallar voces discrepantes que leyes como la de Seguridad Nacional de 2015 o el Código Penal no logran frenar.

Lo cierto es que, mientras se habla de pactos –la creación de la Subcomisión parlamentaria por la educación ya lleva casi un año y cuarto “trabajando” desde el día uno de diciembre de 2016-, hay abundante materia publicitaria para mentar cuestiones más o menos pertinentes que vayan llevando el fondo de los litigios a irrelevancias epidérmicas que dejen su núcleo duro intacto. Mientras se sostiene la atención sobre alguna expectativa de arreglo, lo urgente se come a lo necesario. En esta Legislatura, la continua decisión mediática de poner en primer plano unos supuestos resultados macroeconómicos magníficamente destacados sobre la incuria y descontrol que –según nos ponen como referente paralelo- han llevado a cabo despilfarradores gobiernos, anteriores a 2011, nos está educando en la paciencia desmovilizadora. Ese trofeo del PIB ha sido el talismán para eludir, no sólo las acusaciones de malversación y marrullerías con los presupuestos públicos, sino también reclamaciones como la que estos días pasados han hecho los pensionistas de toda España: “no hemos crecido lo suficiente”, han proclamado.

 ¿Política económica o Economía política?

“Lo social” viene de lejos en nuestra historia de limitaciones. Para entender qué significa exactamente, baste recordar qué diferencias haya habido entre “vivienda social” y otras viviendas en que ese significado sea imposible. En esa larga secuencia destaca el momento en que se dejó de hablar de la pobreza, en general, a que pasara a primer plano la producida por unas relaciones laborales completamente desreguladas. Fue en 1901 cuando apareció una primera ley “social” en España, la que trató de proteger a accidentados laborales. Salarios, horarios, condiciones de trabajo, atención a la infancia, a los derechos femeninos, retiros y pensiones, Sanidad y Educación –y otras muchas prestaciones- fueron entrando con retraso en nuestro país y, a lo que se está viendo, tardaremos en ver que lo conseguido desde entonces, si no empeora, cubra los déficits de nuestra tardía adopción del gran pacto europeo por un Estado de Bienestar.

El momento actual –con pactos y peor sin pactos- recuerda mucho aspectos anteriores a aquella primera ley “social” española. La continua referencia a un supuesto “crecimiento económico” inexcusable es una nueva versión de lo que hasta entonces era pretexto absolutamente dogmático: la Economía política y  su sacralizada atención a la propiedad privada; las políticas económicas no existían propiamente, las competencias de un “Estado mínimo” –atento casi exclusivamente al orden público- hacían que incluso la beneficencia, o modo de atender a los problemas habituales de la pobreza, dependiera del Ministerio del Interior o de Orden Público , como también fue llamado. Las erosiones que las erosiones a la atención de “lo social” no son de exclusiva responsabilidad de este Gobierno, pero sí es responsable de estarlas acelerando al tiempo que estimula privatizaciones de servicios y prestaciones. El prestigio de la subjetividad individual crece y, reducida la atención a “lo social” el campo está quedando plenamente abierto de nuevo a que cada ciudadano se apañe como pueda: evidentemente sin confundirse de lo que a cada cual corresponda según sus medios económicos y culturales.

¿Y Lisístrata?

Es en este terreno precisamente donde adquiere relevancia la celebración, el próximo día ocho, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora que la ONU estableció en 1975 y que, en esta ocasión, por haberse declarado aquí huelga de mujeres, hace recordar el juramento que la Lisístrata de Aristófanes exigió hacer a sus compañeras en el año 411 a. C. Este día ocho no llega a tanto, pero va de lo mismo, porque  esto de los “días de” -como lo de los “pactos” para una u otra cosa que propone este Gobierno- suele requerir nuestra atención hacia algo que no existe o que, de existir, tuviera una existencia corta de recorrido y vergonzante a la razón por haber olvidado el cuidado de los “derechos inherentes” a los seres humanos por haber nacido para ser dueños de sí mismos y no que la concentración de recursos en unos pocos ponga en riesgo la dignidad de vida de la gran mayoría. Eso que se proclamó ya en 1789 como precepto  y que las Constituciones democráticas suelen decir entre sus grandes principios rectores es lo que se trata de recordar como si los humanos –y en especial los varones- fuéramos mayoritariamente presos de Alzheimer.

Este día ocho trata de recordar y exigir –y todo presagia que vaya a ser  más potente que otros años- que las mujeres trabajadoras existen desde siempre –desde que la cadera de Eva, como José Enrique Campillo, fue fundamental para la evolución humana-  y, por supuesto, desde antes de que las más burguesas y leídas empezaran a plantear, a finales del XIX, la urgencia de liberarse de los corsés físicos y de los que una educación paternalista las ceñía estrictamente a un papel social y político minorizado subsidiario de los hombres. Pero no solo es eso, también que en la lucha por los derechos sociales y políticos estuvieron codo con codo con ellos como cosa natural y sin que, muchas veces, ellos se lo tuvieran en cuenta. El éxito de tantas largas peleas inacabadas casi siempre ha sido peor para ellas. Incluso en los países donde se hace retórica política con que se les reconocen sus derechos, siguen existiendo serias distancias en múltiples campos, justificadas incluso con explicaciones tan peregrinas como las que había antes de que, sobre su ser y naturaleza, se proclamaban abiertamente desde púlpitos y cátedras.

Es penoso que, en una sociedad en que su saber y cuidados son indispensables para ser más rica e inclusiva, falte tanto por sufrir y seguir clamando atención para que sus demandas de igualdad no sean concesiones graciosas sino derechos a dejar de exigir porque se cumplen.  Por citar una de tantas causas por las que el día ocho todavía Lisístrata reclamaría huelga, ahí está la LOMCE, con su separación de niños y niñas subvencionada, mientras el presidente de la CECE (Confederación Española de Centro de Enseñanza) sostenía, todavía no hace un año, que “es positivo que haya una pluralidad de modelos para elegir porque es algo que enriquece el panorama educativo y aporta pluralidad”.

Si la LOMCE es la última aplicación de lo que manda el artículo 27 de la Constitución, más parece que este Gobierno, en vez de un pacto educativo que mejore el sistema educativo o los otros sistemas de prestaciones sociales, nos esté proponiendo acelerar el paso hacia los tiempos anteriores a 1789. Deben creer que ha habido algún desvarío de la humanidad desde entonces y que les corresponde la santa misión de hacernos regresar a tiempos de tal bonanza que ser mujer, si no se tuviera riqueza –y aún así- era causa de desconsideración manifiesta cuando no de desprecio. La diferencia biológica conllevaba segregación social ante la preeminencia de los varones, que, en caso  de la realeza sigue manteniendo nuestra Constitución actual. Y la LOMCE faculta a colegios –subvencionados con el erario público- que la misoginia de sus clientes se prolongue y extienda entre la gente bien. Alargan la prohibición que en los institutos públicos actualmente denominados de Secundaria había regido desde  1939 y que Pepe Segovia (q.e.p.d) desterrara en 1983.

El género de sexo que nos da la naturaleza o no tener iguales creencias religiosas, color y rasgos muy aceptados por la tribu han sido razones que, si, además se era pobre -es decir, sin rentas para vivir- o asalariado dependiente de otros para subsistir, podían determinar que la vida fuera un calvario, un “valle de lágrimas”, como rezaba una de las más repetidas invocaciones piadosas desde el siglo XII. No había lugar para derechos humanos compartidos y menos a escala universal. ¿Qué hubiera pasado, pues, si nuestros antepasados –ellos y ellas- se hubieran callado y no hubieran protestado nunca? ¿De qué van quienes proponen pactos oportunistas y ralentizadores para acallar a quienes seguirán clamando por sus derechos? ¿Y si la la sentencia de Ivo Andric fuese cierta, qué consideración merecerán de los demás ciudadanos y ciudadanas estos chicos y chicas con sus palmeros? @mundiario