Ayuso celebra la caída del fiscal general como una “victoria de la democracia”

La sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado ha desencadenado una reacción inmediata en el escenario político español. Álvaro García Ortiz ha sido condenado a dos años de inhabilitación y al pago de una multa, además de una indemnización por daños morales a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por un delito de revelación de secretos. La resolución marca un precedente no solo jurídico, sino también político, ya que es la primera vez que un fiscal general se sienta en el banquillo por un caso de esta naturaleza.

A través de la red social X, Ayuso celebró que “toda la prensa internacional recoge el fallo del Supremo porque no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular”, fustigó la baronesa popular.

La presidenta madrileña ha ligado su reacción a una interpretación de alcance político. En sus declaraciones, enfatizó que, según el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en ese banquillo se sentaba “él mismo”, una referencia directa al respaldo que Moncloa mantuvo hacia García Ortiz durante la investigación y el juicio.

Fuentes de su entorno elevaron aún más el tono, al afirmar que Ayuso considera el fallo un “éxito sin precedentes de la democracia”. Argumentan que un ciudadano particular —su pareja— habría “vencido al aparato del Estado” en un caso que interpretan como una intromisión motivada por su relación personal con la presidenta.

Almeida y otros dirigentes fijan posición

El discurso de Ayuso conecta así dos narrativas que ha cultivado en los últimos meses: su denuncia de una supuesta persecución política orquestada desde dentro de las instituciones del Estado y su confrontación directa con el Gobierno central. La sentencia le proporciona, según su entorno, una validación para ambas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fue el primero en pronunciarse, calificando el caso como “sanchismo en estado puro”. Las declaraciones del regidor encajan en la estrategia más amplia del PP madrileño, que sitúa este episodio como prueba de un abuso institucional por parte del Ejecutivo central.

Mientras tanto, Ayuso prepara una comparecencia formal para profundizar en su valoración política, convocada para este viernes en la Real Casa de Correos. Su intervención romperá semanas de perfil bajo sobre el juicio, marcado por el avance paralelo del proceso judicial contra González Amador por presunto fraude fiscal.

Un juicio mediático que amplía las grietas institucionales

La condena al fiscal general no detiene el proceso contra González Amador, cuyo juicio sigue en marcha tras ser confirmado su procesamiento por la Audiencia Provincial de Madrid. La izquierda ha aprovechado este flanco para mantener la presión sobre Ayuso, recordando los episodios vinculados a los contratos sanitarios de su pareja, la compra de su vivienda o las investigaciones abiertas en torno a su entorno político.

El juicio contra García Ortiz, sin embargo, ha desplazado temporalmente el foco. Declaraciones tensas, testimonios contradictorios y un acusado que llegó a plantear ante el tribunal su intención de abandonar España o incluso quitarse la vida contribuyeron a convertir el proceso en un espectáculo político-mediático de primera magnitud.

Incluso Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso y figura influyente dentro del PP madrileño, ha reivindicado la sentencia como una victoria moral y política para su equipo.

Un relato que reconfigura la batalla entre Ayuso y el Gobierno

El caso ha reforzado la estrategia confrontativa de Ayuso, que acumula una larga lista de pulsos ganados en el terreno político y mediático. La condena del fiscal general se suma a esos hitos y alimenta el relato de Sol de que la presidenta madrileña se enfrenta a un “aparato del Estado” dispuesto a perjudicarla.

Desde la perspectiva institucional, el fallo tensiona aún más las relaciones entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central, reavivando un conflicto en el que se entrelazan cuestiones políticas, judiciales y personales.

En las próximas semanas, el desarrollo del juicio a González Amador y la eventual respuesta del Tribunal Constitucional —si el caso del fiscal general llega a esa instancia— determinarán si esta sentencia representa un punto de inflexión o solo un capítulo más en una batalla que ya es un eje central de la política española. @mundiario